Las reservas del Banco Central flaquean, el FMI audita las cuentas y el gobierno del FdT vuelve a conceder un dólar preferencial al complejo agroexportador: una devaluación a medida. A la par, inflación mata salarios.

Con una mochila que carga los desastrosos resultados del neoliberalismo macrista, recesión seguida de pandemia, más los errores autoinfligidos que abren grandes interrogantes de cara a las elecciones de 2023, el gobierno del Frente de Todos se propone políticas de estabilización económica, dentro de la emergencia y los límites que marca el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por la deuda-bomba que dejó Cambiemos.

Si bien resiste una maxidevaluación con la que extorsionan poderes concentrados de la economía, la gestión de Alberto Fernández cede ante algunas maniobras especulativas, en un contexto de inflación salvaje cuya medición anual se acerca a los tres dígitos, con alarmante impacto en los precios de la canasta alimentaria.

El cuadro se completa con una distribución regresiva del ingreso pese a los incrementos en paritarias, en el salario mínimo, jubilaciones y programas sociales auxiliados por bonos, que, en general, resultan insuficientes frente al deterioro en las condiciones de vida que padecen las mayorías populares.

Verde soja

A los efectos de cumplir las metas de acumulación de reservas en el Banco Central y de déficit fiscal que impone el Fondo, el gobierno nacional volvió a rendirse ante la presión de los agroexportadores y puso en vigencia la segunda temporada del denominado dólar soja. Se trata de un tipo de cambio preferencial, a 230 pesos por cada billete verde (contra 165 pesos de la cotización oficial), para un sector de la economía con ganancias extraordinarias.

Los dueños de los dólares están establecidos en el polo productivo-portuario del Gran Rosario. Estas compañías, la mayoría multinacionales, son las que más divisas aportan a las arcas del país por medio de los embarques de granos y productos derivados, como soja y aceite. También tienen (re)marcada incidencia en la producción alimenticia con destino al mercado interno.

En el primer día del nuevo tipo de cambio diferencial para “el campo”, los monopolios del agropower ingresaron al mercado de cambios local 292 millones de dólares (equiparando valores registrados durante la primera versión de este beneficio) y quintuplicaron el promedio diario de noviembre que rondaba los 50 millones. El gobierno estima captar del complejo sojero como mínimo unos 3 mil millones de dólares, que para el sediento Banco Central se traduce como agua en el desierto.

Así, con la tonelada de la oleaginosa cercana a los 85 mil pesos, según la Bolsa de Comercio de Rosario (estaba alrededor de 65 mil antes de la implementación del nuevo mecanismo de comercialización), las grandes cerealeras abrieron el chorro y empezaron a vender parte del stock almacenado (se calcula en más de 10 millones de toneladas), con la consiguiente aceleración en el ritmo de liquidación de divisas aprovechando la alta rentabilidad que les da el dólar soja.

Las últimas semanas volvió fuerte la especulación en torno a los dólares paralelos y con ello la presión devaluatoria que se agita una y otra vez. En los años 20 y 21, el gobierno quemó un fabuloso superávit comercial, de unos 35 mil millones de dólares. Aumentar reservas puede ahuyentar fantasmas devaluacionistas, que dan pavor en una economía con crisis más micro que macro, sobre todo por el alto nivel de inflación y la consiguiente pérdida de poder de compra de salarios e ingresos y engrosamiento en niveles de pobreza e indigencia.

Si bien el dólar soja 2 abarca a productores agrarios que pudieron aguantar la mercadería en silobolsas, la mayoría ya se desprendió de los granos en el inicio de la nueva campaña, algo demorada por la sequía. La mayor parte de los porotos de la cosecha anterior están en manos de acopiadores y exportadores.

En rigor, la Federación Agraria criticó el relanzamiento del dólar soja que se extenderá hasta fin de año, al tiempo que subió la apuesta y reclamó una rebaja o eliminación de las retenciones más allá de cualquier medida temporal: “Sólo sirvió para seguir concentrando, beneficiando a actores que no somos los productores, menos aún a los pequeños y medianos que directamente ya no tenemos soja para vender”.

El nuevo mecanismo del dólar soja anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, es una reversión del que se aplicó en septiembre pasado, cuando la moneda estadounidense cotizaba a 140 pesos a precio oficial y el gobierno otorgó al complejo sojero un dólar a 200 pesos para tentar a los pulpos del agronegocio a que vendan los granos y liquiden divisas.

La polémica medida tuvo buenos resultados desde el punto de vista recaudador. Sin embargo, dos meses después, el Banco Central vuelve a estar apretado, con pérdidas de reservas netas y, como rehén del primer dólar soja, el gobierno les da otro regalito a las agroexportadoras.

Massa presentó la medida como un “fomento a las exportaciones del complejo agroindustrial, con la idea de llegar al 30 de diciembre y batir record de ventas al exterior de granos y derivados y así cumplir con la agenda de seguridad alimentaria y de pelea de proteínas que se da a nivel mundial”, acentuada primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania. El ministro también resaltó que la idea era “alinear incentivos para fortalecer reservas a partir de una mayor actividad y recaudación”.

Una comitiva encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajó a Washington para reunirse con autoridades del FMI y obtener la aprobación de la tercera revisión del programa de refinanciación de la deuda heredada del macrismo, que permitirá a la Argentina recibir un desembolso de 5.800 millones de dólares antes de fin de año. Mientras avanza el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos para el blanqueo de dólares, el modelo Massa busca recortar la tasa de inflación, que sigue siendo el gran problema a resolver.

Con Precios Justos, un programa de control de precios que por el momento se encuentra en grandes supermercados de las grandes ciudades, a la vez que continúan los aumentos en pequeños comercios, sumado el retoque periódico en combustibles que parece ir a contramano de la idea de enfriar el índice de precios al consumidor, en el gobierno confían que la inflación de noviembre perfore el piso del 6 por ciento por primera vez desde junio y empiece a transitar un camino descendente.

Lo cierto es que la escalada inflacionaria no da respiro a las mayorías, que reciben contribuciones minúsculas comparadas con los subsidios al chantaje de las cerealeras, favorecidas con una devaluación a medida. Las mismas compañías, dicho sea de paso, a las que no se investiga con el mismo ímpetu pese a las denuncias de maniobras fraudulentas, como sí se hace con beneficiarios de planes sociales, fomentando la estigmatización de los sectores más vulnerables que propagan grandes medios de comunicación.

Otro trato

El gobierno de Alberto Fernández otorga aumentos en programas sociales como el Potenciar Trabajo, la asignación universal por hijo y la Tarjeta Alimentar, pero los mismos corren detrás de la inflación. Sindicalistas y empresarios, con la venia del Estado, acordaron días atrás en el Consejo del Salario una suba del 20 por ciento del salario mínimo, vital y móvil en cuatro cuotas: 7 por ciento en diciembre, 6 en enero, un 4 en febrero y otro 3 por ciento en marzo de 2023, cuando el haber de referencia llegue a casi 70 mil pesos.

“En marzo de 2023 el salario mínimo en términos reales va a ser un 15,9 por ciento más bajo que en diciembre de 2019. De hecho, durante toda la gestión del FdT el valor real del salario mínimo se mantuvo por debajo del nivel que tuvo en el cambio de gobierno”, sostuvo Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

“Si miramos el largo plazo, el salario mínimo se ubica en términos reales en los mismos valores de 2004. Tuvo una fuerte caída entre 2015 y 2019 (27,3 por ciento) y ajustó un poco más entre 2019 y 2022 (9,3 por ciento), en este último período por el retroceso de 2020”, indicó Campos, y completó: “Entre los afectados directos por este ajuste en el salario mínimo están beneficiarios de programas sociales que reciben el salario social complementario, paritaria nacional docente, jubilados que cobran la mínima. Y entre los indirectos, están trabajadoras de casas particulares y municipales”.

Según un informe de Cifra-CTA de los Trabajadores, en octubre de 2022 el salario mínimo real cayó un 10,9 por ciento con relación a diciembre de 2019, y quedó un 31,3 por ciento por debajo de diciembre de 2015. De acuerdo al indicador del Indec, una canasta básica, lo que se necesita para no ser pobre, para una familia de cuatro integrantes ronda los 140 mil pesos mensuales.

Con diferentes resultados entre gremios, con pocos sindicatos empatando o ganando, la mayoría de las negociaciones salariales del sector formal quedarían por debajo de la inflación en 2022, estimó el Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso).

Para el economista Claudio Lozano, “en el marco de los últimos datos de inflación y en un contexto de enfriamiento de la actividad económica donde se deterioran los ingresos y se debilita la generación de empleo, cada punto de inflación implica la posibilidad de mayores niveles de pobreza. Lo cual es aún más preocupante en el contexto de la afirmación de un nuevo escalón en materia de pobreza que vive hoy la Argentina”.

Con abusos de los formadores de precios mientras acumulan ganancias exorbitantes, Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. La inflación y la desigualdad son problemas globales, al igual que el fenómeno de los trabajadores pobres. Los costos de alimentos básicos aumentan en todo el planeta. Por ejemplo, se conoció la noticia de que en Inglaterra roban carne en los supermercados porque “trabajar ya no alcanza para comer”. En Argentina, tierra de vacas, cae el consumo de carne, y no porque la gran masa del pueblo haya decidido apegarse a la dieta vegetariana.

El gobierno del FdT entró al siempre caliente diciembre, último mes del año, el mes de las fiestas, entre reclamos callejeros por “una Navidad sin hambre”, mientras se juega y apasiona un Mundial de fútbol en arenas futuristas a 14 mil kilómetros de distancia. También con la vicepresidenta CFK sometida a un “pelotón de fusilamiento” judicial, político y mediático, según sus palabras pronunciadas por Zoom en el tramo final del juicio que se le sigue por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en las que ventiló las “veinte mentiras de la causa Vialidad”.

“¿Nosotros estafamos al país, cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy? ¿Esto es una defraudación al Estado?”, preguntó Cristina al tribunal, comparando sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner con la gestión Macri e incluso con la etapa actual del gobierno que ella integra y critica. Acto seguido, remató: “Sin embargo quienes trajeron el Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar mirando el mundial”.

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