Las disparadas en las cotizaciones no oficiales del dólar ubican al gobierno como blanco de ataques especulativos. ¿Y los otros márgenes? Organizaciones sociales y sindicales pujan por recomponer salarios e ingresos frente a la aceleración inflacionaria.

La amplificada brecha cambiaria, la diferencia entre el valor oficial del dólar y sus cotizaciones paralelas, pizarra con buena prensa, no es la única que despierta preocupación. También impacientan otras brechas: laboral, salarial y socioeconómica. La economía argentina sigue creciendo pero con signos de enfriamiento y la sensación térmica es de incertidumbre. En los últimos días se realizaron movilizaciones y protestas populares, y otras están por venir. Para un vasto sector de la sociedad son tiempos de supervivencia.

El gobierno es blanco de ataques especulativos lanzados desde hace varias semanas por grupos de poder, que cuentan con el respaldo del partido judicial, aunque la pérdida y la escasez de dólares afecten a la economía en su conjunto. Fondos de inversión, bancos, grandes empresas cuyos ceos, hasta donde se sabe, son de carne y hueso, aunque se camuflen en la abstracción conocida como “los mercados”.

Desestabilizar y presionar por una megadevaluación del peso y un triple salto mortal del dólar oficial es la tarea que emprendieron estos grupos de poder al abrir brecha. Lo hacen con el señorial propósito de maximizar ganancias, desde el aspecto económico, y desgastar al Frente de Todos con el indisimulable objetivo de favorecer al principal espacio opositor, desde el enfoque político.

Mientras desde el gobierno ensayan nuevos mecanismos para intentar achicar la brecha cambiaria entre el dólar oficial, el denominado blue y los financieros, las cotizaciones en la city escalaron en alta tensión y rompieron récords, mientras las reservas del Banco Central siguen debilitadas. La corrida comenzó con Martín Guzmán en el Ministerio de Economía con los bonos en pesos y enseguida pasó a la moneda estadounidense. La cruzada devaluadora, también auspiciada por el agropower, se intensificó con la salida intempestiva de Guzmán.

La ministra de Economía Silvina Batakis estará en Estados Unidos para un primer encuentro con los agentes del FMI, organismo que pide achicar la brecha cambiaria y limita la acción de maniobra. A las claras, el acuerdo con el Fondo no tranquilizó la economía doméstica. El blue de las cuevas parece no tener techo y, al cierre de esta nota, la brecha con el dólar oficial supera el 150 por ciento. Toda esta movida no es gratis ya que impacta en los precios y en la cadena comercial, donde se retiene mercadería y por los costos de reposición se remarca de manera compulsiva.

La gestión Batakis junto al gabinete económico intentan “estabilizar expectativas”. Se estableció un dólar diferenciado para turistas extranjeros, con la intención de que en lugar de cambiar divisas al blue lo hagan en el mercado formal, y también se mejoraron las condiciones de acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de insumos para sectores productivos estratégicos. Esto empalma con otras medidas ya dispuestas, como la suba del dólar tarjeta que se utiliza para compras en el exterior y la administración del régimen de importaciones para empresas, además del ajuste fiscal que anunció la jefa de Hacienda, que hasta el momento no logró sofocar el fuego dolarizado.

En la economía real se destacaron dos indicadores que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Por un lado, la actividad económica creció en mayo 7,4 por ciento con relación a igual mes del año pasado, cuando todavía regían restricciones sanitarias por la pandemia. Y se encendió un alerta, ya que la mejora mensual fue de apenas un 0,3 por ciento si se coteja con abril pasado, con baja en la industria y en el consumo masivo: un estancamiento que se dio antes de la actual corrida cambiaria.

El Indec dio otro dato vinculado al comercio exterior, que, después de diciembre de 2020, arrojó el primer saldo negativo. En junio las exportaciones alcanzaron 8.432 millones de dólares y las importaciones 8.547 millones. La balanza comercial registró un déficit de 115 millones de dólares y se debe, principalmente, a los aumentos en las compras de gas natural licuado y gasoil.

En la calle

La segunda mitad del año arrancó con reclamos por mejoras en el poder adquisitivo de salarios y de ingresos, que van desde trabajadores activos que pulsean en paritarias, pasando por jubilados y pensionados, hasta movilizaciones y asambleas de organizaciones sociales y sindicales por el pago de un ingreso básico, una ayuda complementaria destinada a trabajadores informales y desocupados que apunta a sacar a los últimos de la indigencia.

La iniciativa, canalizada en un proyecto presentado en Diputados y otro en el que trabaja el cristinismo en el Senado, tomó fuerza a partir del debate público por los programas sociales y la posibilidad de que personas beneficiarias de transferencias del Estado puedan incluirse a otro tipo de registro laboral, con otras condiciones y derechos.

“No alcanza con calmar a los mercados. Los mercados no van solucionar el problema del trabajo informal y los bajos ingresos. La situación de millones de argentinos no da para más”, se dijo, palabras más palabras menos, en las manifestaciones del pasado 20 de julio que se replicaron a lo largo y ancho del país protagonizadas por movimientos sociales, la mayoría nucleados en la Utep y Unidad Piquetera, y de la que también participó la CTA Autónoma.

Además de un ingreso básico, se pidió por aumentos de emergencia en salarios y jubilaciones. También se repudió la “persecución judicial a organizaciones populares”. La Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizó al día siguiente en una “jornada nacional de lucha”. En “la marcha de las ollas vacías” se reclamó reforzar los programas sociales como el Potenciar Trabajo.

Por otro lado, la CTA de Hugo Yasky se plegó a la marcha que la CGT convocó para el 17 de agosto “a favor del gobierno y contra la inflación”, según la convocatoria cegetista. En agosto, la antesala de esa marcha será la tradicional movilización por el Día de San Cayetano y también está pautada una nueva reunión del Consejo del Salario, donde se actualiza el mínimo vital y móvil, que a la vez repercute en prestaciones sociales que paga el Estado.

Desde la CGT reclaman reapertura de negociaciones paritarias por una recomposición salarial frente al descalabro inflacionario y desde la CTA de los Trabajadores exigen el otorgamiento inmediato de una suma fija para trabajadores activos, e idéntico criterio para jubilados y pensionados, además de la creación de una empresa nacional de alimentos y apertura de ferias y mercados de cercanía que abaraten los costos de bienes comestibles. Las centrales sindicales saldrán a la calle en medio de una pelea distributiva que se juega en todas las canchas.

Las renovadas demandas de las y los laburantes, un mundo donde coexisten distintas situaciones, se da en un cuadro crítico en el plano económico y político, con alta inflación, remarcaciones sostenidas en precios de productos de la canasta alimentaria dominada por un puñado de grandes compañías que abusan de su posición dominante al momento de (de)formar los precios al consumidor. Las mismas compañías se quedan con la recuperación económica y las mejoras salariales y de ingresos. La población se siente expuesta a estas maniobras y espera mayor reacción e intervención estatal. La problemática inflacionaria es a escala mundial pero en Argentina viene con envión de varios años.

La inflación volverá a acelerarse en julio. Varias consultoras proyectan un índice de precios en torno al 7 por ciento para este mes contra el 5,3 de junio. En las primeras dos semanas de julio el rubro alimentos trepó 4 por ciento. La tasa de desocupación es del 7 por ciento, relativamente baja, pero el salario, en general, no se recupera del tijeretazo que sufrió durante el macrismo. Y el reparto de la riqueza es muy desigual. Hay un universo potencial de siete millones de trabajadores informales que podrían acceder al ingreso básico que demandan las organizaciones sociales (se calcula una prestación de 15 mil pesos mensuales, en base a la canasta alimentaria para un adulto).

Cabe recordar que unas nueve millones de personas cobraron el ingreso familiar de emergencia (IFE) para paliar el impacto de la crisis pandémica sobre la economía de las familias más afectadas. Y cuando este año el Estado otorgó un bono de 18 mil pesos en dos cuotas para reforzar ingresos, conocido como IFE 4, se inscribieron más de diez millones, y lo cobraron siete millones y medio de personas. La cuesta arriba para los sectores más desfavorecidos convive con otra realidad, que se exterioriza en una buena temporada turística durante las vacaciones de invierno, con hoteles y restaurantes con altos niveles de ocupación.

Durante las movilizaciones y actos callejeros protagonizados por las organizaciones sociales en reclamo de un ingreso básico hubo carteles con consignas que pidieron al presidente Alberto Fernández “que use la lapicera” y también se vieron lapiceras gigantes con la inscripción “salario universal ya”.

Una necesidad, un derecho

El presidente AF usó la meneada lapicera y anunció la extensión del plazo de la moratoria previsional, aprobada en 2014, hasta que el Congreso sancione una nueva ley con el objetivo de regularizar la situación de aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no cuentan con los treinta años de aportes para acceder al derecho. La moratoria previsional permitió que se jubilaran unas tres millones de personas que no tenían aportes porque sus empleadores no los hicieron.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) analizó en un informe por qué la ampliación de la moratoria es una política necesaria: “Según datos actuales, más de 1,5 millón personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. De ese número, 906.876 tienen aportes, pero no los suficientes, y 680.724 no cuentan con aporte alguno. Sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho”.

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