El presidente Petro dispuso una purga en las fuerzas militares y policiales y anunció que la sociedad civil participará en la toma de decisiones. La furia de los uniformados y la derecha no se hizo esperar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comenzó a enfrentar algunos de los muchos desafíos que tiene por delante su gestión. En un marco de esperanzas y demandas postergadas, la necesidad de alcanzar la paz es acaso el anhelo más grande y urgente del pueblo colombiano tras décadas de violencia. Desde la campaña electoral, el ahora presidente viene prometiendo una “purga” en las fuerzas de seguridad, lo que causó el esperable rechazo de los uniformados, los partidos políticos de derecha, y los medios de comunicación concentrados al servicio de las corporaciones: “Petro es el guerrillero que viene a destruir las Fuerzas Armadas”, idea que se utiliza hasta el hartazgo para demonizar al mandatario, cuando en realidad, después de más de sesenta años de violencia, y con más de un millón de muertos, la experiencia histórica parece indicar que fueron las fuerzas de seguridad y los paramilitares quienes destruyeron Colombia siguiendo las recetas de EEUU y su supuesta “guerra contra las drogas”. 

El presidente de Colombia anunció la conformación de la nueva cúpula militar. La medida, según afirman medios colombianos, “produjo un gran malestar” entre los mandos, especialmente en la Policía Nacional, donde 23 de sus generales destacados en temas de inteligencia tuvieron salida anticipada.

Además de cambiar los jefes, la idea es modificar profundamente las prácticas de las fuerzas de seguridad, una tarea nada sencilla tras años de impunidad de militares, policías y fuerzas irregulares al servicio de la “élite más peligrosa de la región”, según advirtió la vicepresidenta Francia Márquez, con referencia a las fuerzas de derecha y las corporaciones que tienen el poder real en su país y que siempre estuvieron dispuestas a mantenerlo a través de la violencia.   

“La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos”, advirtió el mandatario dejando claro el fin de la impunidad.

En ese sentido, Petro afirmó que “todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”, informó la edición digital del diario colombiano El Tiempo.

Colombia es uno de los países en Latinoamérica donde más líderes sociales son asesinados y, con la instalación del nuevo gobierno, el presidente afirmó que se debe adoptar una política de “seguridad humana” que permita hacerle frente al conflicto armado.

Petro presentó a quienes estarán en el mando de la Fuerza Pública: el general Helder Giraldo será comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Mauricio Ospina será el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Carlos Córdoba estará al mando de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), y el vicealmirante Francisco Hernando Cubides de la Armada.

Con el nuevo mensaje del presidente, todos estos altos mandos de las Fuerzas Militares tendrían la tarea de “evitar al máximo” que se cometan masacres en las diferentes regiones del país. Según advirtió Petro, si hay impunidad en esta clase de actos que atentan contra la vida, habrá graves sanciones que afectarán sus hojas de vida.

Durante el anuncio de los nuevos nombramientos, el presidente también hizo énfasis en que el criterio de ascensos medido por bajas tiene que cambiar, pues considera que el mérito y aumento de rango se debe dar “porque se impidió la masacre, se impidió la muerte del líder social y el asesinato del ex combatiente de paz”.

El mandatario destacó que la Fuerza Pública tendrá que concentrar sus esfuerzos en la “pacificación real” en el territorio, para que el indicador cambie de “los muertos” hacia “la vida”.

“La seguridad humana”

Al término del primer consejo de seguridad Petro aseguró que la fuerza pública debe construir un concepto de “seguridad humana” que implicaría que estas reuniones no sólo estén integradas por la fuerza pública sino por instituciones y por la sociedad civil.

El anuncio sintoniza con otras políticas de estado que el nuevo gobierno de Colombia está comenzando a implementar y en las que tienen un papel protagónico las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros.

“Los próximos consejos de seguridad tendrán esa integralidad para identificar las causas del crimen que son múltiples, no es una”, aseguró el mandatario expresando claramente que su idea de seguridad se desmarca del punitivismo y la represión que proponen las posiciones más conservadoras.

Según el sitio de la radio colombiana Caracol, el mandatario propuso que se haga una reforma en cuanto a la lucha contra el narcotráfico para que poco a poco los territorios se vuelvan “ineficaces” en exportar cocaína.

“Vamos a recibir una información de la capacidad de interceptación de la cocaína en el mar o en el aire. Creo que desde el punto de vista de la vida humana es más eficaz concentrar la actividad antidrogas en la interdicción, eso podría solucionar conflictividad interna en la medida que no sea eficaz un territorio para sacar cocaína”, añadió, según la nota de Caracol firmada por Lizeth Suesca.

“El presidente dijo que territorios como Chocó deben abrirse al debate sobre la eventualidad de procesos de paz, para lograr un desmantelamiento de organizaciones armadas”, señala la nota del medio de Colombia.

El mandatario agregó además que “se deben generar formas más atractivas para que los jóvenes eviten hacer parte de la guerra”, y sobre este punto aseguró que será un trabajo con las carteras de Vivienda, Educación y Salud.

“Cero corrupción, cero violaciones a los derechos humanos”

El medio francés France 24 informó que Petro presentó a los nuevos jefes en un acto en el Ministerio de Defensa junto a Iván Velásquez, titular de la cartera. “Cero corrupción y cero violaciones a los derechos humanos”, exhortó el mandatario, cuyo objetivo es buscar un enfoque que incluya a los derechos humanos y la defensa de paz a todas las escalas, y también dentro de esas instituciones, indicó el medio francés.

Además de los cambios en seguridad, la nueva gestión expresó la voluntad de reanudar los diálogos y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cuba, y el deshielo de las relaciones bilaterales con sus vecinos venezolanos.

Según France 24, para cerciorarse de que los nuevos nombramientos cumplían con los nuevos criterios, tanto el presidente como el ministro de Defensa llevaron a cabo un estudio pormenorizado, para evitar cualquier escándalo.

El grito en el cielo

En el portal de noticias Infobae se puede hallar una buena compilación de declaraciones en contra de la medida de Petro.

El medio argentino afirma que desde el sector político no hubo reacciones amables. “La derecha ha descalificado la decisión del presidente por considerarla un desprecio a la trayectoria y experiencia de quienes deben irse. Entre quienes discreparon con la decisión está el ex vicepresidente Francisco Santos, señala la nota titulada “Nueva cúpula militar de Petro no pasó desapercibida: reacciones a favor y en contra del remezón de generales”, y que además tiene una bajada que afirma: “Algunos políticos y ex jefes de las Fuerzas Militares reaccionaron a las designaciones y a la salida de uniformados con largas trayectorias”.

“Con cambios en la cúpula de la Policía se perdieron dos generaciones de generales. Con experiencia y gran trayectoria. Duro golpe a la institución que en una paz total va a pagar los costos. Pero ahí estaremos para defender esa gran institución. Dios y Patria”, escribió Santos, que fue vicepresidente entre 2002 y 2010. 

Una opinión similar tiene el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, señala Infobae. Aunque deseó éxitos a la cúpula nueva, dijo que eliminar la experiencia pone en riesgo la seguridad. Además, reprochó que Petro exija sólo a los militares una reducción de masacres. “Me gustaría también que le exija a grupos armados ilegales (ELN, Disidencias FARC, Clan del Golfo y organizaciones criminales) que no cometan delitos, en vez de ofrecerles una «Paz Total con impunidad»”.

“Barrer con más de 50 Generales en Fuerzas Militares y Policía, es un acto premeditado que desfortalece nuestras capacidades para enfrentar grupos armados. Se pone en riesgo la seguridad. Arrasa con experiencia y conocimiento. Éxitos a la nueva cúpula Militar y de Policía”, añadió Santos.

Por su parte, el ex ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se limitó a destacar que el nuevo comandante Giraldo “a la fecha no registra ningún tipo de investigación, ni disciplinaria, interna o penal”. 

El también ex ministro Juan Carlos Pinzón lamentó que se marche “un grupo extraordinario de oficiales generales y de insignia” y afirmó que los colombianos pierden con su partida a “personas con experiencia, liderazgo, y logros”.

Otro dirigente en desacuerdo con el remezón de las fuerzas armadas es el ex candidato presidencial del derechista Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Según el dirigente, “estas decisiones desmoralizan a los uniformados”, al tiempo que destacó que el nuevo comandante de la Policía no tiene intenciones de desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), una promesa de campaña de Petro.

“Combinación de formas de lucha guerrillera, aplicada por gobierno socialista: acabar con la moral de tropa luego de desprestigiar su nombre, limitar su acción y delincuentes FARC, ELN o Clan del Golfo copan espacios. Colectivos petristas sin quien les haga frente. Vivir Sabroso”, expresó Gómez con ironía.

Durante la presentación de los nuevos titulares de la estrategia defensiva, Petro quiso marcar distancias con su predecesor, el conservador Iván Duque, quien centró su mandato precisamente en la defensa pero con un balance catastrófico, a juzgar por los datos ofrecidos por las organizaciones especializadas.

El mandatario hizo especial énfasis en la seguridad ciudadana como un elemento esencial para alcanzar la “paz total” que pretende aterrizar a lo largo de los próximos cuatro años.

“Pasar a la estrategia de la seguridad humana donde cuidar la vida, los derechos y las libertades de las gentes sea lo fundamental”, aseguró Petro. 

“Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa que esta Fuerza pública sea profesional en todo el sentido de la palabra, que pueda valorar sus hombres y mujeres de base”, agregó.

Según informa el medio francés, para algunos analistas esta decisión puede ser un error estratégico, porque quedan por fuera personas ampliamente curtidas y calificadas en esta materia. Sin embargo, para otros este era un paso necesario para dar un nuevo aire al país. En conversación con France 24, Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz de Colombia, destacó la importancia del cambio de doctrina militar y policial. 

“Se va a sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y se va a crear un Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia; un Ministerio propio donde va a estar la Policía. Y también lentamente se va a formar a las fuerzas militares para construir una doctrina donde haya un respeto por los derechos humanos”, comentó el analista. 

Para “garantizar la paz, la disminución de la violencia y de la criminalidad, garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas”, como dijo Petro, para Rosanía es urgente la necesidad de romper lazos con la cúpula saliente, ampliamente criticada por sus controvertidas operaciones, como los llamados “falsos positivos” (civiles asesinados que eran contados como guerrilleros caídos en combate) o la represión contra la población durante las protestas sociales de los últimos años, entre otros muchos casos. 

“Esa vieja cúpula estaba investigada por temas de violaciones a los derechos humanos, perfilamiento a periodistas, líderes de la oposición y defensores de los derechos humanos y tenían serios cuestionamientos en materia de corrupción”, destacó el experto. 

Basta de masacres

Otro de los objetivos fundamentales de la nueva estrategia defensiva es la protección de las y los militantes sociales. Para lograrlo, el mandatario ordenó que los mandos policiales y militares tendrán que impedir al máximo que se cometan masacres o haya asesinatos contra estos liderazgos, porque eso afectará directamente a su foja de servicios y su carrera, según subrayó en su cuenta de Twitter este sábado. 

Durante los últimos cuatro años, fueron asesinados más de 950 líderes sociales según los reportes del Instituto de Paz y Desarrollo (Indepaz). La violencia en los territorios remotos, donde el Estado apenas tiene presencia, recrudeció por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, afectando gravemente la población civil.

El sábado 13 de agosto se reportó la masacre número 62 en lo que va del 2022: fueron aniquilados tres hombres en el departamento de La Guajira, al noreste del país. También se reportó el asesinato de un firmante de paz. En 2022 ya hay contabilizados 32 asesinatos de firmantes de paz, un saldo que aumenta hasta los 338 desde la firma de dichos acuerdos en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.

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