La Justicia condenó los crímenes y desapariciones forzadas perpetrados por el Ejército entre 2005 y 2008. Entre las víctimas hay mujeres, niñas, niños y hombres. Quedó demostrada la responsabilidad del ex presidente Álvaro Uribe en delitos de lesa humanidad.

La Justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un agente de inteligencia y dos civiles en el marco de la práctica criminal denominada “falsos positivos”: el asesinato de no combatientes que luego se hacían pasar por guerrilleros a cambio de recompensas. 

En este caso se juzgaron hechos ocurridos en el departamento de Casanare, donde 303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó las desapariciones forzadas cometidas por la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Se calcula que el número de víctimas constituye casi las dos terceras partes de los crímenes cometidos por esa unidad militar.

Según informó el diario El Colombiano, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2008. De acuerdo con la información de la JEP, 303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate en 218 eventos registrados.

El medio colombiano señaló que, como parte de la acción criminal, las víctimas eran equipadas con armas, municiones y prendas que hacían parte de un “kit de legalización”, como los mismos asesinos llamaban a la dotación que les servía para hacer pasar a población civil como guerrilleros, colaboradores de la guerrilla, delincuentes y hasta paramilitares. 

El tribunal especial les atribuyó además a algunos de los acusados crímenes de guerra con utilización de niños, niñas y adolescentes, y la comisión de crímenes de lesa humanidad que incluyen persecución por razones de género.

Esta es la primera vez que la JEP imputa como crimen de guerra la utilización de niños, niñas y adolescentes. La acción criminal, demostró el tribunal, involucró a menores de 18 años que participaban como reclutadores o incidían en los engaños que condujeron a algunas de las víctimas a la muerte, detalló la JEP en un comunicado.

Según los jueces, más de 140 millones de pesos, provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados.

La JEP agregó que los militares reportaban a las víctimas como “no identificadas” con el fin de obstaculizar la judicialización, y precisó que sus cadáveres eran trasladados sin presencia de la policía judicial, “lo que impedía una adecuada investigación”.

Por primera vez, agrega El Colombiano, la JEP imputó a los acusados por crímenes de lesa humanidad con persecución por razones de género. El tribunal obtuvo pruebas sobre el asesinato de nueve mujeres –una de ellas embarazada–, dos trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual no binaria. La mayoría de las víctimas, indica el informe, fueron hombres entre los 18 y 25 años.

Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar su responsabilidad en los hechos, o bien para aportar nuevos argumentos o evidencia adicional. En caso de negar la responsabilidad, la investigación será remitida a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Si los imputados son declarados culpables también en esa instancia, podrían ser condenados a 20 años de prisión.

Litros de sangre 

Entre los miembros de la Brigada XVI imputados están el mayor general Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coronel y otros diez oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles. Aunque Torres, que en 2016 se convirtió en el primer general detenido por su responsabilidad en falsos positivos, dijo que todo pasó a sus espaldas, las más de cien versiones voluntarias de militares y otros implicados que escuchó la JEP dan cuenta de que conocía de cerca lo que sucedía en cada unidad y grupo bajo su mando.

Además del general Torres Escalante, la JEP imputó al mayor Gustavo Soto Bracamonte, quien comandó el Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de Casanare y se hizo célebre recientemente al confesar que el ex comandante del Ejército, Mario Montoya, evaluaba el desempeño de sus subordinados “por litros de sangre”. En su participación en la audiencia de la semana pasada ante los familiares de las víctimas, Bracamonte aseguró: “Yo era el comandante del Gaula (fuerzas especiales) acá y no tuve la gallardía y la verraquera (ira) para negarme a esa práctica irregular. Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos”.

Según informó Página 12, cuando la JEP concluyó en 2021 que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 falsos positivos, explicó que se priorizaría la investigación de lo sucedido en algunos departamentos que sufrieron esta práctica criminal con mayor crudeza. Por ese motivo los magistrados pusieron la lupa sobre lo ocurrido en Casanare, que tiene la tasa más alta de falsos positivos por número de habitantes de toda Colombia: 12 casos por cada 100 mil habitantes. Esta imputación de Casanare se suma a las de los departamentos de Catatumbo y Cesar.

Luego de ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. También pueden aportar argumentos o evidencia adicional. Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.

El informe final 

Durante tres años y siete meses, la Comisión recopiló los testimonios de personas de diferentes sectores sociales, regiones e identidades, como ex guerrilleros, ex paramilitares, oficiales de la fuerza pública, soldados y policías, señaló El Colombiano.

“En el esfuerzo hecho por la Comisión de la Verdad para buscar un esclarecimiento del conflicto armado colombiano, era imprescindible la construcción de un relato más sólido sobre lo que ocurrió con los casos de ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos»: crímenes cometidos por la fuerza pública, que consistían en desaparecer y asesinar a jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, con el fin de recibir los incentivos que estos resultados traían”, señala la nota del medio colombiano firmada por Luisa María Valencia.

El presidente de la Comisión, Francisco de Roux, señaló que para elaborar el informe los comisionados y los grupos de investigación realizaron 14 mil entrevistas y conversaron con más de 30 mil personas durante tres años y siete meses. “Tuvieron un comportamiento corporativo persistente”, señaló el funcionario con relación a las dificultades que debieron enfrentar en busca de la verdad.

En la Brigada XVI “se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008”, advierte el informe de la JEP, que apunta a la “masividad de una conducta que permeó” la unidad. 

Los militares tuvieron “un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”, señaló esta instancia especial de la Justicia surgida del acuerdo de paz de 2016.

La JEP destacó que “los responsables seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia y que “no se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea”, informó El Colombiano. Además, la Justicia recogió los testimonios de varios miembros de la Brigada XVI que aseguraron que las bajas en combate eran un indicador del éxito militar, y que recibían a cambio “permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos”.

El tribunal demostró que se trató de “un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación que estuvo orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la región”. 

El magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso, explicó en rueda de prensa que “alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y terceros civiles habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes”. 

Parra aclaró que solo se imputó a 22 personas porque aún no había prueba de que los demás acusados fueran máximos responsables de los delitos.

La responsabilidad de Álvaro Uribe

La Comisión de la Verdad detalla que el periodo de exacerbación de los “falsos positivos” se dio entre el 2002 y el 2008, durante el mandato del ex presidente Álvaro Uribe. Según la JEP, en este período se produjo el 78 por ciento del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro (entre 1978 y 2016), dejando al menos 6.402 víctimas.

En este lapso, explica el informe, se consolidó una “política de gobierno” –respaldada por otras ramas del poder público– “para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”. Una política cuya motivación central fue la eliminación del opositor a como diera lugar, como relata el documento.

En este marco, el Centro Democrático, partido que lidera Uribe y es férreo defensor de las fuerzas militares, enfatizó en un comunicado que “no considera apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores”, y anunció que hará un estudio riguroso, contrastando con varias fuentes, para compartir su punto de vista.

De igual manera, el partido afirmó que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país”, lo que contrasta con lo ya citado del informe de la Comisión de la Verdad.

El documento destaca además que hubo complicidad y participación de algunos integrantes de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI), que certificaron pruebas falsas e implementaron evidencia fraudulenta para contribuir a la dinámica de “legalización de cadáveres”, generando un “esquema de impunidad”. Además, los autores se sirvieron de la connivencia de paramilitares, algunos civiles y funcionarios de Medicina Legal para ocultar los crímenes.

Otra de las masacres que está investigando la Justicia tuvo como víctimas a doce indígenas de los pueblos Kankuamo y Wiwa, en la Sierra Nevada, y una niña de 13 años con embarazo. Los perpetradores de la matanza pertenecían al Batallón de La Popa, informó El Colombiano.

En una audiencia histórica, agrega el medio colombiano, la JEP escuchó a 12 militares en retiro que admitieron planear, ejecutar y encubrir por lo menos 127 falsos positivos en los departamentos del Cesar y La Guajira.

Dentro de los testimonios, el militar Yeris Andrés Gómez aceptó haber recibido premios a cambio de asesinar a personas inocentes y les pidió perdón a sus víctimas, quienes miraban expectantes desde el público.

“El comandante del batallón La Popa, en el rancho de tropa, me dio 100 mil pesos y también le compró un arroz chino a todo el grupo especial. No nos merecíamos eso porque violamos los derechos de las personas”, dijo Gómez.

En este caso del Batallón La Popa, la JEP había imputado a un total de 15 militares en retiro. De ellos, 12 decidieron reconocer sus responsabilidades y 3 aseguraron ser inocentes.

“Mi hijo no pertenecía a ningún grupo armado, era un campesino. No sé si podré perdonarlos, pero gracias por estar aquí y dar la cara”, concluyó la víctima Franklin Navarro, padre de un joven indígena presentado como baja en combate.

La purga militar que se viene

Según informó El Colombiano, la llegada al ministerio de Defensa del ex magistrado Iván Velásquez es la señal inequívoca de que el presidente electo, Gustavo Petro, cumplirá con la promesa de campaña de realizar una purga en la cúpula militar, de la cual será el comandante en jefe a partir del 7 de agosto.

Para los altos mandos militares activos, la designación de Velásquez en esa cartera desencadenó un descontento general en la cúpula, que luego se trasladó a las tropas y que, según fuentes militares, “este nombramiento les cayó como un baldazo de agua fría”.

Según las fuentes castrenses, el rechazo de Velásquez como nuevo ministro de Defensa está relacionado con la posibilidad de que los militares que tienen investigaciones activas en su contra sean obligados a dar un paso al costado para dar lugar a la nueva cúpula castrense que Petro quiere formar.

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