Los ingresos familiares siguen detrás de la inflación. A la espera del efecto Lula, que tiene enormes desafíos, el gobierno del FdT anuncia congelamiento de precios y empresarios lo resisten. El eterno debate sobre Ganancias. Opina el economista Juan Valerdi.

La embarullada economía argentina aguarda con ansias el reposicionamiento de Brasil a partir del próximo tercer gobierno popular de Lula, con el líder del Partido de los Trabajadores al frente de una coalición heterogénea y en desventaja parlamentaria afrontando en emergencia o mais grandes desafíos para revertir daños socioeconómicos que hereda del derechista Bolsonaro. Mientras, un plan de estabilización a la criolla, con alcance más allá de la necesidad de fortalecer reservas en el Banco Central, se hace esperar.

Tras la aprobación en Diputados del Presupuesto nacional 2023 a medida de los ajustes que exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde a la par se rechazó el artículo que proponía que jueces y personal judicial paguen el impuesto a las Ganancias, se conocieron nuevos datos que dan cuenta que los salarios y los ingresos familiares en general no recuperan capacidad de compra y siguen detrás del elevado nivel de inflación, en un contexto de crecimiento de la actividad económica aunque lentificada y evolución del empleo aunque de mala calidad.

Sobrepuesto, los buenos resultados de las negociaciones paritarias y el despliegue de políticas oficiales de contención ante la crisis, como el plus a jubilados, el bono de refuerzo alimentario para los últimos o un potencial bono o suma fija general para trabajadores y trabajadoras, el gobierno del Frente de Todos reconoce como materia pendiente un ataque más certero a los precios voladores. Con la consecuente desmejora que esto trae en la distribución del ingreso, en el bienestar para las mayorías y el impacto en índices de pobreza e indigencia.

Ajustar por arriba

“Argentina tiene desequilibrios económicos, es evidente. Esto tiene que ver con muchas razones, sobre todo con lo que dejó el endeudamiento salvaje del macrismo y sus políticas anti trabajadores. Siempre se plantea como ajuste achicar el gasto del Estado para pagar deuda y eliminar déficit. Pero ese ajuste no necesariamente debe recaer sobre trabajadores, especialmente en empleados públicos, jubilados, sobre ciencia y tecnología, educación, salud. Hay otras formas de ajustar para atender esos desequilibrios, como por ejemplo haciendo que los que más ganan, los cuatro o cinco vivos que aprovecharon el rebote de la economía en 2021, contribuyan más”, consideró el economista Juan Valerdi.

Y continuó: “Pero el problema es que en lugar de hacer eso, el gobierno le da más pesos por dólares de exportación a determinados sectores, como los 200 pesos del dólar soja, o rebaja retenciones o cargas tributarias. El ajuste debería recaer en los que más se beneficiaron durante el último tiempo. Que son los mismos que se benefician y especulan con la abusiva y monopólica suba de precios de los alimentos. A esos hay que cobrarles más. Pero antes hay que definir un proyecto de país vinculado al desarrollo”.

Trampa impuesta

La desigualdad socioeconómica también se refleja en los impuestos, entre los que están vigentes y los que faltan, los excepcionales (grandes fortunas, o el todavía en gateras de renta extraordinaria o inesperada) y los no tradicionales que son resistidos con buena prensa, como las retenciones (derechos de exportación) a la actividad primaria, sobre todo en el complejo agrario.

Argentina tiene una estructura impositiva inequitativa aunque bastante progresiva si se compara con países de Latinoamérica. Igual, esa estructura tributaria se recuesta más en el consumo, en la clase media y sectores vulnerables. Y tiene altos niveles de fuga y evasión por parte de quienes tienen alta capacidad contributiva pero acumulan depósitos en cuentas offshore de guaridas fiscales.

Pese al marketing anti impuestos que engendran los grandes medios, la derecha política y el establishment empresarial, Argentina presenta una baja presión tributaria, está alrededor del puesto 35 a nivel mundial, y en la región se ubica tercera en el ranking por debajo de Brasil y Uruguay.

“El primer error que hay en la visión del impuesto a las Ganancias empieza por el nombre, cuando dicen «el salario no es ganancia». Debería llamarse impuesto a los altos ingresos, como en otras partes del mundo. Obviamente, no es lo mismo un ingreso de la cuarta categoría en el trabajo que las categorías de renta de capital, financiera, de la propiedad o la tierra. Hoy los salarios alcanzados por Ganancias, de 330 mil pesos, representan ocho veces la canasta de la encuesta de hogares que mide el Indec, que promedia un ingreso de 41 mil pesos mensuales por cabeza”, comparó Valerdi.

Para el economista, “en un país donde el 40 por ciento de la población está en la pobreza, no parece injusto pagar Ganancias, y no quiere decir que el que paga Ganancias tire manteca al techo. Hoy el puñado de trabajadores alcanzados por este impuesto tiene garantizados ciertos derechos. Ganancias es el impuesto más progresivo que tiene el Estado para redistribuir entre los que están más abajo”.

En esta línea de razonamiento, el docente de la Universidad de La Plata dijo que “por el principio de igualdad tienen que pagar Ganancias los jueces pero también las grandes empresas, las multinacionales, los más ricos. Pero si decís «yo no quiero pagar Ganancias y que nadie pague Ganancias» entonces podés caer en la trampa de la derecha de desmantelar el Estado y acogotarlo tributariamente”.

Valerdi, ex asesor del Banco Central, agregó: “Afip y otros entes recaudadores pescan en una pecera bastante chica, principalmente de clase media, por eso el dispositivo mediático con el discurso anti impuestos pega en ese sector de la sociedad. Pescan a la clase media mucho más fácil que a los ricos o las grandes empresas, que son grandes evasores. En Argentina hay alevosía para que el rico no pague impuestos, pero es mentira que la presión tributaria sobre los trabajadores sea altísima”.

Para el especialista en finanzas públicas, “es necesaria una reforma tributaria general. En su momento el kirchnerismo tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso y no lo hizo”.

Valerdi sostuvo: “Hay mucho por hacer en la administración tributaria para que Afip o Aduana se animen a tocar a las grandes empresas. La estructura de la ley de Ganancias avala que las multinacionales paguen pero dibujan los números para no pagar, como en el caso de Vicentin, donde hacen triangulaciones y vericuetos que nadie controla, o como otras cerealeras, mineras o empresas energéticas”.

Para el economista, “se necesita una reforma tributaria de fondo, porque en los últimos treinta años siempre se pusieron parches para conseguir recursos. La única vez que el gobierno les cobró más a los de arriba fue con el impuesto a las grandes fortunas, y lo hizo pidiendo perdón a los multimillonarios, recalcando que era por única vez. Ahí hay un problema”.

Salarios derretidos, ¿precios congelados?

A diferencia de la discusión que se dio durante el segundo mandato de CFK, con ingresos promedio que estaban por encima de la inflación, el reactualizado debate en torno al impuesto a las Ganancias se da en el marco de bolsillos arrollados por incesantes remarcaciones de precios.

El encarecimiento del costo de vida va limando los ingresos laborales. Las alimenticias empujan la inercia inflacionaria y amplían sus márgenes de rentabilidad. Mientras, el salario real promedio sigue perdiendo. No sólo no recuperó nada de la poda sufrida durante el neoliberalismo macrista, sino que continuó acortando su capacidad de compra, pandemia y guerra mediante.

De acuerdo a datos del Indec de agosto, en términos reales los salarios de los trabajadores privados registrados tuvieron un incremento del 8,1 por ciento y fueron los únicos que le ganaron por un punto a la inflación, que había sido del 7 por ciento. Sin embargo, los haberes del sector público en ese mismo mes crecieron un 4,2 y los no registrados un 5,4 por ciento, por debajo de la inflación.

En la misma semana que se habilitó un nuevo aumento en los combustibles, con el consiguiente golpe en toda la cadena productiva, el ministro de Economía Sergio Massa adelantó un plan de congelamiento de precios en alimentos, bebidas y productos de higiene durante cuatro meses a partir de diciembre, “los meses más calientes”, según dijo el jefe de Hacienda.

El cumplimiento de dicho programa estará bajo control ciudadano mediante una aplicación en el teléfono móvil que permitirá denunciar avivadas. Los formadores de precios, empresas productoras de bienes de consumo masivo nucleadas en la Copal que comanda Daniel Funes de Rioja, rechazaron de plano la iniciativa y, por las dudas, se mandaron otra ronda de remarcaciones. 

“Son pocos los sindicatos que pueden ganarle la carrera a la inflación. Por ejemplo, aceiteros, camioneros, bancarios, trabajadores del neumático, y algunos más. Otros con suerte empatan y una gran mayoría pierde. Hay muchos trabajadores que tienen sus ingresos en blanco y están por debajo de la línea de pobreza. Y peor los que están en la informalidad. Con una inflación desbocada, proyectada para todo el año casi al ciento por ciento”, advirtió Valerdi en diálogo con El Eslabón.

“Veremos qué pasa con la guerra de sponsors entre Massa y Macri a partir del congelamiento de precios. Esta puja se va a definir en los próximos meses y ahí se definirá también si Massa es presidenciable o no, o si se cae como ministro”, observó el economista.

“El consumo representa dos tercios del producto bruto interno. Con menos poder adquisitivo de los salarios, también se joden empresarios que venden menos en el mercado interno. Si no se recuperan los salarios no vamos a tener un crecimiento sostenido”, indicó.

En rigor, analizó, “si el gobierno da un bono, una suma fija o un refuerzo a fin de levantar un poco el poder adquisitivo de los que menos tienen pero sin controlar la inflación, vas a tener un problemón porque el gobierno no puede repartir plata sin tener la firme decisión de combatir en serio a los formadores de precios”.

“A priori el congelamiento anunciado parece positivo. De todos modos no es una buena idea anunciarlo con un mes de anticipación porque da tiempo a que la industria alimenticia aplique nuevos aumentos para cubrirse. Lo mismo pasó con la anticipada declaración de guerra a la inflación”, opinó Valerdi. 

Y concluyó: “Supongo que la iniciativa de congelar por cuatro meses, con un control popular y con la posibilidad de denunciar a quienes no cumplen es porque hay decisión política de sancionar a los que boicotean. Y no digo al súper chino de la esquina, sino a todas las empresas involucradas en la cadena de formación de precios. Igual, si el congelamiento sale bien, vale preguntarse: che, el día cuatro meses más uno, ¿qué onda?”

Después de haber sufrido la prisión como preso político, el reciente triunfo que pasará a la historia de Luiz Inácio Lula da Silva en el gigante vecino país sobre la derecha reaccionaria bolsonarista que lo encarceló reconfigura el mapa regional y despierta ánimos por estas tierras, pero se sabe que no la tiene fácil. Y acá los tiempos y las urgencias también repiquetean.

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