Las imputaciones a Sain y su equipo y la lista de querellantes constituyen la foto de la disputa política de los últimos años. Ganadores y perdedores provisorios. Perfiladores buenos y malos.
Equiparar una imputación –en la que se estima judicialmente la posible responsabilidad de un acusado en la participación de un hecho considerado delictivo– a una sentencia firme, es la segunda fase del proceso jurídico-político-comunicacional que se inició públicamente el 26 de noviembre del año pasado con los allanamientos sin testigos a la sede Rosario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, ordenados por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez –ahora retirada–, con el fin de condenar ante la opinión pública al ex ministro del área, Marcelo Sain, y a parte de su equipo en la cartera, que durante su gestión investigaron a quienes ahora son querellantes en la causa llamada de “espionaje ilegal”. Ese legajo judicial constituye la puesta en escena de la disputa política que se entabló en la provincia tras la asunción de Omar Perotti como gobernador y su decisión de “cortar el vínculo entre Estado y delito”, que incluía a sectores policiales, judiciales y políticos. En una reciente entrevista, Sain dijo que creyó en la determinación del mandatario, hasta que en marzo de 2021 advirtió que le habían torcido la mano. Antes de la audiencia de imputación del último martes, Nadia Schujman explicó de qué se trata el proceso: “La causa es el manual del lawfare y tiene un mensaje muy claro: los negocios no se tocan. Las alianzas históricas mafiosas en esta provincia no se tocan y quienes se atreven a tocarlas los hacemos bolsa”. La nómina de los imputados y de los querellantes del caso –el diputado Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri, el empresario de medios Gustavo Scaglione, una abogada ligada al intento de levantamiento policial de septiembre de 2020– conforma una fotografía de los eventuales ganadores y perdedores que hasta ahora dejó aquella disputa. Y es un mensaje contundente.
Pescador del MPA
El martes 29, un año después del allanamiento a Seguridad, los fiscales Hernández y Federico Grimberg –que reemplaza a Jiménez– imputaron al ex ministro Saín; al entonces secretario de Seguridad Germán Montenegro; a la asistente técnica de Control Policial Nadia Schujman; a los ex empleados de la cartera Diego Rodríguez y Pablo Álvarez; a las contratadas Milagros Bernard y María Moulins; y a la jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Cotichini, por los delitos de asociación ilícita, inteligencia ilegal, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de secreto, aunque no todos fueron endilgados a todos.
Tras más de un año de instalación en los medios de la existencia de una maquinaria de espionaje ilegal –el Pro santafesino llegó a denunciar escuchas ilegales–, los fiscales realizaron su tarea de dar a conocer a los acusados los delitos que se les imputan y las pruebas que creen tener para sustentarlos. En este contexto, la formalidad de la audiencia imputativa es empleada ahora como la lectura de una sentencia.
La imputación confirma la presunción de que el fiscal Hernández se embarcó en una “excursión de pesca”, como se denomina en jerga judicial a las investigaciones montadas sobre un objeto procesal impreciso que cifra su tarea no en los actos o conductas presuntamente ilícitas, sino en lo que se denomina “derecho penal de autor”.
Es decir, apuntarle a alguien por ser ese alguien y después buscar si existe alguna evidencia para construir un caso. Una forma de persecución política.
La mayoría de los delitos imputados por los fiscales tienen sustento –al menos en lo que se conoció hasta ahora– en los audios extraídos del teléfono particular de Schujman, no en evidencia previa sobre la presunta existencia de una asociación ilícita que permitiera ordenar el allanamiento y el secuestro de los equipos informáticos.
En una entrevista en Radio Universidad, esta semana, Sain dijo sobre la imputación que está “toda basada en audios de teléfonos que fueron secuestrados, la mayoría de esos audios los desconocían ellos cuando secuestraron los teléfonos. Es decir, no se secuestró el teléfono en función de constatar algún tipo de vínculo al respecto, sino que a partir del secuestro de esos teléfonos se empezó a indagar su contenido y fueron descubriendo estas cosas. Una investigación a la pesca en términos generales”.
En su declaración el día de la audiencia imputativa, Schujman resaltó que “no sólo no respetaron la objetividad y se lanzaron a una excursión de pesca permanente, sino que también violaron la ley y nos negaron las garantías constitucionales más básicas”.
Incluso, Hernández fechó el inicio de la supuesta asociación ilícita el 30 de diciembre de 2019, a los pocos días de haber asumido los funcionarios. Como si la conformación de la grilla del Ministerio de Seguridad hubiese estado destinada a delinquir.
Inteligencia y competencia
Llamó la atención también la acusación por violación a la ley de Inteligencia nacional, un delito de competencia federal. Si bien esa fue la acusación pública realizada por el ex progresista Pullaro antes de que terminaran los allanamientos del 26 de noviembre de 2021 –cuando habló con clarividencia y como portavoz del MPA acerca del secuestro de “miles de carpetas” antes de que concluyera el procedimiento–, y fue sostenida incluso por el fiscal General, Jorge Baclini, la especie perdió fuerza cuando en marzo pasado el juez penal Sebastián Creus la desestimó al intervenir en un incidente del caso.
En aquella oportunidad, en la que concedió el planteo de los fiscales para duplicar los plazos y el de las defensas de poder acceder a las evidencias del legajo, el camarista Creus sostuvo que no había pruebas para “afirmar” la presunta violación a la ley de Inteligencia.
Y aclaró que aun cuando si fuera así, “se debería poner en cuestión la competencia de la justicia ordinaria” al tratarse de un delito de jurisdicción federal.
En ese fallo les habló a Pullaro y a Hernández: “En este sentido, aun cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como «espionaje», en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”.
La defensa de Schujman, Cotichini, Álvarez, Rodríguez y Bernard, a cargo del ex ministro de Justicia, Juan Lewis, actuó de manual: el miércoles a las 7 de la mañana interpuso un planteo de incompetencia para que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no continúe con el caso, al considerar que debe tramitarse en la Justicia Federal.
En una rueda de prensa posterior a las imputaciones, los fiscales Hernández y Crimberg dijeron que “entendemos que la competencia federal es excepcional, atribuimos las maniobras de inteligencia ilegal pero no amerita la competencia federal”. El conflicto se resolverá en una próxima audiencia, que tendrá como magistrado al juez Jorge Patrizi.
El perfilador bueno
Otro elemento llamativo del caso, si no fuera porque luce un incontrastable trasfondo político, es que por hechos similares por los que los fiscales entienden que Sain y su equipo incurrió en el delito de violación de la ley de Inteligencia, debería investigar también a su antecesor en la cartera, el portavoz Pullaro.
Como publicó El Eslabón, en un disco rígido externo aportado por una testigo de identidad reservada del caso, los peritos del MPA encontraron y recuperaron archivos eliminados que contenían perfilamientos del secretario general de UPCN, Jorge Molina, y de buena parte de su familia y allegados, realizados durante la gestión del ahora diputado provincial de Juntos por el Cambio.
En la entrevista mencionada, Sain dijo que también hay en el legajo perfilamientos realizados por la gestión de Pullaro a la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas, actual vicegobernadora.
“A lo largo de esta investigación comenzaron a surgir un montón de informaciones de los distintos allanamientos y de los aportes de los denunciantes, de una labor que se hacía en el Ministerio durante la época de Maximiliano Pullaro, que eran perfiles y análisis criminal siempre a partir de fuentes públicas, sobre empresarios, sindicalistas, políticos”, contó.
“Eso se hacía en distintas áreas, que yo ayer mencioné en mi alocución, y que son registros que están dentro de la causa pero el fiscal a eso no le presta atención. Y eso es interesante, porque si nosotros hicimos espionaje sobre la base de lo mismo que hizo Pullaro, no entiendo por qué no hacemos extensiva la asociación ilícita para atrás”, abundó Sain.
En esa línea, añadió: “Yo creo que no es delito ni lo de Pullaro ni lo nuestro, lo que hacíamos es indagar sobre fuentes públicas no restringidas los delitos de poder, las estructuras criminales que protegían a los delitos de sangre, particularmente las estructuras policiales, judiciales o políticas, y sobre la base de eso establecer estrategias que habían sido marcadas por el gobernador”.
En su declaración el día de la audiencia, el ex ministro sostuvo que “el grueso de la información se elaboró con datos de acceso público que, aún obtenidos en el marco de empresas que organizan esa información y que se compran (como Nosis o Sudamericadata), las tienen periodistas, fiscales, todo el mundo”.
Agregó que “queda claro que la información de acceso restringido tiene que tener autorización jurisdiccional. Acá nadie ha trabajado sin la debida autorización. Esto se inauguró con un grado de sistematización importante en las gestiones precedentes. Muy particularmente en la gestión de Maximiliano Pullaro”.
A la vez, aclaró que la recopilación de esos datos en la cartera de Seguridad, tanto en su gestión como en la de su antecesor del Frente Progresista, no constituye delito.
“Nosotros no chupamos el teléfono de nadie, no nos metimos en el correo electrónico de nadie, no nos metimos en la casa de nadie, no hicimos seguimiento de nadie y toda la información que ayer se ventiló –que se decía que era información de inteligencia–, sí era información reservada y está dentro del marco de causas judiciales que comprometían a la mayoría de los querellantes. Los querellantes quieren que ventilemos todo esto para que sus causas se caigan”, advirtió.
Causa política
Iniciada con una denuncia por mail del tuitero bueno Víctor Moloeznik, ex militante de Franja Morada y funcionario de dos gobiernos del Frente Progresista antes de recaer en el Organismo de Investigaciones (OI, la policía judicial del MPA), la causa continuó con las declaraciones de personal del mismo organismo, militantes radicales que ingresaron a la institución desde el Ministerio de Seguridad por su ligazón con Pullaro, el diputado Juan Cruz Cándido y otros referentes de la UCR.
Iniciada en agosto de 2021, recién adquirió estado público en noviembre con los allanamientos al Ministerio de Seguridad. Según Sain, quien avisó a la Fiscalía que parte de su equipo limpiaba las oficinas el 26 de ese mes fue su titular, el ministro Jorge Lagna, quien veía fantasmas en los funcionarios que venían de la gestión de su antecesor.
Durante su declaración del martes, Sain le dijo al fiscal Hernández que “como no pudo construir un caso penal” se inclinó por “hacer una operación política”.
“Nosotros hicimos lo que no se animaban a hacer en el Ministerio Público, que es investigar a las grandes estructuras criminales que sobran en la provincia, por sus vínculos con sectores del Poder Judicial, la Policía de Santa Fe y la política”, agregó.
Para el ex ministro, “esta causa tiene tres objetivos: la persecución política; derrumbar causas judiciales en curso y aleccionar a otros funcionarios para que no incurran en lo que nosotros incurrimos, que es perseguir a las mafias”.
Sostuvo que “lo que ustedes llaman informes de inteligencia son informes realizados en el marco de investigaciones judiciales” y añadió que “ustedes no son inocentes, porque saben que ventilar estas causas va terminar derrumbando muchas de esas investigaciones, en las que muchos querellantes tienen un interés puntual”.
En el caso del precandidato a gobernador Pullaro, Schujman lo denunció por el uso de alrededor de un millón de pesos de gastos reservados del Ministerio para solventar la defensa particular de policías implicados en el caso de desaparición forzada seguida de muerte del joven Franco Casco, en la comisaría 7ma de Rosario.
Exposición
En su declaración del martes pasado, Schujman relató por qué pidió el apartamiento del fiscal Hernández de la investigación. Por la enemistad manifiesta entre el titular de la Fiscalía Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, con el ministro Sain, y por una discusión que ella mantuvo con su ahora acusador en el despacho del secretario de Política Criminal, en el que quedaron marcadas “profundas diferencias”.
“Desde ese momento prácticamente no nos hablamos más, siendo que antes de ello por cuestiones laborales teníamos un dialogo fluido”, recordó, y volvió a plantear la violación al principio de objetividad del fiscal.
Siguió Schujman: “Pero la entrega por parte de esta Fiscalía de información a los medios de comunicación y políticos de la provincia llegó a su punto culmine con la extracción de mi teléfono personal. Se entregó toda la extracción de mi teléfono a todas las querellas, y la misma ya circula por un número indeterminado de personas. Esto además de la violación más obscena a mi derecho a la intimidad, me ha puesto en un grave peligro”.
Es que, explicó la abogada de la agrupación Hijos y querellante en causas de delitos de lesa humanidad, “se les ha entregado a los sectores más peligrosos de la Policía de la provincia investigaciones en curso, detalles y el nombre y las fotos de las personas que las llevábamos (adelante), de modo absolutamente legal y no como quieren presentar ustedes los hechos”.
“Por eso quiero dejar dicho que si algo me sucede, nos sucede, serán ustedes también responsables”, apuntó, y brindó detalles de dos ejemplos puntuales.
En ese sentido, Schujman dijo que “otro ejemplo es la cantidad de policías que se están presentando en esta causa, que no vienen solos, alguien los llama”.
“Esto además me lleva a señalar una metodología inédita, en la que la Fiscalía y el señor Víctor Moloeznik llamaban a personas para alentarlas a que se constituyan como querellantes. Luego de esta modalidad que se dio por varios meses, como señalamos en los medios nuestra sorpresa y lo llamativo que era, la gente empezó a presentarse espontáneamente a ver si era víctima”, dijo, para agregar que es algo así como “ya que estoy, paso por acá y pregunto”.
Y concluyó: “Lo último que vi es que se presentó el policía Martín Oliva (íntimo amigo de un pretenso querellante funcionario del OI y ex funcionario de Pullaro) que era investigado en la justicia federal, y que ustedes se encargaron de arruinar dicha investigación, como tantas otras, exponiéndome con personas sumamente peligrosas”.
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