La postergación del tratamiento de la nueva ley cambió el escenario. Aunque “el campo” logró la dilación, su intento de mostrarse como víctima no parece alcanzar para cerrar otro debate que lo incomoda.

El pedido a última hora de los presidentes de los principales bloques de suspender la continuidad del tratamiento legislativo de la ley nacional de protección de humedales, que estaba prevista para el último jueves, no tiene muchos precedentes. Y es otra evidencia de un enorme poder de influencia de las entidades empresariales ruralistas y mineras sobre “el normal funcionamiento de las instituciones democráticas” que tanto se reivindica y reclama. Del otro lado, las más de 300 organizaciones ambientalistas, sociales y comunitarias que acordaron el proyecto avalado por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados repudiaron la suspensión del debate y llamaron a nuevas movilizaciones y actos de reclamo en favor de la aprobación de esa iniciativa. “Es una nueva 125”, se pudo leer en las redes sociales respecto de la situación planteada. Y claro que pueden encontrarse semejanzas, pero también diferencias; y no menores: esta vez, “el campo” se enfrenta a una propuesta que no llegó al Congreso desde el Ejecutivo, sino desde abajo y potenciada por el impacto del ecocidio de los humedales en la vida cotidiana de grandes centros urbanos. Así, para las patronales agrarias no será tan sencillo presentarse como víctimas para reinstalar aquello de que “todos somos el campo”.

El intento en ese sentido se manifiesta, por ejemplo, en el discurso de quienes el mismo jueves en que debía continuar el tratamiento legislativo cortaron el puente Rosario-Victoria para ir por más. Lo que piden es que la postergación sea definitiva porque “no hace falta otra ley de política ambiental”, tal el título del comunicado de la Mesa de Enlace del miércoles 28 de este mes. Otra vez, la línea argumental es la de simplificar la cuestión en “economía o ecología” y en un supuesto ataque contra el patrimonio de “los que trabajan y producen” de parte de “los políticos y los planeros que no quieren trabajar”. 

“Lo único que buscan es una caja de 500 millones de dólares del Tesoro nacional para ser repartido entre movimientos sociales y pueblos originarios”, se dijo desde el corte del puente a cuanto movilero radial y televisivo se tuvo a mano. “Y no sé qué otra cosa más habrán inventado”, añadió Orlando Sotomayor, uno de los que ofició de vocero de los “gauchos” piqueteros, que vaya a saber en qué artículo del proyecto cuestionado se basa para fundamentar que lo de la intención de “hacer caja” no se trata de un invento hecho y derecho. De hecho, otro de los piqueteros de a caballo y camioneta 4 por 4 que insistió con lo mismo de “la caja”, a la vez admitió ni siquiera haber leído el texto del proyecto que quiere eliminar sin más discusiones. Y no se trata de un mero “productor isleño”, tal como se presentó Sotomayor. El que ni siquiera leyó lo que repudia fue Eduardo Grimaux, presidente de la Sociedad Rural de Victoria. 

Lo novedoso en la manifestación criada a campo fue el énfasis que pusieron sus líderes en presentarse también como los más afectados y preocupados por los incendios en los humedales del delta, a los que calificaron de “atentados” cuyos efectos se ven favorecidos por “la sequía histórica” de los últimos años. “Paren de quemar las islas, nosotros somos los primeros perjudicados; se quemaron animales, campos y colmenas”, remarcó Sotomayor ahora, aunque esa adversidad concreta no haya motivado antes una medida tan fuerte como el corte del puente, sí tomada contra un proyecto de ley apenas leído pero denunciado como letal para “la producción” y hasta “el modo de vida” de isleños.

Justamente qué hacer con el modo de vida imperante en el planeta entero es el gran interrogante de fondo que debería orientar el debate más puntual que se sostiene estos días en el Congreso, los puentes y las calles de estos lares. Pero sólo entre quienes defienden el proyecto presentado por el diputado y presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, se atisba esa orientación que desdibuja simplificaciones y dicotomías forzadas y tacticistas. “La verdad que es lamentable que se expongan tantas mentiras; y queda completamente a la vista de todos que esto es una ley que viene a diferenciar lo que es producir de lo que es destruir”, señaló Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial Humedales. “Es evidente que hay gente a la que no le conviene porque no saben producir sin devastar los territorios y sin someter a la población a la enfermedad y a la pobreza”, añadió, en el marco de las movilizaciones redobladas tras la subrepticia postergación del debate. 

“Sin humedales sanos, no es posible la producción ni la vida de comunidades y el arraigo. Es urgente una sanción de una ley de presupuestos mínimos que proteja estos ecosistemas, ya profundamente degradados”, remarcaron desde el Taller Ecologista de Rosario, en la convocatoria a la masiva concentración del último jueves en el Monumento a la Bandera, en la que se insistió con el reclamo de avanzar hacia una nueva y “no cualquier ley”.

También ese jueves, el rosarino diputado nacional Germán Martínez, afirmó que “no hay intento de dilación” en la suspensión del tratamiento en comisiones que pidió desde su condición de presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “Buscamos más consensos, pedimos postergación para incorporar miradas y tener más apoyos”, sostuvo, en declaraciones a un programa radial local de esos siempre enfocados en denostar al oficialismo en el que revista Martínez. Claro que la decisión de posponer la continuidad del tratamiento fue avalada además por el principal bloque opositor y a pedido de entidades como la Mesa de Enlace, habitualmente igual de reacias a todo lo que sea peronismo y Frente de Todos que los conductores radiales y televisivos con tanto tufo a gorilismo que probablemente tengan pelos hasta en la lengua. Tal vez por ese rasgo, es que insistieron en echar leña al fuego en las islas y culpar de ello principalmente al gobierno nacional. Pero bueh, hasta para los que dicen estar juntos por el cambio resulta incómodo aquello de que “cambia, todo cambia”.

El nuevo escenario abierto con la pateada para adelante en torno a la Ley de Humedales se abrió casi al mismo tiempo que la difusión de los índices oficiales que dan cuenta de la injusticia social vigente en el país. La nueva suba de la indigencia y la poca baja de la pobreza respecto de los tiempos de pandemia contrastan con el crecimiento de las ganancias de los pocos que nunca dejan de ganar mucho pero nunca dejan de quejarse y quieren más y más, incluso aunque eso ponga en riesgo el futuro de la vida de todos y todas. Allá ellos, si suponen que en Marte o algún otro planeta van a encontrar refugio y recursos vitales que puedan seguir saqueando.

Lobbies y corderos

La decisión de las autoridades de los bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados de suspender el tratamiento de la Ley de Humedales fue repudiada con dureza por las organizaciones que la impulsan. “La situación es verdaderamente vergonzosa, estos son los lobbies que vienen presionando desde hace más de 10 años para que la ley no salga y que durante todo el año operan desde las sombras, pero que en algún momento, cuando lo consideran estratégico, salen a la luz como lo vimos esta semana con falacias y falsos estudios”, dijeron desde la Multisectorial Humedales.

Por su parte, Jésica Gentile, coordinadora del Colectivo Socioambiental Red Eco Socialista, remarcó que “sigue existiendo la misma orientación de hace 10 años de seguir ralentizando algo que democráticamente han decidido las comunidades con un proyecto de ley consensuado por más de 300 organizaciones, donde están universidades públicas, científicos, asambleas y asociaciones medioambientales”. 

En el mismo sentido, Bruno Rodríguez, miembro de Jóvenes por el Clima, afirmó que “la dilatación del debate del proyecto de Ley de Humedales consensuado por la sociedad civil y distintos actores, no surge por generación espontánea”. 

“Nuestros servidores públicos en este contexto están respondiendo ante otros intereses que no son los que participaron en la configuración del proyecto que hoy tenemos”, añadió, al tiempo que advirtió que “esto no solamente atenta contra un reclamo histórico, como lo es la exigencia de la aprobación de una ley que no sólo protege a los ecosistemas sino también interviene directamente sobre la calidad de vida de la gente: también es un atentado contra la calidad democrática”.

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