El video de Cristina sobre el Poder Judicial, gragea de un proceso más amplio desplegado por Estados Unidos como antídoto a los gobiernos progresistas de América latina. Cuatro de oros para una potencial proscripción.

La difusión del video sobre el derrotero de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la muestra local de un proceso más amplio aplicado bajo un mismo modelo en los países de América latina donde llegaron al poder público gobiernos progresistas, populistas o de izquierda. El problema no es “la corrupción” –más o menos tolerada o colocada en un sitio subsidiario en administraciones de otra orientación ideológica- sino las políticas llevadas a cabo por esos gobiernos en relación al rol del Estado, la distribución de la riqueza, la administración de sus recursos naturales, el control o no del “libre” flujo de capitales, los límites a la financiarización del capital, que es el alimento del neoliberalismo. En definitiva, cuánto más lejos o cerca colocan a las poblaciones de esos países de la “libertad” de ser esclavos. No es un problema penal, de pruebas o evidencias –que, por lo general, poca relevancia terminan por adquirir en procesos en que los culpables se conocen de antemano por los medios de comunicación- sino puramente político.

Además de CFK, lo sufrieron también Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil); Evo Morales (Bolivia); Rafael Correa (Ecuador); Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela).

Uno de los instrumentos empleados por Estados Unidos para la confección de este proceso casi idéntico en varios países del sur es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), una institución encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no-militar que recibe órdenes del Departamento de Estado.

Según un trabajo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), titulado “La judicialización de la política en América latina”, la Usaid “es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos” en los países de habla hispana de América, insumo indispensable para lo que se conoce como lawfare, que el mismo organismo define como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”.

Regalado es caro

Otro organismo con origen en EE.UU. que activa contra los procesos emancipatorios latinoamericanos es el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), presidido por el periodista cubano anti-castrista y ex alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado.

El director ejecutivo de la entidad es Carlos Sánchez Berzaín, un abogado que fue ministro de Defensa de Bolivia durante el gobierno del empresario Gonzalo Sánchez de Losada, una de cuyas principales características era la dificultad para hablar el idioma oficial de su país.

En enero del año pasado, el IDD realizó el foro “Argentina 2021” en el que Sánchez Berzaín expuso sobre el equilibrado tópico “Gobierno castrochavista”. Según una nota del portal web Cohete a la Luna, del periodista Horacio Verbitsky, el exministro de Defensa de Sánchez de Losada dijo que “de la mano de Alberto Fernández se busca consolidar el poder total, cuando cae el Poder Judicial la dictadura está consolidada”.

La subdirectora de la Unidad de Información Financiera (UFI) durante el macrismo, María Eugenia Talerico –que antes de ocupar ese lado del mostrador fue abogado del HSBC, acusado en distintas partes del mundo por lavado de dinero-, también disertó en el foro en representación de la ONG Será Justicia, en una exposición titulada “Estado de impunidad”.

Según la nota aludida del Cohete a la Luna, “en diciembre (de 2020), Talerico presentó en nombre de Será Justicia un documento al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el Tesoro de los Estados Unidos y la OCDE procurando entorpecer la negociación de la Argentina con esos organismos por la deuda externa contraída durante la gestión presidencial de Mauricio Macri”, de la que fue funcionaria.

A.C

Antes del video de Cristina, el uso del Poder Judicial –el menos democrático de los tres poderes del Estado, aquél en el que no talla la voluntad popular- con fines políticos fue resaltado durante el gobierno de Mauricio Macri por un organismo internacional insospechado de K.

“Quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que he recibido respecto a la presunta existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina, que se refleja en los casos que se resumen a continuación. De acuerdo a dichas alegaciones dicho supuesto plan se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente. Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, dice el texto.

La sentencia no corresponde a un fragmento del video publicado por CFK, sino que forma parte del informe elevado el 1 de noviembre de 2019 por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Diego García Sayán, a sus superiores.

Así, podría considerarse que en la pieza audiovisual difundida por CFK no hay grandes novedades, aunque la confección de esta Corte Suprema y sus atribuciones haya avanzado en el mismo sentido advertido ya hace tres años por García Sayán, profundizando de ese modo la “ilegitimidad” subrayada por la vicepresidenta.

Cuatro de oro

La “Corte de los cuatro”, como denomina CFK al máximo tribunal presidido por el santafesino Horacio Rosatti e integrado por Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, constituye un mix de magistrados –todos varones- designados en diferentes momentos de la historia política cercana, con preponderancia del macrismo.

El más antiguo en el cargo es Maqueda, que fue senador de la Nación hasta que en diciembre de 2002 fue designado en el máximo tribunal a propuesta del entonces presidente interino, Eduardo Duhalde.

Ese cambio se produjo antes que el de los ministros que vinieron a “oxigenar la Corte” que, en el video, Cristina llama “ejemplar”, por la decisión de su marido y entonces presidente, Néstor Kirchner, de conformar un cuerpo limitando el uso de las facultades que la Constitución confiere al titular del Poder Ejecutivo. Fue la que reemplazó a la Corte de la “mayoría automática”, construida durante el menemismo.

Lorenzetti fue designado durante ese proceso de cambio iniciado por Kirchner, en 2004. En tres años se convirtió en el presidente del tribunal supremo.

La confección de esta Corte se completó con Mauricio Macri en la Presidencia, en tiempos de la “mesa judicial” creada más o menos a oscuras para digitar algunos resortes de ese poder en procura de la persecución jurídico-político-mediática de opositores, o lo que se conoce con la voz sajona lawfare.

Rosatti y Rosenkrantz fueron designados mediante el mecanismo de “en comisión” y por decreto del Ejecutivo, que colisiona con el establecido por la propia Constitución.

En una entrevista con Eduardo Feimann, Macri admitió que la propuesta fue realizada por el operador judicial de Cambiemos Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien hace un año y medio está radicado en Uruguay, con el objetivo de mantenerse prófugo de la justicia argentina.

En noviembre del año pasado renunció a su cargo la primera mujer que integró el máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, también propuesta en 2004 por Kirchner. Así quedó confeccionada la “Corte de los cuatro” que, sin dudas, no son de copa.

Partido judicial

Cristina señaló en el video que hay “un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen”, lo que coloca “a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.

Denunció que “ya tienen escrita” y “hasta firmada” la condena en su contra en el juicio Vialidad, luego del “prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos” con fallos en su contra en los recursos que presentó en esa causa.

La expresidenta consideró que la Argentina pasó de tener una “Corte ejemplar” en 2003 a lo que denominó la “decadencia” del máximo tribunal, cuyo funcionamiento hace “muy difícil mejorar las condiciones de vida” de los argentinos.

“Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad”, sostuvo, y enfatizó que “todos los partidos políticos de la Argentina, de izquierda a derecha, pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano: el de construir como hizo Néstor Kirchner en 2003, con apenas el 22% de los votos, y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo”.

Dijo que a fines de 2015 “poco quedaba de aquella Corte ejemplar” y que a partir de allí comenzó la “decadencia”, que tuvo su puntapié inicial cuando “apenas a cuatro días” de haber asumido al poder, Macri tomó una decisión de “extrema gravedad institucional”, la designación por decreto de Rosatti y Rosenkrantz.

Consideró ese hecho como “un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador”.

La proscripción

Si bien Cristina no lo dice en el video, personas allegadas a la vicepresidenta señalaron cuál sería, a su entender, el objetivo de la condena que la propia acusada adelanta en la causa denominada “Vialidad”.

“Cristina resumió lo que la gran mayoría de los argentinos pensamos de la Justicia. Salvo para algunos de sus beneficiarios, esta Corte Suprema está degradada totalmente. Los jueces que la integran asumieron una clara postura política contra el peronismo y el Gobierno. Tranquilamente la proscripción de Cristina podría ser uno de los objetivos buscados”, señaló el ministro de Justicia, Martín Soria.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, denunció que en los tribunales de Comodoro Py se urde un plan para impedir que Cristina pueda ser candidata.

“Dan los tiempos para intentar proscribir a Cristina. La sentencia por Vialidad la vamos a conocer en noviembre, pueden rechazarla antes de que asuma y podría quedar una sentencia firme que inhabilita para ocupar cargos públicos. No podría asumir el cargo”, afirmó Peñafort.

La abogada comparó la situación con la de Lula y aseguró que “el plan de Comodoro Py es impedir que Cristina sea candidata. Vimos la instrucción de la Corte Suprema que básicamente dijo que Cristina aparecía vinculada a operaciones ilícitas por obra pública. A ella no le permitieron hacer pericias, es un escándalo”.

La verdad

El debate acerca de las pruebas, los datos objetivos y las evidencias cede a la construcción mediática y en redes sociales de lo verosímil. Así, nadie necesita la espesura de una sentencia condenatoria -a la que se arriba tras un largo proceso en el que el acusado ejerce su defensa y se respetan sus garantías- para saber que si un video muestra a un grupo de hombres morenos del norte argentino contando plata en un banco para luego guardarla en una valija y subirse a un auto, esos hombres, que pertenecen a la demonizada organización social Túpac Amaru, de Milagro Sala, son delincuentes.

De ese modo, Cristina (o Lula, o Evo) “es chorra”, incluso “La Chorra”, antes de que cualquier tribunal la encuentre penalmente responsable de un delito, porque para una parte de la sociedad ese sentido ya está cristalizado en sus creencias de un modo previo. Y si consume algún medio de comunicación, será sólo para buscar confirmación de eso que ya sabía desde antes.

Las investigadoras Camila Vollenweider y Silvina Romano, del mencionado Celag, sostienen que “el Poder Judicial se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes” lo que “le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad”.

Así, afirman, “se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses”.

Para las investigadoras, “lo hacen a través de «expertos», que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar «contaminado» por la política”.

Pero el objetivo es político: “El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la «ineficiencia del Estado». Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las «buenas prácticas» del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la «lógica» de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de «los políticos», apostando a la formación de técnicos (apolíticos)”.

De ese modo, siguen, “la persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público”.

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