La excursión de pesca del fiscal Hernández tuvo pique en la causa deliberadamente llamada “espionaje ilegal”. Ventilan audios privados sin vínculo con el caso. Scaglione, el querellante difusor. Legisladores atormentados con cuentas pendientes.

Diez meses después de los allanamientos sin testigo a las sedes santafesina y rosarina del Ministerio de Seguridad provincial –y a más de un año de iniciado el legajo penal–, el fiscal Ezequiel Hernández parece haber tenido pique: la “excursión de pesca” en la que se embarcó en noviembre de 2021 en la –deliberadamente– llamada investigación por “espionaje ilegal” le permitió capturar la semana pasada audios telefónicos que uno de los querellantes admitidos en la causa, el empresario Gustavo Scaglione, publica en calibrada y meditada cuentagotas a través de algunos de los medios de comunicación de su propiedad, que conforman el más grande multimedios que haya operado en la región. Como fue hasta ahora, la nueva difusión de elementos parciales del expediente tiene por objetivo construir en la opinión pública la teoría de la existencia de una KGB santafesina, aunque carezca de robustez probatoria. Lo importante es que todo el mundo lo piense, no que necesariamente sea cierto. Lo novedoso en el caso lo constituye que el objeto del deseo ya no es sólo el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, extirpado de la provincia por el elenco estable de poder con el que confrontó, sino el gobernador Omar Perotti y su hombre de máxima confianza, el diputado nacional Roberto Mirabella.

Un juez y un fiscal federal y un magistrado provincial ya dijeron, por escrito, que no existe violación a la ley de Inteligencia, pero el tema sigue siendo presentado de ese modo tanto por las empresas periodísticas cuanto por el opositor-querellante Maximiliano Pullaro, aspirante a la Gobernación. Al inicio de la investigación el radical habló de la existencia de “miles” de carpetas, mientras el PRO santafesino se mimetizó con las acciones menos confesables de su líder y en un comunicado denunció “escuchas ilegales”: ni unas ni otras existieron.

Como reveló El Eslabón a fines de agosto, en la misma investigación que lleva adelante el fiscal Hernández una testigo de identidad reservada entregó un disco rígido externo para incriminar a un ex funcionario del equipo que acompañó a Sain en la cartera de Seguridad, pero al peritarlo los especialistas del MPA encontraron archivos eliminados –que pudieron recuperar– en los que había “perfilamientos” patrimoniales realizados al secretario general de UPCN, Jorge Molina, y a parte de su entorno, durante la gestión de Pullaro en Seguridad.

Como la causa está motivada en intereses políticos con fines disciplinarios y no en el descubrimiento de la verdad jurídica, ese hallazgo casi no tuvo trascendencia.

Para los medios de Scaglione eso no es algo “escandaloso” como los audios privados del ex ministro.

Atormentados

Los audios que “pescó” Hernández en los teléfonos de los colaboradores de Sain, y que distribuyen a modo de “filtraciones” los medios de Scaglione, no prueban por sí mismos delito alguno si no se los coteja con otras evidencias que permitan comprobar en forma indudable que esos dichos se transformaron en hechos que transgredieron el Código Penal o alguna otra norma.

Es decir, no se tortura por audio de Whatsapp, o por el mero hecho de jetonear sobre una detenida por infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio (Aspo) a la que se dejará sin agua ni alimentos, hidratada con su propio llanto.

Hasta el momento no se conoce denuncia sobre ese hecho ni la identidad de la posible víctima aludida en el audio “filtrado” de Sain, lo cual no equivale a que no exista. Su difusión, que provocó sensibilidad, revela la intencionalidad política: el audio no posee ninguna relación con el objeto procesal de la causa, que es la investigación acerca de la existencia de una presunta asociación ilícita que recolectó desde el Estado informaciones en forma ilegal.

En una entrevista radial con la periodista Cynthia García, Sain recordó que “fuimos muy duros con el cuidado de la cuarentena en Santa Fe. A la policía santafesina la aplaudían en la calle”. Y puntualizó que los publicados “son audios entre el equipo, sacados de contexto. Nunca tuvimos un sólo reproche durante la cuarentena”.

En su cuenta de Twitter continuó el descargo: “Dejé correr esta ridiculez hasta acá con la esperanza que desistieran de convertir esta estupidez en un hecho político y mediático. ¿Puede llegar el ridículo político y mediático a tomar como un hecho cierto un chiste privado en una conversación reservada que es descontextualizada con maldad e intención de dañar al adversario?”.

Varios medios hablaron de aplicación de tormentos, a partir del audio. El senador radical del departamento General López, Lisandro Enrico, quien impulsó la destitución de Sain del Organismo de Investigaciones (OI) y largamente enfrentado al ex funcionario, exhibió su sensibilidad al respecto. Dijo sentir “estupor al escuchar a este hombre, que casi cuenta como que somete a tortura a una mujer”.

Pullaro se mostró muy preocupado también por el hecho de que “el gobierno de Santa Fe torture a una persona porque supuestamente violó la cuarentena”. La presunción de inocencia contenida en el uso del “supuestamente” no está situada antes de “torture” sino de la violación a la Aspo.

Al presentar el último informe del Registro Provincial de Violencia Institucional, la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, señaló que desde el año 2017 hasta el 2021 se registraron un total de 3.101 víctimas de violencia institucional en Santa Fe.

“Estas, a su vez, comunicaron y en algunos casos denunciaron un total de 5.601 malos tratos, torturas, abusos y otras afectaciones a los derechos humanos”, precisó. La mayor parte de las denuncias, que representan una ínfima cantidad de los casos realmente existentes, refieren a golpes de puño, patadas y cachetazos de las fuerzas de seguridad o de personal del servicio penitenciario, pero también las hay de ahorcamiento y submarino seco.

No es habitual escuchar a Pullaro o a Enrico –ni a la mayoría de la dirigencia política– conmiserarse por esos hechos cotidianos ocurridos en comisarías y unidades penitenciarias, pobladas de integrantes del último peldaño social. Hay torturas que causan “estupor” y otras que se naturalizan.

Si efectivamente los alerta la aplicación de tormentos, tienen la oportunidad de repudiar la prisión domiciliaria otorgada al represor de la última dictadura, Daniel Amelong, condenado en cuatro causas por ese delito y devuelto a su domicilio.

Comunicaciones privadas

Tras la primera tanda de “filtraciones” de audios el viernes 16 a través de Canal 3, propiedad de Scaglione, Sain se quejó: “Ayer llegaron los teléfonos desde Brasil secuestrados a mis compañeros del Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre y hoy difunden estos audios privados”, dijo en Twitter. “Y están cometiendo delitos porque son audios privados extraídos de los teléfonos de mis compadres ajenos a la causa en curso”, abundó.

Vale preguntarse cuál es el valor, en términos de la causa judicial por presunta recolección irregular de información por parte del Estado que instruye el fiscal Hernández, de la difusión del audio de la señora detenida por violar el Aspo. Ninguno. Pero el daño político es incalculable. Lo mismo cabe para el que refiere al jefe de Los Monos, Guille Cantero, y las balaceras.

El docente y criminólogo Enrique Font expresó en la misma red social: “¡Qué joyita La Capital (por el diario cuya mayoría accionaria también está en manos de Scaglione)! Publica audios privados, sin ninguna relevancia para la causa (que es sobre inteligencia ilegal y coso) y que tendrían que haber sido destruidos en lugar de haber sido «filtrados». Y la nota nada dice sobre esto”.

Agregó que “la nota va más allá al afirmar a partir de un audio, que nada tiene que ver con el objeto de la investigación, que «debería ser claramente objeto de análisis de la justicia». O sea, va en línea con lo que hicieron los fiscales correligionarios: una excursión de pesca ilegal”.

Font sostuvo que “peor aún, la nota tiene un claro tono cuasi extorsivo cuando afirma sobre los audios ilegalmente filtrados que «son los primeros que trascienden, pero hay muchos más»”. Scaglione hizo saber por Canal 3 que atesora en su poder 3 terabytes de audios, mientras ocultó los perfilamientos patrimoniales realizados durante la gestión de Pullaro a Molina, el jefe de UPCN, y que están en la misma causa.

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El propio fiscal Hernández se refirió al tema de la ausencia de vínculo entre el objeto procesal de la causa y las comunicaciones privadas.

Dijo que “todas esas comunicaciones privadas carecen de relevancia alguna para los hechos que son objeto de esta investigación, siendo su filtración y conocimiento público de una enorme gravedad institucional, además de una grave vulneración de derechos y garantías constitucionales”.

Pero no lo dijo en relación a este caso, sino en la causa en la que fue investigado el entonces ministro Pullaro a partir de escuchas telefónicas que había solicitado un fiscal y dispuesto un juez sobre su teléfono celular, en relación a presuntas irregularidades en un concurso de ascenso policial, que no eran tales.

Hernández archivó ese legajo en enero de 2019 y sostuvo lo que indica el párrafo anterior. Pullaro también vio vulnerada entonces su privacidad con la difusión de charlas particulares que nada tenían que ver con el objeto de la investigación. Pero lo que ayer era denigrante hoy puede ser aceptable.

Aquellas escuchas mostraron la familiaridad de trato del entonces ministro de Seguridad con el jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini, y con el titular de la Fiscalía Regional I, Carlos Arietti. Se quejaba ante el primero porque le había pedido al segundo que demorara la detención de un policía hasta después de las elecciones de 2017, con el fin de mitigar los posibles efectos del escándalo en el electorado. Pero algo falló y el comisario fue arrestado antes.

Pullaro se embroncó: “(la fiscal) No le avisa a Arietti, va y detiene. Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones”.

Baclini y Arietti son los impulsores de la causa por “espionaje ilegal” que está en manos de Hernández. Los fiscales que pidieron las escuchas del teléfono de Pullaro fueron imputados y degradados en sus funciones dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tiene su propia Siberia.

Para arriba

Uno de los audios seleccionados para su difusión involucró al gobernador Perotti y otro al diputado nacional Mirabella. “Recién tuve una larga charla con el gobernador, acordamos ir en nuestros términos perfilando a Nahuel Caputto. Quiere ir contra él, quiere ir fuerte en San Lorenzo. Pero particularmente contra Nahuel Caputto y una empresa que es la constructora del socialismo, con la que sigue financiando el grueso de la prensa”, dijo Sain a sus colaboradores.

¿Qué significa “en nuestros términos”? ¿Hay una empresa constructora “del socialismo” que “financia el grueso de la prensa”? ¿Perotti pidió investigar ilegalmente a Caputto, accionista mayoritario del diario El Litoral y el grupo mediático construido en base a esa empresa? ¿Se presumía la comisión de un delito por parte del empresario o se trató de persecución?

Las respuestas a esos interrogantes deberían surgir de una investigación judicial seria y objetiva que vincule ese audio a otras evidencias, que lo confirmen o lo desechen.

Ante la gravedad del asunto, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, salió en defensa del gobernador, algo confundido, tal vez mal dateado.

En un hilo de tuits planteó que “en Santa Fe hay una causa en la que se investigan supuestas escuchas ilegales pero que no tiene imputados, lleva 2 años y por la que se han diseminado audios que no sirven para otra cosa que no sea especular políticamente y ensuciar la discusión pública en nuestra provincia”.

Ni Pullaro denuncia las “supuestas escuchas ilegales” de las que habla Corach, ni la causa lleva dos años.

Sigue el ministro: “Es imperioso que esos audios, irrelevantes para la causa de la cual surgen y filtrados en función de intereses particulares, dejen de ser materia comentativa para quienes tienen ambiciones, pocos escrúpulos y les sobra el tiempo”, en clara referencia al ex progresista Pullaro.

Luego recordó que “muchos que hoy se desviven por solidarizarse y hacer declaraciones ampulosas sobre los valores democráticos deberían recordar que son parte del espacio político que hizo de las escuchas ilegales una práctica descontrolada que incluyó escuchar a los familiares de una tragedia”. Ejem.

La respuesta de Corach apuntó a los dichos del radical evolutivo en Juntos por el Cambio, quien había asegurado en declaraciones a Cadena 3 Rosario: “Yo creo que el jefe de esta organización criminal es el gobernador de la provincia de Santa Fe y el diputado nacional Roberto Mirabella, y espero que pueda quedar expuestos en las audiencias cuando los fiscales de una vez por todas decidan imputar en esta megacausa”.

La referencia a Mirabella se desprende de otro audio seleccionado para su difusión pública y de archivos con información –encontrados en los teléfonos secuestrados a los colaboradores de Sain, durante un allanamiento sin testigos– sobre el juicio oral en el que fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico el comisario Alejandro Druetta, mano derecha de Pullaro durante su gestión en Seguridad.

La información sobre las escuchas del caso y los datos de la causa se ventilaron en el juicio oral y público. De hecho, este medio las publicó. No eran “filtraciones”.

Pero lo que provocó la airada respuesta opositora fue un audio en el que Sain dice: “Tenemos que resolver lo de Druetta. Yo tengo que cumplir un mandato político, que es que le pasemos todo lo que tenemos a este tipo para que le haga una denuncia penal a coso”. “Este tipo” sería el dirigente radical Eugenio Malaponte, y “coso” sería Pullaro.

Sigue Sain en la conversación con su colaboradora, Nadia Schujman: “Yo no soy el abogado penalista ni tenés que ser vos abogada penalista de Malaponte, porque es una cuestión política, no penal”. Y convocó, aparentemente, a “una reunión para que pongamos blanco sobre negro de esto porque me lo pidió Mirabella”.

El diputado nacional rechazó tal cosa en Twitter, al comentar un tuit de Pullaro: “Nunca le pedí a Sain información sobre Druetta. Ahora, hay que tener la cara de amianto para decir que el caso Druetta es una operación política. Ese policía lo nombraste vos y era tu mano derecha”.

Y agregó: “Alejandro Druetta está condenado por narcotraficante y su condena confirmada por la Cámara de Casación. Es culpable; no es una operación”.

Pullaro retrucó en una entrevista: “Estos delincuentes estaban gastando todos los recursos del Ministerio de Seguridad en seguir a empresarios, sindicalistas, a periodistas, la verdad que eso me avergüenza y me duele”.

Su encono se vuelve más comprensible si se trae a la memoria que en agosto de 2020 fue denunciado por el presunto uso de un millón de pesos de gastos reservados de la cartera de Seguridad para solventar la defensa de cinco acusados por la desaparición forzada seguida de muerte del joven Franco Casco, cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná luego de haber sido detenido en la seccional 7ma de Rosario. La denuncia la presentó Sain con el patrocinio letrado de Schujman. Se entiende.

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