La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denuncia que la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) “está lejos de ser suficiente e igualitaria en todo el país”. Demanda así a los gobiernos nacional y a los provinciales poner en práctica, de manera efectiva, la ley de ESI. También repudian el accionar de grupos conservadores de obstaculizar el acceso al derecho a esta educación.

A dos meses del 16° aniversario de la sanción de la ley nacional de ESI (26.150) -el 4 de octubre de 2006-, la Campaña resalta el “fuerte compromiso con el acceso a la ESI” que sostienen: “Es parte de nuestro lema ya que enseñar y aprender que el propio cuerpo es nuestro primer territorio de soberanía, es un paso fundamental para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos”.

“Esa convicción -recuerdan- aparece escrita en nuestros pañuelos, pero también se plasmó en nuestros 17 años de activismo y en la construcción de redes que cumplen un rol fundamental en las aulas”. Mencionan aquí a la Red de Docentes por el Derecho al Aborto “que nuclea a trabajadorxs de la educación de todo el país” y a la Red de Cátedras Universitarias por el Derecho al Aborto (RUDA) “que impulsa la creación de cátedras de diversas disciplinas que disputan sentidos sobre los derechos sexuales en las universidades nacionales”.

Además de exigir la efectiva implementación de la ESI, la Campaña repudia “el intento de grupos fundamentalistas y sectores conservadores del arco político de obstaculizar el derecho de los, las y les niñes al acceso a una Educación Sexual Integral científica, laica, con enfoque en derechos humanos y con perspectiva de género como lo indica la ley 26.150”.

En esta línea, exigen “la anulación de la resolución 967/21 del ministro de Educación Aldo Fabián Lineras en la provincia de Chaco, ratificada por el gobernador Jorge Capitanich a través del decreto provincial N° 2633/21 que habilita la aprobación de propuestas de educación sexual «alternativas» para la formación docente y la enseñanza en todos los niveles”. Citan como ejemplo concreto “de las graves consecuencias de esta resolución la realización de un congreso organizado por la Mesa Evangélica Metropolitana que dictó contenidos contrarios a la ESI”.

A la vez que destacan que “gracias a la presión ejercida por colectivos feministas, el propio Ministerio reconoció que los contenidos de dicho congreso se contradecían con los de las leyes que reconocen y sostienen derechos humanos y civiles fundamentales”.

La Campaña también demanda la anulación de la resolución Nº 2566/22 dictada en junio pasado por la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, que intenta censurar el uso del lenguaje no binario en las escuelas. “Se trata de una resolución que va en contra del derecho de los, las y les niñes y adolescentes al acceso a una educación que respete, reconozca, valore y eduque en la diversidad, que desarme las presunciones sobre la identidad de género y la sexualidad de las personas y que habilite que todas, todos y todes sean nombrades según su propia construcción de identidad”, expresan en este reclamo.

La Campaña celebra que “un intento similar en Jujuy haya sido detenido gracias al accionar de organizaciones sociales, de derechos humanos y de la sociedad en general”.

Garantizar el presupuesto

La organización remarca que “es urgente la capacitación gratuita en servicio para la docencia en escuelas públicas y privadas de todo el país”. A la vez que exige que “se implementen las circulares y anexos vigentes y que se establezcan lineamientos claros para la adecuación de reglamentos y acuerdos institucionales al marco legal vigente, incluyendo la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Para eso demandan que los Estados aseguren presupuestos para garantizar la aplicación de la ley de ESI 26.150 en todos los niveles educativos, a lo largo de todo el ciclo lectivo y de forma transversal en todas las asignaturas, así como también en los institutos de formación docente.

También denuncian “el desfinanciamiento y vaciamiento que está sufriendo el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), lo que provoca que muchas escuelas de diferentes provincias ya no cuenten con Educación Sexual Integral ni siquiera a través de sus asesorías”. A esta situación -agregan- “se le suma la precarización laboral tanto de agentes territoriales de ESI como de docentes referentes de ESI en las escuelas, que deben hacer doble trabajo por el mismo sueldo”.

Desde la Campaña remarcan que “garantizar ESI es garantizar una herramienta fundamental para prevenir embarazos no intencionales, detectar abusos y construir nuevas formas de vínculos en la igualdad y sin violencia machista”; también el carácter de derecho humano de la ESI y recuerdan que “en un mundo justo las niñas no son madres” y que “crecer libre de mandatos es un derecho”.

El comunicado -en el que difunden estas exigencias y denuncias- está encabezado con el reclamo de “¡Educación Sexual Integral en las escuelas para que las, los y les niñes puedan decidir!”, y cierra con el lema que identifica las acciones de la Campaña: “Educación Sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

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“El horizonte utópico de la ESI es una educación emancipadora”

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