Adriana Cantero

 

A principio de los 90, cuando se armaban los lineamientos de lo que luego sería la ley federal de educación (24.195), ocurrió un hecho que transformaría la estructura del sistema educativo por largo tiempo. La senadora (PJ) catamarqueña Olijuela del Valle Rivas había leído que en España el modelo de escolaridad contemplaba la llamada Educación General Básica, más popularizada por su sigla EGB. Vaya a saber por qué cosas de la vida la senadora se enamoró de esa sigla, “se encaprichó” -al decir de la ex ministra Susana Decibe, quien reveló esta historia- y la EGB pasó a integrar la nueva estructura educativa argentina.

Ese capricho de la legisladora le costó caro al Estado argentino, pero más a la educación pública. En nombre de la EGB se deshacieron escuelas públicas enteras que perdieron matrícula y debieron convertirse en lo que imponía el proyecto neolibeal de entonces para poder subsistir.

Lo de la senadora catamarqueña es una anécdota -a fuerza de volver sobre ella una y otra vez- que ilustra qué pasa cuando las políticas educativas se hacen a espalda del pueblo y respondiendo a caprichos propios e intereses mercantilistas. Es que si hay una enseñanza reciente que dejó la llamada Reforma Educativa de los 90, es que no hay cambios posibles sin la participación de las educadoras y educadores que a diario trabajan en las escuelas. La sanción de la ley de educación nacional en 2006 (26.206) también lo demuestra porque, a diferencia de lo que pasó con la ley federal, se gestó a partir del debate y de escuchar el reclamo de la comunidad educativa. Y, sobre todo, permitió la participación legítima de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

Santa Fe tiene varias de estas “anécdotas” que responden a caprichos, intereses propios y hasta la ignorancia de las funcionarias y funcionarios que han pasado por la cartera educativa (hubo un fugaz ministro de Educación que llamaba a la EGB, EG3, y no en referencia al tercer ciclo sino al nombre de la empresa de combustibles; y otra ministra que promovió algo así como un casting para nombrar docentes).

La actual ministra de Educación Adriana Cantero también cosecha lo suyo en este terreno. Primero cuando fue directora de la Regional VI de Educación (1996-2000), y luego como ministra del área, durante el gobierno de Jorge Obeid. Cuando estaba en este cargo, entre la Navidad y el Año Nuevo (el 28 de diciembre de 2006), firmó una resolución (N°1637) por la cual ponía en marcha el Régimen de Promoción Directa, que en los hechos anulaba la repitencia en el primer ciclo de la primaria. Esto sin ningún intercambio de ideas con las escuelas. Desechaba así un rico debate pedagógico sobre los tiempos de alfabetización de las infancias. En 2008, un decreto provincial de la nueva gestión dejaba sin efecto esa decisión.

Otra vez las decisiones inconsultas se llevarían puesta a la docencia y las escuelas. Un aprendizaje -consultar, dialogar, intercambiar saberes- que para la ministra Cantero sigue siendo una materia pendiente o que nunca aprobó. Porque nuevamente arremete y a fin de año con medidas sobre las que no se sabe si reír o llorar. Eso sí, hay que reconocerle que en todos estos años ha perfeccionado su lenguaje barroco a la hora de redactarlas. Va como ejemplo parte de un párrafo de la Circular N°4/22 de la Subsecretaría de Educación Secundaria (con fecha 11 de noviembre), cuando se argumenta sobre cómo será la promoción de las y los estudiantes: “Entendiendo que los trayectos promueven un diálogo vinculante de habilidades en común a desarrollar entre los saberes que son propios de cada espacio curricular, el trayecto que quede conformado por un solo espacio curricular podrá integrarse a otro trayecto”.

A esta medida se suma la decisión oficial de extender las clases hasta el 23 de diciembre con las chicas y los chicos en las escuelas; unos para recuperar aprendizajes, otros para mostrar qué pasa cuando las docentes hacen paros para reclamar por mejores condiciones de trabajo.

Estas definiciones (sobre la promoción y la extensión hasta el 23) avanzan sobre el trabajo docente, la organización de las escuelas, desconocen la riqueza de experiencias pedagógicas que ya se implementan y hasta ignoran problemas de infraestructura nunca resueltos (hace poco el centro de estudiantes de la Escuela Nigelia Soria denunciaba que durante todo el año tuvieron un día menos de clases por semana por falta de aulas).

A la premisa de que sin la participación docente no hay cambios posibles hay que sumar que sin reconocimiento a su trabajo tampoco. “Ningún ministro o ministra de Educación que menosprecie tanto salarialmente al docente puede hacer la más mínima propuesta pedagógica” antes o después, advertía la doctora en educación Liliana Sanjurjo en septiembre pasado, ante la negativa del gobierno provincial a sentarse en paritarias y mejorar salarios.

Pero lo más grave de estas definiciones de políticas educativas sobre la educación secundaria y los aprendizajes del gobierno provincial es cómo se termina arrastrando a docentes, estudiantes y a la educación pública a una exposición desigual: porque los medios hegemónicos son expertos en rotular sin mayores explicaciones y las redes en fortalecer esos estigmas.

A este panorama desolador se suma cómo la derecha saca provecho de esta situación montándose en una especie de cruzada por la enseñanza, cuando en sus filas tienen a las y los mejores representantes de la mercantilización educativa y los detractores de los sindicatos docentes. Un ejemplo de esta afirmación es el reciente Encuentro Provincial por la Educación en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) -que por supuesto el tema fue la excusa para la foto de la oposición- en el que estaban desde el ex ministro de Macri Alejandro Finocchiaro, que pasó a la fama por perseguir a la docencia y anular las paritarias, hasta referentes de la pedagogía Disney.

De avanzar cualquiera de estos “frentes” que aseguran defender la educación pero que no dudan en considerarla como un servicio y no como un derecho, el daño será mayor. La experiencia del macrismo no debe olvidarse. Menos la de Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña.

La decisión de la ministra Cantero de llevar adelante estos cambios en la promoción como la de tener “entretenidos” a las y los adolescentes en las aulas hasta la Navidad es -una vez más- un flaco favor a la educación pública y sus docentes.

 

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