La gestión de Gustavo Petro ya está siendo condicionada antes de comenzar. La derecha perdió el gobierno, pero no el poder de fuego. Y juega la carta de siempre: las matanzas de militantes.

Este domingo 7 asumió el nuevo gobierno de Colombia encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez. La derecha sufrió una histórica derrota en las urnas. Pero mantiene un poder de daño intacto. Y repite la misma fórmula que se utiliza en toda la región: si gana, todo bien; si pierde, denuncia fraude y en muchos casos intenta un golpe. Si no lo logra, ejerce una oposición destructiva y siempre destituyente. En pocas palabras: no deja gobernar. Entre los muchos desafíos que deberá enfrentar Petro está la violencia del Ejército, los parapoliciales, paramilitares y bandas armadas. Las víctimas de los asesinos son militantes sociales y ex guerrilleros que dejaron las armas. Las masacres cotidianas se incrementaron conforme se acerca el cambio de gobierno. Es la carta que juega el uribismo para poner trabas a la gestión del nuevo mandatario.

El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz de Colombia (Indepaz) informó que al 12 de julio se cometieron 53 masacres con un saldo de 185 muertos. Además, cinco personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas en la madrugada del domingo 31 de julio. Un grupo de hombres armados tirotearon a un grupo de personas que conversaban en un barrio de La Unión, en el departamento del Valle del Cauca. 

“Sumado a la falta de respuesta ante el conflicto armado, el mandatario de derecha (Iván Duque) nunca realizó una autocrítica frente a las masivas movilizaciones que se multiplicaron contra su gestión desde 2018. Las protestas más fuertes fueron las del año pasado, en las que la represión policial y militar dejó miles de heridos, desaparecidos y más de 70 muertos. Al respecto, en una entrevista con un diario local, Duque aseguró que hubo una «confabulación» para destruir al país y que, antes que con los bloqueos y las manifestaciones, prefería tener que lidiar con «tres pandemias»”, informó Página 12.

“Fueron cinco personas asesinadas y cuatro personas heridas, estamos confirmando si hay menores de edad, la Policía y Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía están en el lugar de los hechos”, dijo con relación a la masacre del domingo la secretaria de gobierno del municipio de La Unión, Jhoana Ayala. 

Asimismo, el 25 de julio las autoridades informaron que tres personas, entre ellas un desmovilizado de las FARC, fueron asesinadas a tiros en un establecimiento comercial del municipio de Puerto Rico, en el sur de Colombia, menos de 24 horas después de que un reconocido líder y ambientalista fuera asesinado en el municipio de La Dorada, en Caldas.

“Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue en 2019”, aseguró el coordinador de Indepaz, Leonardo González. “A la arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales se le sumó el contexto de un año electoral que puso en riesgo sobre todo a los líderes comunitarios, a los indígenas y a los afrodescendientes”, alertó.

Por su parte, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó que la respuesta militar “no ha logrado frenar la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en un incremento progresivo de los homicidios”. 

La funcionaria presentó el informe “Violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo gobierno”, que fue entregado a la actual administración así como al presidente electo, Gustavo Petro.

Según informó Página 12, entre 2016 y 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos verificó 562 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. “Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para reivindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia”, agregó De Rivero al tiempo que hizo referencia al aumento de un 200 por ciento en la cantidad de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, así como por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.

El informe de la ONU

“Este informe analiza el impacto del incremento de la violencia sobre el goce de los derechos humanos debido a la expansión de distintos grupos armados no estatales y organizaciones criminales en varias partes de Colombia en los últimos dos años. Resalta también las acciones tomadas por el Estado colombiano, como garante de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en los territorios afectados por esta violencia”, señala la introducción del texto publicado por la ONU, que en su segundo párrafo insiste sobre la responsabilidad del Estado.

“La Oficina reconoce el papel central del Estado para enfrentar la situación de violencia, y de manera inequívoca, deplora y condena la violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, en particular aquella que se dirige contra la población. Por lo tanto, el enfoque sobre la responsabilidad del Estado, en el marco de derecho internacional de los derechos humanos, no busca disminuir o minimizar la responsabilidad directa de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales por los actos que cometen, que deben ser debidamente investigados y sancionados. Por lo contrario, a través del análisis y las recomendaciones contenidas en este informe, se resalta el rol del Estado para hacer frente a la violencia generada por estos grupos, y asegurar políticas públicas que respondan eficaz y adecuadamente a esta violencia, con un enfoque desde las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos”, agrega el documento de 51 páginas.

El texto señala que a pesar de los esfuerzos del gobierno de Colombia para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan. “Además, la debilidad del estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia ha exacerbado la situación”, agrega.

“Las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades estatales civiles para enfrentar esta situación. En varios territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales”, señala el informe, cuyo texto está cruzado por una tensión y una contradicción permanentes: por un lado, se pide más participación estatal, pero por el otro se reconoce que el Estado es uno de los principales responsables de la violencia que debería combatir.

La ONU recomienda contribuir a la implementación de soluciones urgentes para proteger la vida y los derechos humanos “a través de la consolidación del estado de derecho y la paz en los territorios afectados por la violencia”.

Pero más allá de los diagnósticos y las buenas intenciones de la ONU, enfrentar la violencia manejada por la derecha será uno de los tantos desafíos de Petro, que sí tiene claro que las fuerzas de seguridad, lejos de ser la solución, son parte fundamental del problema. Por eso los diarios que responden a este conglomerado de intereses coordinados por EEUU ya acusan a Petro de “querer destruir las Fuerzas Armadas”.

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