El presidente Pedro Castillo fue derrocado por el Parlamento tras intentar disolverlo. Pero su destitución era una sentencia firmada desde antes de que asumiera. Las fuerzas de seguridad siguen masacrando a quienes salieron a las calles a defender la democracia.
Sangre del pueblo derramada, una vez más. Muertos en las calles de Perú. Decenas de heridos, algunos muy graves. Y cientos de detenidos. Los poderes fácticos hace más de 16 meses que vienen trabajando para que la sangre llegue a las calles.
Los partidos de derecha y ultraderecha (más específicamente la mafia fujimorista, desembozada defensora del terrorismo de Estado), los grupos económicos más concentrados, los medios hegemónicos, los servicios de inteligencia y buena parte de los poderes Judicial y Legislativo son los responsables de la masacre.
Y a estos actores sociales antidemocráticos hay que sumarles la acción decisiva de los que tienen los fierros: los asesinos del pueblo, la policía que masacra niñas, niños, mujeres y hombres que, sin embargo, permanecen en las calles, cortan rutas y ocupan edificios en defensa de la democracia. El Ejército y la policía matando a mansalva, como quieren la derecha y las corporaciones.
El miércoles 7 de diciembre el Congreso de Perú aprobó con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, la destitución del presidente, quien había anunciado que iba a disolver el cuerpo pocas horas antes, frente a la inminencia de su derrocamiento. La decisión del legislativo provocó la renuncia de los ministros de su gabinete. Y la vicepresidente Dina Boluarte pasó a ocupar la primera magistratura.
Mientras tanto, miles de manifestantes ocuparon las calles, algunos apoyando la decisión del Parlamento; pero la enorme mayoría a favor de Castillo, y sobre todo de la democracia. La respuesta de las fuerzas de seguridad repite los capítulos más sangrientos de la historia: salieron a matar a su propio pueblo.
Nada más fácil que derrocar al presidente
El Parlamento peruano destituyó, una vez más, a un jefe de Estado apelando a la ambigua figura de la “incapacidad moral permanente”, un concepto tan amplio e impreciso que puede ser manipulado con facilidad. Con esta estratagema echaron de la presidencia a Martín Vizcarra en 2019, por sólo tomar un ejemplo.
Además de la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment, el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros, obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de confianza del Congreso. Si la confianza le es negada, el gabinete cae. El Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de confianza le es negado dos veces, queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición (lo intentó dos veces antes bajo esa figura), pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.
El manotazo de ahogado del mandatario, un presidente sin poder, cercado y acorralado desde antes de asumir, fue disolver el Congreso y decretar un estado de excepción. Los congresistas golpistas lo consideraron un “golpe de Estado”, y se pusieron del lado de los buenos y los republicanos, pese a que vienen atacando las instituciones desde hace años. Incluso trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el ex presidente Alberto Fujimori en 1992.
Un golpe cantado
El golpe contra el presidente Castillo comenzó a urdirse antes de que asumiera, apenas ganó las elecciones. No hubo ningún secreto en esto. Ninguna conspiración. Los poderes fácticos lo dijeron públicamente, a viva voz, como una sentencia escrita de antemano: No lo vamos a dejar gobernar, y lo vamos a derrocar cuanto antes. Les llevó poco más de un año.
Castillo ganó las elecciones el 6 de junio de 2021. A las pocas horas, ya se registró el primer intento destituyente: recién fue proclamado el 19 de julio. La insólita demora fue una maniobra para ganar tiempo e intentar un golpe que le impidiera asumir, como el de Bolivia en 2019. No funcionó.
Pero siguieron intentando. El lunes 26 de julio de 2021, apenas dos días antes de asumir, el Parlamento dejó en claro que estaba dispuesto a no dejarlo gobernar, crear un clima de caos y destituirlo. Ese día, en el marco de la votación de las autoridades legislativas, la derecha le infligió una dura derrota al presidente electo. Mediante una interpretación tramposa del reglamento, el partido oficialista y sus aliados no pudieron postularse a la votación para elegir autoridades parlamentarias, de la que sólo participaron candidatos de derecha y ultraderecha.
Hubo 50 votos en blanco, del oficialismo y sus aliados que fueron impedidos de participar. Las bancadas de derecha y ultraderecha consiguieron 80 votos. Es decir, quedaron a apenas 7 votos del número tan temido: 87 sufragios son suficientes para destituir al mandatario. Dos veces intentaron llegar a ese número. Pero recién lo consiguieron el miércoles 7 de diciembre de 2022, cuando se consumó el golpe y destituyeron y encarcelaron al mandatario.
En noviembre de 2021, el Parlamento había dado otro paso destituyente, a través de una ley para debilitar todavía más al Ejecutivo. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó la modificación de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú.
La cuestionada norma, votada por la derecha, aprobada con 79 votos luego de que el Ejecutivo la observara, limita las facultades del gobierno frente al Congreso, prohibiéndole utilizar el pedido del voto de confianza para lo que se considere “facultades del Congreso” y para defender reformas constitucionales.
Los mandatarios pasan, los poderes fácticos quedan
En 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo luego de una investigación enmarcada en el Lava Jato, el proceso de la justicia brasileña contra la constructora Odebrecht. Tras la renuncia de Kuczynski se desencadenó un proceso de remoción de distintos mandatarios que ocuparon esa función, ya sea por voto en las urnas o como parte del proceso constitucional que está previsto en un sistema institucional que produce una gran inestabilidad.
Según señala el sitio del diario argentino El Cronista, el siguiente fue Martín Vizcarra, quien era vicepresidente de Kuczynski. Permaneció los casi tres años que faltaban de mandato hasta mayo del 2020. Se mantuvo hasta noviembre en el cargo hasta que el Congreso declaró su “permanente incapacidad moral” por un caso de corrupción cuando él era gobernador de Moquegua.
Tras la salida de Vizcarra, estuvo tan sólo cinco días Manuel Merino, entre el 10 y el 15 de noviembre del 2020. Este mandato terminó con su renuncia tras graves protestas en las que fallecieron dos personas. Su sucesor fue Francisco Sagasti.
Sagasti encabezó el autodenominado “gobierno de transición y emergencia”, y debió gestionar el grueso de la pandemia de Covid-19 entre fines del 2020 y julio del 2021. Se produjeron numerosas protestas sociales por los problemas económicos que trajo aparejada la pandemia y la cuarentena.
Y después llegó Castillo, que ganó con el 50,12 por ciento. Obtuvo 44 mil votos más que Keiko Fujimori, que demoró la proclamación alegando un inexistente fraude en las zonas rurales. Todos sus reclamos fueron rechazados por falta de sustento.
El ejército en la calle
Según señaló el sitio de noticias peruano El Comercio, el gobierno de Boluarte cumplió el sueño de la derecha. “El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que se declarará en emergencia la red vial nacional, a fin de garantizar el tránsito libre por las carreteras del país, en medio de las protestas y enfrentamientos en diversas regiones”, señala el medio de Perú.
Además, las Fuerzas Armadas resguardarán los activos nacionales, como aeropuertos y centrales hidroeléctricas.
Asimismo, se declaró el estado de emergencia en las regiones de Arequipa e Ica. Y los militares ayudarán a la Policía Nacional en el control del orden interno.
“Tenemos como Estado, como Gobierno, la responsabilidad constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos y es por eso que hemos tomado algunas decisiones. En primer lugar, mañana se va a reunir el Consejo de Defensa y Seguridad, en el que participan las Fuerzas Armadas y algunos sectores clave, para poder acordar una serie de propuestas que se han hecho y que lo hemos debatido hoy y que se han aprobado”, expresó el ministro de Defensa.
“Se va a declarar en emergencia la red vial nacional. Vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución les garantiza”, agregó.
“Se ha dispuesto la inmediata protección, a cargo de las Fuerzas Armadas, de los puntos estratégicos, de los activos nacionales, estamos hablando de aeropuertos, de centrales hidroeléctricas y de todas aquellas infraestructuras que, por su valor estratégico, sirve para asegurar la vida y la subsistencia de todos los peruanos”, finalizó.
La justicia rechazó apelación de castillo
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, resolvió rechazar el pedido de apelación del ex presidente Castillo, quien solicitaba se anule la detención preliminar en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración. Es así que Castillo Terrones deberá cumplir con los siete días que le impuso el juez Juan Carlos Checkley Soria y que demandaba el Ministerio Público, informó el medio peruano RPP.
Según explicó el sitio RPP, el juez San Martín consideró que el delito de rebelión no se da únicamente mediante el alzamiento en armas, sino que pretende quitar autoridad a las instituciones democráticas, a fin de concentrar todo el poder. Además, remarcó que al tratarse de un ilícito de intención sí permite la tentativa. Con respecto a la figura de conspiración, precisó que debe haber coautoría anticipada.
Anteriormente, durante la audiencia, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, abogados del ex mandatario, argumentaron que su defendido no habría cometido los delitos que se le imputan, pues para que se configure el ilícito de rebelión es necesaria la participación de varias personas y que, además, se alcen en armas. Los juristas precisaron que estos supuestos no ocurrieron y aseguraron que el ex mandatario no tenía intención de asilarse en México.
En respuesta a lo señalado, representantes de la Fiscalía señalaron que si bien es cierto que el ilícito de rebelión implica el alzamiento en armas, la interpretación debe ir por el lado de la protección del orden constitucional, el cual se pretendió quebrantar con el fallido intento de golpe de Estado.
Previo al fin de la audiencia, Castillo hizo uso de la palabra y señaló que su detención no había sido justa. Posteriormente, llamó a sus seguidores para que estén junto a él cuando culmine el plazo establecido de su detención preliminar.
“Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador ni corrupto ni matón. Pero quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, lucha e identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1.42 de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo. Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión”, aseveró.
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