La suerte corrida por 116 víctimas del terrorismo de Estado comenzará a ventilarse a partir de agosto en el cuarto tramo de la megacausa “Guerrieri”. Un centro clandestino de detención ilegal en tierras celestiales. Verdad y negacionismo. 

El cuarto tramo de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura conocida como “Guerrieri”, cuyo juicio está previsto que se inicie el 1 de agosto, tendrá por primera vez como acusados a cinco policías y un servicio de inteligencia inorgánico que no habían sido juzgados en los procesos anteriores, mientras que se analizarán los casos de 62 víctimas del terrorismo de Estado que todavía –a casi 40 años de la finalización de la represión ilegal organizada desde el aparato estatal– nunca fueron puestos en debate ante el Poder Judicial.

En total, durante el juicio “Guerrieri IV”, se analizarán 116 casos de víctimas de la represión ilegal planificada previamente y ejecutada a partir del 24 de marzo de 1976, en este caso en el circuito del centros clandestinos de detención que estuvo bajo el control operacional del Ejército en el Gran Rosario. Aunque también se juzgará a un grupo de miembros de la Policía Federal que actuó en conjunto con el entonces Batallón de Inteligencia 121.

El número de víctimas es revelador de la extensión que tuvo la represión ilícita, pero no de la magnitud del daño ni de los propósitos últimos del régimen, ya que los enjuiciados suelen ser los ejecutores, aquellos que se mancharon las manos con sangre, no los beneficiarios.

Como señaló al cumplirse un año del Golpe el periodista, escritor y militante montonero Rodolfo Walsh: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

La Fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, y las querellas de Hijos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), citaron a declarar a 347 testigos, lo que hace prever un proceso extenso en el tiempo.

La longevidad del juicio podría reducirse, atento a que queda por resolverse una pericia psicológica al imputado José Luis Troncoso, un ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) detenido en 2014. En caso de que se determinara que no está en condiciones de afrontar el proceso, un conjunto de casos incluidos en el mismo quedaría afuera, atento a que Troncoso es el único imputado por esos hechos, por los que ya fueron juzgados los otros acusados en los anteriores tramos de “Guerrieri”, dijeron a El Eslabón fuentes judiciales.

Los acusados

Los imputados en el proceso son Pascual Oscar Guerrieri; Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera; Rodolfo Isach; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; el mencionado Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.

También estuvieron procesados en la causa Roberto Mónaco y Luis Coronel, a quienes el límite de la finitud biológica les llegó antes que la sanción judicial.

De los acusados, cinco no fueron juzgados nunca por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Faccendini; Retamozo; Tebez y Giai, miembros de la Policía Federal durante la dictadura, y el PCI Troncoso, cuya participación en el juicio aún está en duda.

Guerrieri acumula varias condenas en su contra por delitos de lesa humanidad, tanto en los anteriores tramos de esta misma megacausa como en el juicio conocido como “contraofensiva”, que se llevó adelante en Buenos Aires, y en Entre Ríos en el proceso conocido públicamente como “Hospital Militar de Paraná”.

El ex teniente coronel fue el jefe del Batallón de Inteligencia 121 de Ejército durante un tramo de la dictadura. Dependía del II Cuerpo de esa arma, que en algún momento estuvo a cargo de Leopoldo Galtieri, el general que unos años después llevó al país a la guerra de Malvinas con el propósito de darle continuidad al alicaído régimen de facto.

En 2009, durante el primer juicio de la megacausa que lleva su nombre, Guerrieri declaró que ejecutó órdenes y que no podía ser juzgado por ello. “En esa época en que sucedió todo era teniente coronel, mientras que el general de división era Leopoldo Galtieri, y yo era un ejecutor al que me llegaba algo de lo que pasaba”, escupió para arriba.

También invocó la idea que une –como mito originario de la Nación– la cruz con la espada. “Mi vocación militar nació de mí. Inclusive para dar el ejemplo: lo que suene a Dios y la Patria nunca es malo”, dijo.

Luego de su paso por Rosario, en el que como jefe de inteligencia operó el circuito de centros clandestinos montado por el Ejército (Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y el que funcionó en la entonces Fábrica Militar de Armas, hoy sede de la Policía local), Guerrieri tuvo como destino el Batallón de Inteligencia 601, donde estuvo al servicio del genocida Guillermo Suárez Mason, jefe del I Cuerpo del Ejército. Por su actuación allí fue condenado en la causa por la “contraofensiva”.

Por Dios

La abogada de la APDH en este juicio, Gabriela Durruty, destacó ante una consulta de El Eslabón que “por primera vez llega a juicio la investigación sobre la existencia de un CCD en terrenos de la iglesia” católica de Roma.

Así, recordó el caso del secuestro del sacerdote popular Santiago Mac Guire, quien narró sus vivencias en los años 80 del siglo pasado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

“En 1978 pertenecía al seminario Salesiano. El cura tercermundista Santiago Mac Guire relató ante Conadep en 1984 que estuvo secuestrado y fue sometido a torturas en el predio «Ceferino Namuncurá» de Funes, que pertenecía a Los Salesianos”, puntualizó Durruty, para recordar que dicho predio es el mismo en el que hoy funciona el Liceo Aeronáutico de Funes.

El análisis del caso de Mac Guire –que se ventilará en las audiencias del juicio que comienza en agosto– abundará sobre un nuevo centro de detenciones, lo que muestra que el estéril debate que plantean los sectores negacionistas de la dictadura –que, en rigor, procuran minimizar o relativizar la gravedad de los hechos– sobre el número de víctimas, encuentra como primer dique el propio pacto de silencio de la mayoría de los verdugos, que impide conocer tanto el número de los afectados como los sitios ilegales utilizados como mazmorras.

Durruty señaló también que “la cuarta elevación de la causa Guerrieri, que concentra las investigaciones en torno a la implementación del genocidio fundamentalmente en el circuito de quintas y casas operativas del Ejército en Rosario y zona, viene a ensamblarse con todas las audiencias de debate que hasta ahora han permitido reconstruir el mapa represivo, el destino de compañeras y compañeros durante la represión ilegal y establecer identidad y responsabilidad penal de sus verdugos”.

Agregó que “bajo el control operacional del Ejército, y con el Destacamento de Inteligencia funcionando como el sistema nervioso del entramado represivo, también actuaron fuerzas de seguridad, en este caso se juzga el accionar de la Policía Federal”.

Así, “el arco de imputados suma en este tramo, entonces, a la patota de la Federal y afortunadamente también a víctimas cuyos casos no han sido aún enjuiciados”, abundó.

Por último, Durruty indicó que “el reclamo de Verdad, Memoria y Justicia se materializa en estas audiencias y, estamos seguras, culminará con las debidas condenas a ser cumplimentadas en cárceles comunes acorde ordena el programa constitucional de DDHH”.

El apropiador

Desde la agrupación Hijos Rosario destacaron, como uno de los tantos hechos significativos que tendrá el juicio que se avecina, que uno de los acusados, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal, Enrique Andrés López, fue condenado como el apropiador del nieto recuperado por Abuelas número 109.

Se trata de Pablo Germán Athanasiu Laschan, hijo del matrimonio chileno conformado por Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara, una pareja de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR, del país trasandino) que fueron secuestrados en Argentina durante la última dictadura, en Buenos Aires, cuando integraban las filas del ERP-PRT.

Pablo Germán conoció su verdadera identidad en 2013 cuando un estudio genético le confirmó que era hijo de la pareja que aún continúa desaparecida. Un tribunal porteño condenó a López a 8 años y 6 meses de prisión por inscribir como propio al niño secuestrado y cuya identidad fue suprimida, y a 5 años a su concubina, Carmen Saunier.

En ese juicio también fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión el jefe de López en la PFA de Rosario, Juan Dib, a quien la muerte le impidió llegar como acusado al proceso “Guerrieri IV”, recordaron desde Hijos.

Y puntualizaron que López “también fue condenado en el juicio por la causa Klotzman”, que se tramitó en Rosario y concluyó con cuatro condenas a prisión perpetua en julio del año pasado.

La restitución de la identidad de niños y niñas secuestradas durante la dictadura es otro elemento que contradice el sentido común acerca de que lo que se ventila en estos juicios son “cosas del pasado”, puesto que esos delitos aún se siguen cometiendo.

Desde el organismo de Derechos Humanos destacaron además en relación a los 62 casos nuevos que van a ser juzgados en la cuarta parte de “Guerrieri”, que “la mayoría son por delitos graves, como asesinatos y desaparición forzada”.

Habida cuenta del número de imputados, víctimas y testigos, pidieron al tribunal que “establezca una dinámica de audiencia que permita que el juicio no sea eterno”.

Los mismos datos del proceso revelan la mora o pachorra judicial. La causa fue elevada a juicio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 el 16 de agosto de 2019, pero la integración del mismo recién se realizó el 24 de julio de 2020, casi un año después. Otros 365 días consumió la provisión de la prueba ofrecida por las partes y la fijación de fecha de inicio, que recién tuvo lugar el 30 de julio del año pasado. Y el trámite, en el que se juzga a personas de avanzada edad, recién comenzará en agosto.

Era hora

Como se dijo, una de las características distintivas de este tramo de la megacausa “Guerrieri” es que se analizará la suerte corrida por 62 víctimas del terrorismo de Estado que aún no habían sido ventiladas judicialmente, a pesar del tiempo transcurrido.

Ellas son: Daniel Héctor Querol, Nelly Balestrini de Larrosa, Sonia Rosa Kindrasiuk, Gregorio Larrosa, José Enrique Animendi, Antonio Huerta, Horacio Huerta, Graciela Capoccetti, Ricardo Massa, Susana Beatriz Becker, Abel Fontaine, Clara Ruth Argento Fontaine, María de los Ángeles Castillo Cano, Roberto Valleto Olivari, Olga Ruiz de Bordesio, Mario Bordesio, Mario Alberto Ramos, Emilio Vega, Susana Busaniche, Graciela Busaniche, Pedro Pablo Delgado, Gustavo Rodríguez, Olga Vaccarini, Mónica Cappelli, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Miguel Angel D’Andrea, María Ester Ravelo, Gustavo Pon, Irma Montenegro, Ricardo Franco, Domingo Laborde, Hilda Elena Miekle Rivas, José Alberto Madeo, Alberto Corazza, Alberto Galarza, Susana Díaz, María Eier, Gustavo López Torres, María Irma Ferreyra, Omar Bravo, Juan Carlos Amador, Santiago Mac Guire, Roberto Vicente Pistacchia, Jorge Peralta, Norma Horizontina Coutada Rosés, Mario Menéndez, Guillermo Godoy, Adriana Tasada, Hugo Megna, Eduardo Garat, Raúl Bustos, Daniel Tripodi, Víctor Jorge Lowe, Segismundo Martínez, Bernardo Depetris, Carlos Schreiber, Isabel Soto de Cian, Héctor Cian, José Alejandro Ruggero, Marta del Pilar Luque e Irma Edith Parra Yakin.

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