Tras el golpe parlamentario contra Pedro Castillo, el gobierno provisorio de Dina Boluarte se convirtió en un régimen autoritario cívico-militar. Los medios hegemónicos aplauden con manos ensangrentadas.

En el marco de la deriva autoritaria tras el golpe del 7 de diciembre, se siguen cometiendo atrocidades contra el pueblo peruano que defiende la democracia en las calles. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que tienen el control operacional del país, avalados por el estado de excepción y el toque de queda, disparan a matar, torturan, plantan pruebas falsas y realizan detenciones y allanamientos de domicilios sin orden judicial. 

El gobierno provisional de la presidenta Dina Boluarte se convirtió en un régimen autoritario cívico-militar en el que la pata castrense tiene mucho más peso y detenta por estos días el poder real. Cuentan además con el aplauso, el aliento y el encubrimiento del gobierno, buena parte de los poderes Judicial y Legislativo, y los medios hegemónicos. El Parlamento dominado por la derecha y la ultraderecha (con una gran presencia del fujimorismo) fue el encargado de echar más combustible al fuego: votó en contra de todas las demandas populares. 

“Esto es una dictadura y la señora (Dina) Boluarte tiene que renunciar. Hoy tenemos una nueva muerte en Arequipa y se dice que habría más muertos. Los militares tienen que regresar a sus cuarteles”, señaló al diario argentino Página 12 el congresista del partido de izquierda Perú Libre, Jaime Quito. 

Los militares represores fueron los grandes protagonistas de la conferencia de prensa que la mandataria ofreció en el Palacio de Gobierno. Allí quedó claramente exhibido quiénes mandan en Perú, y cuán oscuros pueden ser los días por venir. En ese acto se justificaron los asesinatos de los manifestantes, y se reforzó la estigmatización (muy utilizada en toda la región) que tilda de “terroristas” y “violentistas” a quienes intentan ejercer su derecho a la protesta. Se trató de una ominosa oda a la mano dura y el terrorismo de Estado. Además del gobierno, los medios concentrados y las corporaciones también aplaudieron con sus manos ensangrentadas. 

La nota de Página 12 reproduce declaraciones de la congresista de izquierda Sigrid Bazán: “Se está buscando criminalizar, bajo la modalidad de «terruqueo» (término usado en Perú para definir acusaciones falsas de terrorismo) y de intimidación, a las organizaciones sociales que están movilizadas”, y que en ese contexto se ha dado el allanamiento policial a los locales del partido de izquierda Nuevo Perú y de la histórica Confederación Campesina del Perú. En los medios de prensa se han exhibido repetidamente machetes y hondas que la policía dice haber encontrado en ese allanamiento a los 22 campesinos alojados en esos locales para participar en las movilizaciones en Lima. A partir de ese anuncio policial se ha armado una narrativa que pretende presentar a la izquierda y a las organizaciones sociales como violentas y terroristas.

“Que se diga en los medios que había armamento y propaganda subversiva, lo que es falso, es un ataque dirigido contra la izquierda. Los campesinos que fueron detenidos dicen que esos instrumentos han sido sembrados. Esos machetes parecían nuevos, yo desconfiaría de su origen. Y hay que decir que machetes como esos forman parte de la indumentaria típica de distintas comunidades campesinas. No existe ningún reporte de heridos por machetes, lo que sí hay son muertos y heridos por proyectiles de armas de fuego”, dijo Bazán.

Firme contra el pueblo

El Parlamento unicameral está muy atento a los reclamos del pueblo. Para hacer exactamente lo contrario en defensa de sus propios intereses y los de sus jefes corporativos. Los manifestantes piden elecciones lo antes posible, y una Asamblea Constituyente que termine con la Constitución neoliberal y fujimorista sobre la que se sustenta un sistema político a todas luces inviable.

Pero la mayoría de los legisladores eligieron la provocación. En la sesión del viernes 18 se había discutido adelantar los comicios a diciembre de 2023. Pero en la última sesión ganó la postura de la derecha política y mediática aupada en las fuerzas represivas: las elecciones serán recién en abril de 2024. Tampoco aprobó otra de las demandas populares, acaso la principal: iniciar un proceso hacia una nueva Constitución.

En la nota publicada en Página 12 con el título “Perú: el Congreso aprobó adelantar las elecciones a abril del 2024”, el periodista Carlos Noriega analiza que con elecciones en abril de 2024, el cambio de gobierno sería en julio de ese año, un tiempo que en este escenario de indignación ciudadana por el profundo descrédito y alta impopularidad del Congreso y del Ejecutivo, es una eternidad peligrosa.

“Esa fecha de 2023 ya había sido aceptada por el gobierno y los organismos electorales. Pero inexplicablemente la derecha que controla el Congreso, encabezada por el fujimorismo, cambió y decidió aprobar una fecha posterior. La derecha bloqueó la propuesta de la izquierda para que junto a las elecciones adelantadas se realice un referéndum para que la población decida si se convoca o no a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal que viene de la dictadura del encarcelado Alberto Fujimori”, señala Noriega. 

El legislador de Perú Libre, Waldemar Cerrón, consideró que con la fecha aprobada para las elecciones y el rechazo a la Asamblea Constituyente “la convulsión social va a seguir”.

De acuerdo a una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, un 83 por ciento de la ciudadanía quiere un adelanto de las elecciones.

“Esto ya no puede llamarse democracia”

El sitio de noticias francés RFI conversó con la integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Mar Pérez, quien denunció graves torturas, pruebas plantadas, detenciones y allanamientos ilegales, entre otras acciones propias de una dictadura militar. 

“En Abancay detuvieron a cinco campesinos que estaban durmiendo en la calle. Les destrozaron todas sus pertenencias entre hombres y mujeres, y luego los ponen a disposición fiscal y se les libera. En Andahuaylas hemos accedido a imágenes que demuestran tortura contra las personas detenidas, fotografías que evidencian hematomas que presentan en gran parte de su superficie corporal, es decir, que han sido brutalmente golpeados durante su detención”, señaló Pérez al tiempo que mencionó que en Lima se están registrando asimismo muchas detenciones. “A jóvenes, sobre todo, pero también a personas que simplemente pasan por la calle y los detienen. Se denuncian en muchos casos golpizas por parte de la Policía al momento de intervenir en la calle, pero también dentro de los propios patrulleros en el traslado a las dependencias policiales. Y no hay una defensa pública eficiente”, agregó la integrante de la Coordinadora, que además aseguró que las organizaciones de derechos humanos tratan de estar presentes en el momento de las detenciones, pero no dan abasto. Los detenidos, por consiguiente, no tienen defensa, no hay fiscales presentes en los procedimientos y la policía tiene total impunidad para cometer abusos. 

 “La policía les hace firmar documentos que no reflejan la realidad de la detención. Pero lo que más nos está preocupando en estos momentos es que hay una escalada en la criminalización. Se produjo una intervención de la Dirección contra el Terrorismo, que es una unidad policial que investiga este tipo de delitos, están abusando del estado de emergencia”, indicó Pérez.

Foto: Martín Bernetti | AFP

“Esto ya no puede llamarse democracia”, consideró la militante. “Y no se va a terminar, porque además la presidenta ha dicho que ella no piensa renunciar y está avalando todos los abusos que están cometiendo. Las fuerzas del orden han desplegado a las Fuerzas Armadas y se siguen produciendo choques entre manifestantes y el Ejército y la Policía. Tenemos información de que están interceptando comunicaciones de las organizaciones sociales. Están utilizando el aparato de inteligencia para hacer seguimiento e investigar a personas simplemente porque son opositoras al gobierno, porque son personas de izquierda, porque pertenecen al movimiento social. Entonces esto parece que solamente va para peor”, concluyó Pérez. 

México dio asilo a la familia de Castillo

El ex presidente Castillo continúa encarcelado con prisión preventiva de 18 meses. Además, fue procesado por rebelión. La esposa del ex mandatario, Lilia Paredes, y sus dos hijos, de 16 y 10 años, se encuentran en la embajada de México en Lima y ya se aprobó darles el salvoconducto para que viajen a México. 

“Esta es una decisión independiente y soberana de México”, señaló el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, sobre el asilo dado a la familia de Castillo. El gobierno peruano declaró este martes persona no grata al embajador de México, Pablo Monroy, y le ha dado 72 horas para abandonar el país. 

El gobierno de Boluarte también expresó su disgusto con los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia por haber respaldado a Castillo. “Una injerencia inaceptable”, señaló la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi.

Pero la mayor bronca de la cancillería de Perú es con Colombia. Y más específicamente con las declaraciones del presidente Gustavo Petro. 

Según informó la revista colombiana Semana, Perú envió una nota diplomática a Colombia por declaraciones del presidente Petro sobre Castillo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se manifestó directamente ante Colombia frente a las expresiones de Petro sobre la crisis y el reconocimiento del gobierno de Boluarte.

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, las intervenciones desde el gobierno colombiano son especialmente graves por la violencia que vive el país.

En declaraciones recientes del presidente Petro a Semana, el mandatario se refirió a la situación de Perú y dijo “hay un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado y, aun así, lo captura su propia escolta de la Policía y lo pone preso”.

Para Petro, Perú vive una división entre los habitantes de Lima, capital del país, y la zona de la sierra. En el caso de Castillo, aseguró, el mandatario fue destituido por su origen. “Es de la Sierra. Lo tumban, entre otras razones, porque es de la Sierra, porque es pobre”, aseguró el mandatario.

El presidente de Colombia dijo que Castillo es para él una “víctima” y que los derechos políticos deben respetarse. “Nadie podrá quitarle los derechos políticos a un jefe de Estado, si no es por la sentencia de un juez”, manifestó.

Preocupación de la ONU y la OEA

Ante la gravedad de la situación, llegó a Perú una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos. 

Según informó el portal de noticias peruano RPP, Guterres, señaló que la realización de elecciones generales anticipadas en el Perú “puede ser un factor importante para restablecer la paz social en el país” frente a las protestas en diferentes regiones contra el Gobierno y el Congreso.

“Seguimos con mucha preocupación la situación en Perú y creemos que es absolutamente necesario que haya un diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales del país”, dijo el  secretario general de la ONU, al tiempo que recalcó que es “muy importante” que haya una “máxima contención y respeto de los derechos humanos ante las manifestaciones del pueblo”.

La Cancillería de Perú informó CIDH realizó una “visita técnica” desde el martes 20 hasta el jueves 22 de diciembre. “La visita tiene como objetivo verificar el cumplimiento del compromiso del Perú en materia de derechos humanos” a raíz de los últimos acontecimientos de violencia sucedidos en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se informó oficialmente.

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