Cristina desnudó el objetivo político del juicio que se le inició. Las pruebas que nadie ve, pero se pesan. Testigos de la Fiscalía que van en su contra. Un tesoro en el teléfono de López y la posverdad.
El propósito político del juicio a Cristina Fernández de Kirchner radica en su posible inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que el fiscal del proceso oral, el futbolista de Liverpool Diego Luciani, solicitó como condena durante su alegato junto a la pena de 12 años de prisión. Es decir, sacarla de la cancha de la contienda electoral, ese insalvable escollo que la democracia liberal interpone –a veces– entre los deseos y los objetivos de los sectores dominantes. Por eso el asunto se dirime más en el escenario mediático-político que en la especificidad del derecho penal. Si hay penal, de todos modos, lo patea el juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), Rodrigo Giménez Uriburu, también integrante del Liverpool que juega el torneo en la quinta Los Abrojos de la familia del expresidente Mauricio Macri, con el fiscal.
Perder el juicio
No parece que lo que estuviera en juego en este caso fuera la responsabilidad penal o la inocencia de la actual vicepresidenta, por conductas desplegadas durante sus gestiones como primera mandataria. Aunque, se supone, ese es el objeto procesal del juicio.
La construcción social de culpabilidad o inocencia son previas al proceso oral que está por terminar, que analiza presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, por parte de la Dirección Nacional de Vialidad durante los gobiernos de Cristina.
En particular, se discute judicialmente acerca de si existieron sobreprecios en esas obras, redeterminaciones “excesivas” de sus valores, demoras irregulares en la construcción de rutas y blanqueo de dinero de origen ilícito a través de hoteles y alquileres.
Pero, como se dijo, la materia judicial es esquiva en la conversación pública, donde las pruebas ceden ante los memes, las escenificaciones mediáticas, la gritería y la reproducción de titulares periodísticos de dudosa rigurosidad.
Es decir, hay un sector de la sociedad que “ya sabe” desde hace mucho que “Cristina es chorra”, porque accedió a través del testimonio de Leonardo Fariña en el programa televisivo de Jorge Lanata –el mismo que dijo “querían ficción y les di ficción”– a la zoncera de que los kukas “se robaron un PBI”.
Pero antes y después hubo más, mucho más, y seguirá habiendo. La bóveda de cartón en un estudio de televisión que emulaba la que nunca se encontró en la casa de los Kirchner en Calafate, las excavaciones en la Patagonia para desenterrar el dinero que nunca apareció.
En el caso del juicio oral, por ejemplo, Clarín tituló hace semanas: “Vialidad: el fiscal inicia su alegato el lunes basado en tres toneladas de pruebas que complican a Cristina Kirchner”. El “peso” de la evidencia, y no su calidad, no resiste el más mínimo análisis desde el principio de la sana crítica. Pero el titular no procura iluminar una verdad oculta o inaccesible, sino construir un verosímil: es tan chorra que las pruebas se reúnen por toneladas, como si seis kilos de pruebas fueran menos contundentes para arribar a una condena que tres toneladas.
Tu mejor testigo
Los (pocos) periodistas que siguieron las instancias del juicio a lo largo de los últimos tres años coinciden en la ausencia de “prueba directa” que involucre a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita destinada a delinquir mediante la adjudicación de obra pública en un distrito subnacional.
En síntesis, lo que los fiscales Luciani y Sergio Mola imputan a CFK es haber sido presidenta. La teoría del caso de los acusadores consiste en que, desde el ejercicio de ese cargo, “no pudo no saber” lo que pasaba con la concesión de obras en la provincia de Santa Cruz, que era licitada por Vialidad.
El ex candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto, dijo hace unos días: “Yo lo que no veo es elementos contundentes que puedan cerrar la figura (de asociación ilícita) porque no es concebible considerar a un gobierno democrático desde el primer día como una organización delictiva, me parece un poco mucho que un Gobierno se constituya para delinquir”.
El caso ronda sobre lo ocurrido con 51 obras adjudicadas a lo largo de varios años a Austral Construcciones. El juicio comenzó sin que fueran auditadas. ¿Quién solicitó que se realizara la auditoría? La lógica indica que los fiscales, para demostrar las irregularidades. No, lo hizo la defensa de CFK, y la Corte –con una mora de tres años– rechazó la medida. Sólo se peritaron cinco obras. Raro.
Como explicó la vicepresidenta en su exposición del martes 23 de agosto, los propios testigos ofrecidos por la Fiscalía explicaron a lo largo de las audiencias que no hubo favoritismo, ni sobreprecios y que las obras se terminaron. Salvo cuando Cambiemos llegó al gobierno y el director nacional de Vialidad, Javier Iguacel, ordenó frenarlas.
La jefa de legales de Santa Cruz de la Dirección de Vialidad Nacional, Laura Hindie, contó que Iguacel llegó en un patrullero a la delegación, la intimidaron y la obligaron firmar un documento que decía que a las empresas de Báez no se les debía nada. Estar al día significaba un trato preferencial. “Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, dijo la testigo.
En cuanto a la redeterminación de precios de los trabajos, un mecanismo habitual en una economía inflacionaria, Cristina explicó que durante su gestión se realizó en todo el país mediante un decreto firmado durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde.
Esa norma establecía que cuando los valores de desfasaban en un 10 por ciento en relación al valor establecido en la licitación, se redeterminaba un nuevo precio.
Cristina explicó que al asumir Macri la presidencia, un nuevo decreto redujo el desfasaje a partir del cual se autorizaba la redeterminación al 5 por ciento. Así, se multiplicaron los procedimientos.
El testigo David Bahamondez, ofrecido también por la Fiscalía, declaró con Nelson Periotti como director de Vialidad (gestión Cristina), que se hacían tres por año.
El cambio introducido por el gobierno de Macri “llevó a que fueran casi permanentes, casi diez por año y el gasto del Estado se duplicó”.
Los tres peritos contables que analizaron las cinco obras que el Tribunal permitió auditar concluyeron que no hubo sobreprecios. Los peritos ingenieros dictaminaron en forma dividida: la de la defensa sostuvo eso mismo, mientras que Eloy Bona consideró que se pagó de más. Fue recusado porque antes del juicio tuiteaba con indisimulado encono contra la acusada. Comparó erróneamente obras de recuperación y mantenimiento de rutas con la construcción de autovías.
Roberto Panizza, el tercer perito, comparó los valores de las obras en Santa Cruz con los valores que la revista El Constructor determinaba para la provincia de Buenos Aires, de manera de eludir el sobrecosto del traslado de más de dos mil kilómetros.
La testigo María Re, también propuesta por la Fiscalía, que supervisaba obras, declaró en el juicio: “No conozco obras, ni una sola, que no tengan atrasos, postergaciones, prórrogas. Pero eso ocurre con todas las empresas del país y en especial en la Patagonia (…) si a una máquina se le rompe un tornillo, no hay forma de reemplazarlo, hay que buscarlo en Buenos Aires”.
El primo de Macri y sucesor en la constructora familiar Iecsa, Ángelo Calcaterra, testimonió: “Nunca vi una obra que se terminara a tiempo”.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, dijo en el juicio que era lógico que Austral obtuviera contratos en Santa Cruz porque tenía “ventajas competitivas” al tratarse de una empresa radicada en el lugar, que no debía mover maquinaria y afrontar otros costos de traslado. Lo mismo ocurre en otros distritos con firmas locales.
Teléfono
Tan huérfanos de evidencia estaban los fiscales que, cuando se había cerrado el período de análisis de la prueba y comenzaban los alegatos finales, introdujeron “nueva prueba”. Algo que no se puede hacer –entre otras razones por la falta de control de la defensa-, pero que el Tribunal admitió.
Por eso Cristina solicitó ampliar su declaración indagatoria, para referirse a los nuevos hechos incorporados por Luciani y Mola. El Tribunal también le cercenó ese derecho elemental de la defensa.
La “nueva prueba” era la vieja evidencia contenida en el juicio oral al exsecretario de Obras Públicas, José López, aquel que nunca revoleó los bolsos con 9 millones de dólares en el convento, sino que los posó con cierto cuidado en el suelo, mientras golpeaba la puerta, como puede verse en el video de la escena.
Luciani solicitó incorporar la pericia al teléfono celular de López, que incluye llamadas y mensajes desde 2013 a 2016. De allí obtuvo “tres” mensajes entre el gerente de Austral Construcciones y López o su secretario, de donde deduce que el empresario lo presionaba con mantener una reunión con “la jefa” para obtener pagos.
La defensa de Cristina se tomó el trabajo de analizar las 9 mil fojas, de las que se desprende el lazo casi familiar entre López y el empresario. Pero no el empresario Báez, sino el empresario Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Mauricio Macri.
Según contó CFK en su exposición, en el período analizado el teléfono de López registra 109 comunicaciones con Caputo. Con otro empresario, Eduardo Gutiérrez, dueño del grupo Farallón y propietario de la vivienda donde residía López, tuvo 177 contactos, que opacan los tres que mantuvo con el supuesto favorito Báez.
Sobre las conversaciones entre López y Caputo, CFK advirtió que, según los criterios de la fiscalía del juicio, “serían un escándalo monumental, pero sorpresivamente no les llamó la atención”.
“Este no es un juicio a Cristina; es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares”, sostuvo, para agregar sobre la actuación de los fiscales: “¿No le llamó la atención la familiaridad de López con Caputo? Con la frecuencia y la cotidianidad que tenían entre ellos me llama la atención que al fiscal Luciani y Mola no le llame la atención esto. Notable”.
Cristina también planteó su hipótesis acerca de por qué la investigación sobre los datos del teléfono de López llegó solo hasta el ex funcionario. “Pararon de tirar el ovillo (los fiscales), cuando aparecieron ellos, cuando aparecieron los macristas. Los nueve millones de López eran de ellos. Cuando el fiscal dice que cuando uno aprieta sale pus, tiene razón fiscal Luciani; la pus de ustedes, los macristas”, enfatizó, en relación a que parte del dinero encontrado en los bolsos de López provenían del Banco Finansur, en tiempos en que la entidad era manejada por Jorge Sánchez Córdova, por entonces tesorero de Boca Juniors cuando Mauricio Macri era su presidente.
Cristina es una líder moderna, en el sentido de que pertenece a la etapa de la Modernidad, a una Ilustración tardía que aún cree en la soberanía de la razón. Sólo así puede explicarse que, en este período histórico dominado por la posverdad, insista en argumentar durante una hora y media con datos duros y relacionando información, con el objetivo de perforar la tiranía de las opiniones y las emociones sin sustento.
La que hizo el martes es, también, una defensa política, en la que desnudó que el objetivo en su contra no es judicial sino que, como dijo en el último discurso de su segundo mandato presidencial, no van por ella sino por los derechos e intereses que sus gobiernos levantaron y defendieron.
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