El pedido de suspensión por 150 días de la fiscal Ferraro, que dejó que se evaporaran millones de pesos y dólares en el caso Oldani, contrasta con la tajante decisión parlamentaria que destituyó a Sain.

La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina –integrada por senadores y diputados– firmó esta semana un dictamen por el cual le pedirá a la sesión conjunta de ambas cámaras la suspensión por 150 días de la fiscal de la ciudad capital, Cristina Ferraro, por mal desempeño en su participación en la causa por el asesinato del empresario Hugo Oldani en la sede de su comercio de turismo, de la que tras el crimen desaparecieron tres millones de pesos y más de un millón de dólares de dudoso origen. Legisladores cercanos al diputado Maximiliano Pullaro solicitaron una sanción de menor plazo para Ferraro, procesada en la Justicia Federal por encubrimiento agravado y abuso de autoridad, al permitir –aparentemente– que la hija del empresario asesinado y su esposo retiraran el dinero de la escena del crimen. De la existencia de los dólares y los pesos presuntamente “negros” se supo por una fotografía tomada por la policía cuando llegó al lugar el hecho. El diputado del Frente de Todos y miembro de la comisión de Acuerdos, Leandro Busatto, había planteado la cesantía de Ferraro como miembro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Hace justo un año, la Legislatura provincial resolvió remover a Marcelo Sain de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del MPA “por haber llevado a cabo pronunciamientos políticos y actividades proselitistas incompatibles con su función”, a lo que le sumó una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos en el organismo. Sain fue quien realizó la denuncia e impulsó la causa federal por el dinero esfumado en las oficinas de Oldani. Que por twittear consignas políticas se vote la destitución de un funcionario del MPA y por esconder evidencia de la escena de un crimen una suspensión por 5 meses revela los deseos y fortalezas del elenco estable de poder en Santa Fe, como lo llama el ex concejal del Pro Rodrigo López Molina. No es en los dichos y audios del ex ministro de Seguridad sino en sus acciones donde deben buscarse las causas de las reacciones que motivó.

Una cueva

Hugo Oldani, propietario de Turismo Oldani SRL, fue asesinado a balazos el 11 de febrero del año pasado en su oficina de La Rioja 2441, ubicada en la galería Rivadavia de Santa Fe. La investigación del MPA encontró a los responsables del crimen y algunos ya fueron sancionados por medio de procesos abreviados.

Pero la pesquisa derivó en otra causa, por presunta intermediación financiera, al constatarse a través de una fotografía policial de la existencia en la oficina de unos tres millones de pesos y un millón de dólares en efectivo el día del homicidio.

El dinero desapareció de la escena del crimen y luego se descubrió que la fiscal Ferraro permitió el ingreso de Virginia Oldani (hija de la víctima), su pareja José Luis Hernández y otras personas, una de ellas una abogada del Ministerio de Seguridad.

Según se determinó a partir de cámaras de videovigilancia de la galería, Ferraro estuvo esa noche en la oficina junto a la Policía.

A las 0.57, cuando personal policial y civil estaba afuera del local, “vuelven a ingresar con extrema premura a la oficina. En primer lugar José Luis Hernández, luego Virginia Oldani y por último una mujer cuya identidad se desconoce, mientras el resto del personal policial y la doctora Ferraro permanecen en el hall”.

Un informe de la Fiscalía de Delitos Complejos indica que “Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso. Luego se observa que un policía de AIC se acerca a la puerta del local y coloca la faja de seguridad”.

El dinero se esfumó delante de la fiscal Ferraro, para quien la auditora general del MPA, Cecilia Vranicich, pidió en su momento dos meses de suspensión.

Pero paralelamente, el fiscal federal Walter Rodríguez investigó la denuncia de Sain sobre la desaparición del dinero apilado en una estantería de Turismo Oldani.

Rodríguez pidió el procesamiento de Virginia Oldani y otras nueve personas por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, al entender que en la firma de turismo funcionaba una “cueva financiera” ilegal.

Una figura que reúne delitos socialmente aceptados como el cambio de divisas, de cheques y egreso e ingreso de dólares al país, y que por fortuna no motiva linchamientos ni multitudinarias movilizaciones.

El juez Marcelo Bailaque, que subrogaba el juzgado federal Nº2 de Santa Fe, dictó el procesamiento en abril del año pasado y el fiscal Rodríguez solicitó la elevación a juicio de la causa.

Dos cuevas

Entre los procesados que irán a juicio hay dos agentes de una mutual rosarina vinculada al conocido Grupo Carey –casa de cambios y sociedad de bolsa–, que son Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.

El fiscal Rodríguez sostuvo sobre ellos que “en su carácter de operadores del Grupo Carey SA”, y de empleados registrados de la Mutual 29 de Noviembre, “realizaron aportes jurídicamente relevantes” compatibles con el tipo penal de “intermediación financiera no autorizada”.

Para el fiscal, la intervención de los operadores de Carey se refleja “en la gestión de cuentas en pesos y en dólares que Hugo Oldani tenía en las firmas referenciadas (la sociedad de bolsa de Carey y la mutual), la percepción y entrega de sumas de dinero, la constitución de plazos fijos, compra y venta de divisas, recepción, cambio y cobro de cheques y realización de transferencias nacionales e internacionales de dinero requeridas por terceros, todo ello a cambio de generosas comisiones”.

Al negarse a declarar –pero haciendo uso de sus derechos a hablar–, Ciochetto y Bacigaluppo aclararon que no eran operadores del Grupo Carey y que no cometieron ningún delito.

Sin embargo, el fiscal señaló que “las expresiones de los desmemoriados imputados se encuentran controvertidas por el contenido de numerosas conversaciones” que mantuvieron con Hugo Oldani.

En el teléfono móvil del empresario asesinado se encontraron mensajes enviados por él a los de Ciochetto y Bacigaluppo. El celular de este último estaba “registrado a nombre del Grupo Carey Sociedad de Bolsa”.

El vínculo entre la Mutual 29 de Noviembre –a la que están ligados Ciochetto y Bacigaluppo– y el Grupo Carey también fue puesto en evidencia por Oldani, en una conversación con un contacto de su teléfono agendado como “Tope”.

El 22 diciembre de 2018 esta persona le pide a Oldani un número de cuenta para hacer un depósito. El operador turístico responde: “Tienen que ir a Córdoba 1438 3er piso Mutual 29 de Noviembre, preguntan por Carlos Ciochetto y le dicen que es un aporte a la cuenta de Hugo Oldani (…) si los vagos son una mesa o una financiera de Rosario seguro, seguro que esta gente los conoce porque esto es la mutual que tienen… que tiene Carey para hacer algunas cosas en este color”. Color opaco, al parecer.

En su web, la Mutual ofrece a sus asociados beneficios en Turismo Carey y Estancia La Rinconada, un emprendimiento inmobiliario del Grupo en Ybarlucea.

El presidente del Club Estancia La Rinconada Polo & Golf es Patricio Carey, Pato, quien en la red Linkedin también se presenta como gerente del Grupo Carey entre febrero de 2014 y agosto de 2017, asesor financiero de la Mutual 29 de Noviembre entre septiembre de 2017 y agosto de 2019 y vicepresidente de Cofyrco SA.

Esa última financiera fue allanada en 2020 por la venta de dólares ilegales comprados por el narco asesinado Marcelo Coto Medrano, una de cuyas operaciones por 17.600 la hizo el mismo día que lo mataron, el 10 de septiembre de aquél año. En los meses previos había adquirido unos 35 mil en divisas, mientras la Justicia determinó que jamás tuvo actividad lícita declarada.

Por esa razón Carey fue imputado junto al presidente de Cofyrco, Fernando Vercesi, y a otras tres personas, por lavado de activos y encubrimiento. Los demás acusados acordaron condenas en juicios abreviados, pero Carey enfrentará un juicio oral en el que buscará demostrar su inocencia.

La fiscal

En junio de este año el juez nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del vacante juzgado federal Nº2 de la ciudad de Santa Fe, procesó a la fiscal Ferraro por los delitos de “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”, como derivación de su actuación en el caso Oldani. No en la investigación por el crimen, sino en la vista gorda para que el presunto dinero negro que había en la oficina se esfumara.

La resolución señala que Ferraro habría incurrido en encubrimiento al autorizar “ilegítimamente la desaparición” de los dólares y los pesos amontonados en una tarima.

El juez consideró que la fiscal del MPA incurrió en abuso de autoridad al “desviar la investigación” de lo ocurrido con el dinero.

Ante esa resolución, la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura inició un trámite disciplinario. Esta semana se acordó un dictamen por el cual le plantea a la reunión conjunta del Senado y Diputados la suspensión por 150 días de Ferraro.

Según fuentes parlamentarias, los legisladores vinculados al ex ministro de Seguridad Pullaro, Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido y el senador Lisandro Enrico, plantearon la suspensión por dos meses.

En septiembre, en su rol de acusador de la comisión, el diputado Busatto había promovido la remoción de la fiscal de su cargo y una inhabilitación por diez años para integrar el MPA.

Junto a otros legisladores, esta semana Busatto propuso una suspensión por 6 meses a Ferraro, el máximo establecido por la ley. Ante el desacuerdo, terció el presidente de la comisión de Acuerdos, el senador Joaquín Gramajo, y se acordó una sanción provisoria por 5 meses.

A la vez, el dictamen deja abierto el proceso disciplinario a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Rosario, atento a que la defensa de Ferraro apeló a esa instancia el procesamiento por encubrimiento agravado que le dictó Villafuerte Ruzo en abril.

Si la alzada confirma el fallo de primera instancia, el dictamen de la comisión bicameral de Acuerdos plantea la remoción de Ferraro del MPA.

La medida no luce irracional, atento a que no existe sentencia firme contra la fiscal cuestionada. Pero contrasta con otras decisiones tajantes que ha adoptado la Legislatura en materias similares contra molestos tuiteros.

La bronca

Una de las consignas con las que el ex ministro Sain guió su gestión se sintetiza en la frase acerca de que detrás de cada crimen narco hay una trama que une esos hechos de sangre en la periferia con negocios espurios e “inversiones” que se realizan en el centro de las ciudades de Rosario y Santa Fe.

Sain denunció la desaparición del dinero en la sede de Turismo Oldani y apuntó a la fiscal Ferraro, a la que consideró protegida del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti.

Arietti sostuvo a Ferraro hasta que debió desplazarla del caso, cuando la historia del dinero esfumado se hizo pública. Desde entonces el fiscal regional y el ex ministro mantuvieron una relación enojosa.

La autorización de Ferraro a los familiares de Oldani para que retiraran el dinero y abrieran la caja fuerte posibilitó, eventualmente, la pérdida de pruebas sobre lo que ocurría en esas oficinas de la galería Rivadavia.

En una entrevista con Aire de Santa Fe, Sain dijo el año pasado que el de Oldani “es un caso que le duele mucho al establishment santafesino, al círculo rojo, sectores financieros, sectores de la política y de las instituciones”.

Argumentó que “el ahínco con el que determinadas personas han intentado obstruir la investigación de fondo de lo que pasó en el caso Oldani a mí me da a pensar que evidentemente ahí había mucho más que una mera mesa de dinero”.

En otra entrevista más reciente, con Radio Universidad de Rosario y a raíz de la difusión por una parte de la prensa de audios privados del teléfono personal de una integrante de su equipo, secuestrado en la causa por presunta recolección ilegal de información por parte de funcionarios estatales, Sain apuntó sin mencionarlo a otro hombre de las finanzas, Gustavo Scaglione (Grupo Daminato), quien ingresó al negocio de los medios con la compra de Televisión Litoral y el multimedios La Capital.

“Esos audios que algunos querellantes están difundiendo están además editados y son irrelevantes para demostrar aquello de lo cual presuntamente nos van a acusar”, dijo.

Y relacionó la difusión pública de los audios con causas que apuntan a sectores financieros, raramente objeto del deseo del sistema penal.

“El nerviosismo de algunos dueños de medios de comunicación fue cuando entramos a ciertas financieras, algunas de las cuales están construyendo hoy hoteles importantes, porque ahí movían dinero del narcotráfico. Y había un ministro que decía estas cosas a boca de jarro, que era yo. Entonces, la delación tiene que ver con estas cosas. La mitad de la sociedad santafesina lo sabe a esto, pero creo que le duele en el corazón reconocer que está gobernada por una verdadera mafia”.

A través de la sociedad Argenway SRL, el Grupo Carey participa junto a la constructora local MSR del proyecto para levantar un lujoso hotel de la cadena Hilton en el centro de Rosario.

Las acciones de Argenway se dividen en formas iguales entre Eduardo Jorge Carey, padre de Patricio, y el ingeniero Lisandro Roberto Cristiá.

Tanto en las destituciones como en las suspensiones de funcionarios del MPA por parte de la Legislatura hay claros mensajes.

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