Con la conmoción por el atentado a Cristina y el debate por la “ley del odio” como marco, la prensa autogestionada y comunitaria apuesta a que sus denuncias y propuestas se visibilicen y tengan en cuenta.

El ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del pasado 1º de septiembre ha vuelto a instalar en la “agenda pública” mediática el debate sobre el rol de los propios medios y su influencia sobre la realidad política, económica, social y cultural de la Argentina. La vuelta de la temática a las primeras planas es vista como una oportunidad para las organizaciones que agrupan a los medios cooperativos, comunitarios y populares, que periódicamente se pronuncian en favor de medidas oficiales que aporten a la democratización de las comunicaciones y la pluralidad de voces, incluso aunque evalúan como más negativo que positivo el eje inicial de la reinstalación, que pasa por lo que en los grandes medios se nominó como “ley del odio” y alude a normas que se basan más en el control de los contenidos que en el cuestionamiento a la concentración de las comunicaciones en pocos grandes grupos privados. 

En este sentido, el país había logrado hace solo poco más de una década un marco legal distinto al que regía desde la última dictadura militar, hoy desactivado. Las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de declaración de utilidad pública de la producción, distribución y comercialización del papel para diarios significaban un enorme avance hacia la pluralidad a partir de un cambio de paradigma clave: el de considerar a la comunicación como un derecho y no como mera mercancía y negocio.

Pero la vigencia de ambas normas duró mucho menos que el largo proceso de lucha que derivó en sus aprobaciones en el Congreso Nacional. Apenas asumido, el gobierno encabezado por Mauricio Macri impulsó y logró la desactivación de los artículos que establecían la desconcentración mediática, que se sostuvo durante la actual gestión, que nunca agitó la cuestión mediática como lo está haciendo en estos días posteriores al ataque a la vicepresidenta.

Las menciones del oficialismo en cuanto a la necesidad de discutir cómo frenar los mensajes de odio generaron, entre otras cosas, que los medios y referentes políticos opositores reasuman el papel de víctimas en lugar de victimarios, siempre en base a la simplificación y manipulación con que operaban también antes del atentado: el problema de este país es el peronismo corrupto, populista, intolerante y autoritario. Y dentro del peronismo, sobre todo el kirchnerismo y todo aquél espacio que no lo enfrente abiertamente, como pasaba hasta el 2019, cuando Alberto Fernández y Sergio Massa –y otros varios dirigentes de más o menos peso– sí acataban eso de demonizar a Cristina y alrededores.

Ahora, pos pedido de condena del fiscal Luciani, atentado y movilizaciones populares, la centralidad de Cristina se consolidó como referencia hacia adentro del Frente de Todos de cara a la próxima puja electoral. Y pese a que la ex presidenta sigue cultivando un perfil crítico pero bajo en cuanto a su participación en la gestión de gobierno, su fortalecimiento como referencia reabre expectativas en quienes anhelan que en lo que queda hasta el final del mandato de Alberto surjan acciones y señales distintas a las que hubo hasta aquí, signadas por la cautela y la falta de vocación transformadora de las estructuras que provocan injusticia social y subordinación a las políticas neoliberales del FMI y las potencias occidentales. 

Por lo pronto, las expectativas en esa línea chocan con hechos como el creciente recorte de planes sociales y asistencias estatales a los sectores y organizaciones populares; y la insuficiencia de las respuestas planteadas para contener la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios e ingresos de la masa trabajadora, en estos días un tanto disimulada por la gravedad del intento de magnicidio y la conmoción que causó.

Volviendo a los medios, es en este marco que los defensores de la pluralidad y la democratización vuelven a insistir en sus propuestas y reclamos. Este mismo fin de semana se reúnen en Córdoba representantes de las organizaciones agrupadas en la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que prevén redondear y difundir desde allí un nuevo pronunciamiento en favor de la desmonopolización y la promoción de la pluralidad y reivindicatorio de leyes como las desactivadas por el macrismo y otras regulaciones, como la de la distribución de la pauta publicitaria estatal.

Al respecto, el 7 de junio pasado, en coincidencia con el día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, la Confederación integrada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia), la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta) y la Red de Medios Digitales (RMD), denunció una vez más que, por ejemplo, “sólo el 1 por ciento de los medios de comunicación se lleva el 68 por ciento de la pauta publicitaria”.

 “Mientras medios cooperativos de todo el país reciben migajas, las corporaciones con intereses antinacionales recaudan la mayor parte de los recursos públicos”, se añadió, en pos de recordar quiénes forman parte de ese 1 por ciento.

“La pelea por la desconcentración de la pauta publicitaria, que encabezan los medios autogestivos y populares y que sería una herramienta para federalizar las comunicaciones, es un eje fundamental para discutir la democratización de los medios y con ello una mejora en las relaciones laborales en su interior”, se remarcó también en el documento.

“Ratificamos nuestro compromiso con un sistema de medios democrático y continuaremos la lucha para que el Estado promueva la federalización y desconcentración de las comunicaciones”, concluyó el comunicado de junio, cuando casi nadie barajaba la posibilidad de que pasara lo que pasó con Cristina ni el sacudón que eso está provocando.

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