Cristina le avisó al poder real, que sintetizó en la figura del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, que no será su mascota. También anunció que no será candidata, y denunció la ciénaga del Poder Judicial.

El arquero del Liverpool en el torneo de fútbol que se juega en la quinta de Mauricio Macri conocida como Los Abrojos, Rodrigo Giménez Uriburu, y los también jueces del Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal, Jorge Gorini y Andrés Basso, leyeron esta semana una sentencia condenatoria a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como ella misma había adelantado, en el juicio conocido como “Vialidad”. Lo central de la parte resolutiva del fallo no es la condena a 6 años de prisión –el fiscal y coequiper de Giménez Uriburu en Liverpool, Diego Luciani, había solicitado el doble de pena– sino la inhabilitación por 12 años para ejercer cargos públicos. Es decir, la posibilidad de ubicarla fuera de la cancha de la política, arena en la que en los últimos 20 años CFK se negó a ejercer de dócil clienta del dueño del pet shop. Por eso la respuesta al fallo no fue dirigida a los jueces del TOF2 sino al director ejecutivo y accionista del multimedios Clarín, que al parecer paga las cuentas de las ocultas escapaditas de jueces a la mansión que el amigo de Macri, Joe Lewis, posee en Lago Escondido. “Mascota de usted, nunca, jamás”.

“No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás”, fue la frase completa de CFK.

De ese modo, Cristina no les habló a los perros falderos que a pesar de tener salarios altísimos y estar exentos –por una decisión corporativamente propia– del impuesto a las Ganancias aceptan posibles dádivas para afear con sus presencias los bellos paisajes patagónicos, sino al titular del pet shop. Como se suele decir, al poder real. O, digamos, al dueño del circo.

La sentencia contra Cristina no tiene efectos reales en lo inmediato. Tanto la condena a prisión cuanto la inhabilitación para ejercer cargos públicos podrán efectivizarse una vez que la resolución adquiera firmeza.

En los parámetros habituales del Poder Judicial argentino eso podría ocurrir en varios años, pero la intencionalidad política del caso puede obrar milagros como los demandados a San Expedito. En cualquier caso, los fundamentos del fallo recién se conocerán en marzo del año próximo, cuando esté en marcha el proceso electoral. A partir de allí corren los plazos procesales para las apelaciones, que deben sortear dos instancias.

La Corte de Macri resolverá en la última de ellas.    

Finalmente, y como era esperable, Cristina fue condenada por defraudación al Estado pero absuelta por el delito de asociación ilícita que le imputaron los fiscales Luciani y Sergio Mola. El planteo era tan absurdo como que el Frente para la Victoria ganó las elecciones para poder montar una empresa criminal en el Poder Ejecutivo y buena parte de la estructura del Estado. Hay quien lo cree, es cierto.

Ilustración: Facundo Vitiello | El Eslabón

El tribunal también condenó al empresario Lázaro Báez a seis años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti también los sentenció a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) Héctor Garro.

En tanto, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de funcionario público.

Es raro como Cristina, que era superior de De Vido, participó de una cadena de mandos destinada a la defraudación del Estado mediante el otorgamiento de obra pública en Santa Cruz a Báez, que era aprobada por el Congreso y ejecutada por Vialidad provincial, sin la participación del ministro de Planificación Federal.

La ciénaga

Pero preguntarse por las razones jurídicas constituye un error y una pérdida de tiempo, porque la causa es política, como la de lawfare a la santafesina que involucra a exfuncionarios del Ministerio de Seguridad provincial (ver aparte).

Así respondió Cristina, que no hizo referencia al Tribunal –de sus desbarajustes se había encargado cuando dio sus últimas palabras y en intervenciones públicas a través de redes sociales– sino a la ciénaga que empezó a destaparse tras el hackeo del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

“Hablé con Marcelo D’Alessandro y confío en sus palabras”, dijo el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, una vez desatado el escándalo que involucra a jueces, a su ministro y directivos de Clarín.

En uno de esos audios, en los que especulan que la filtración a los medios se hizo a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), D’Alessandro le dice a su interlocutor que si llega a ser ministro de Seguridad nacional disuelve esa fuerza. Y agrega sobre el jefe de la PSA: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar…”. Rodríguez Larreta confía en las palabras de su ministro.

Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Clarín, le responde en el chat a D’Alessandro: “Pasen alguna info de este personaje que escribimos una notita!!”. El uso de los más de cien medios independientes del Grupo para una operación político-periodistas es, por lo menos, menos violento que el planteo purgante del ministro.

Mascota no

La condena a Cristina, como era previsible, agiganta su figura y le otorga aún más centralidad de la que ya poseía en la política argentina y latinoamericana. Construida públicamente por los medios de comunicación monopólicos –como voceros del mismo poder concentrado que integran– como corrupta desde el inicio de su primera gestión de gobierno, las tapas de Clarín sólo alimentan los odios preexistentes.

“Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una «candidata condenada, con inhabilitación perpetua»”, aseguró CFK en un mensaje emitido inmediatamente después de conocida la sentencia.

“¿A mí administración fraudulenta del Estado y a éstos, los amarillos, que les dejaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasean orondos en los aviones de Clarín… No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué?, porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás”, agregó.

Y siguió: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero (Néstor Kirchner)”.

En un extenso discurso, la vice dio detalles de un entramado de acuerdos –plasmado en una conversación que se hizo pública días atrás– entre jueces, funcionarios macristas y empresarios para invisibilizar un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido. “Si uno mira, está todo el fuero federal: el penal, penal económico y el contencioso administrativo”, dijo Cristina.

Foto: Télam

Dio detalles de los lazos familiares y vinculares entre los pasajeros, que se trasladaron a ese lugar patagónico en un avión del Grupo Clarín: Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la Side); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarín); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (del Grupo Clarín y sobrino de Magnetto). Hermoso club de amigos.

La vicepresidenta agregó: «Eso sí, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta”, apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1º de septiembre en las inmediaciones de su casa.

“Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota”, advirtió, para agregar: “Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita”, dijo citando la canción de Los Redondos.

Cristina, además, remarcó que “la condena real” que recibió el martes fue la “inhabilitación a ejercer cargos públicos electivos” y evaluó que, justamente, lo que le “están cobrando” y, por eso, la inhabilitan es haber logrado llevar al Gobierno al peronismo en cuatro oportunidades.

«Todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular: cuatro Gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo; eso es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos», señaló.

Insistió con que existe en la Argentina “un Estado paralelo y una mafia judicial”, algo que –a su entender– ya excedió los términos de “lawfare” o “partido judicial”.

Para Cristina Fernández, eso quedó confirmado con la filtración del viaje de ex funcionarios, magistrados y ex agentes de inteligencia a Lago Escondido.

“Estos jueces tienen que ver con el sistema que domina la Argentina”, denunció la Vicepresidenta, y relató una serie de vinculaciones entre los pasajeros del avión a Lago Escondido y las causas abiertas en su contra, además de las publicaciones en lo que llamó un “periodismo unificado”.

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