El presidente Alberto Fernández consideró este miércoles que, en materia de cambio climático y de cuidado del ambiente, las soluciones “no pueden esperar a mañana”, y afirmó que “la verdadera discusión es cómo nos desarrollamos preservando donde vivimos y con justicia social”.

Junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, el presidente encabezó en el Centro Cultural Kirchner el inicio de la capacitación de la Ley Yolanda (N° 27.592), en un acto en el que calificó a la problemática ambiental como “el tema” a resolver a nivel mundial y advirtió que existe “preocupación” entre los líderes del mundo al respecto.

“El verdadero tema es cómo nos desarrollamos preservando el ambiente. El secreto es cómo nos desarrollamos con justicia social porque es el único desarrollo posible. Cuidemos nuestra casa. Hagamos lo necesario para vivir en un ambiente sano. Empecemos con algo simple como la separación de residuos”, planteó el jefe de Estado.

La denominada Ley Yolanda busca garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan dentro de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La norma coloca lo ambiental como “un eje central en la toma de decisiones del Estado y del sector público”.

En el inicio de su discurso, Fernández señaló: “Es un tema que nos cuesta entender todavía a muchos de mi generación porque no le dimos importancia durante mucho tiempo, a pesar de que (Juan Domingo) Perón ya hablaba de esto en 1972, pero lo entendimos más como una crítica al capitalismo feroz que devora todo”.

“La historia demuestra que hemos descuidado este tema”, remarcó el mandatario, quien destacó que la Ley Yolanda es «muy valiosa porque hay que tomar conciencia de lo que el mundo vive porque hay que entender” que “el problema no es un problema que puede venir, sino que ya está, ya existe”. En esa línea, continuó: “El problema no puede esperar al mañana; es hoy y lo debemos resolver con toda seriedad”.

«No somos responsables, pero debemos transitar un camino con plena conciencia porque, si no cambiamos, los resultados serán muchos peores a los que ya vivimos”. Durante su mensaje, Fernández afirmó que “la Argentina no es culpable de muchas cosas que pasan” y señaló que, por el contrario, “somos víctimas del problema”.

A su turno, el ministro Cabandié señaló que “la Ley Yolanda en un hito ambiental” y una norma “realmente significativa que habla del presente y futuro del país”.

“Nos permite formar sujetos críticos con una mirada especial sobre el cambio climático y las nuevas energías”, completó. “Estamos en situaciones críticas porque los eventos climáticos cada vez son peores y más continuos y eso requiere que los hombres y mujeres tengamos estos conocimientos en una agenda ambiental para poder tomar decisiones con esta mirada sino estamos en riesgo”, aseguró.

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello; el viceministro de Ambiente, Sergio Federovsky; los ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer), Carla Vizzotti (Salud), Alexis Guerrera (Transporte) y Tristán Bauer (Cultura); vocera presidencial Gabriela Cerruti; secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; y la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini; y la senadora María Eugenia Catalfamo.

La Ley Yolanda

La ley, sancionada el 17 de noviembre de 2020, se denomina Yolanda en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el Gobierno de Juan Domingo Perón en 1973.

La ley busca garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan dentro de la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La norma coloca lo ambiental como un eje central en la toma de decisiones del Estado y del sector público.

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