La circulación del dinero narco, su visibilidad y condena social. Las cuevas como recipientes preexistentes del producto de otras tramas ilegales aceptadas: granos, inversiones financieras atractivas.
Los circuitos financieros opacos en los cuales los narco de la zona cambian millones de pesos de la venta ilegal de estupefacientes por dólares –necesarios para reaprovisionarse, porque es un mercado que, como el inmobiliario, opera en moneda extranjera– no fueron constituidos para ellos, al menos hasta donde se sabe, sino que eran preexistentes y por allí circula dinero negro de otras actividades ilícitas menos resonantes y más aceptadas socialmente, como la evasión impositiva o la comercialización de granos no declarados. En la penúltima semana del año hubo tres noticias sobre el mundo de los delitos económicos: la primera sentencia judicial de remate en el fuero civil contra el ex titular del Rofex (mercado de futuros), Luis Herrera, por una deuda de 370 mil dólares; el allanamiento a una mutual ubicada en Mitre al 900 de Rosario en una causa por estafas de un falso bróker de seguro, conocido periodísticamente como “chantapufi”; y la incautación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de 18 camiones con más de 600 toneladas “de granos provenientes de productores apócrifos”, según un comunicado del organismo recaudador.
Grandes fortunas
El juez civil y comercial de la 16ta nominación de Rosario, Mauro Bonato, firmó esta semana la primera sentencia de remate contra bienes del financista Luis Herrera, imputado junto a su esposa y dos hijos a principios de noviembre último por 85 casos de presuntas estafas, que el fiscal estimó en unos 7 millones de dólares de perjuicio para las potenciales víctimas.
En general, a Herrera no se lo apostrofa en la prensa como “temible delincuente” porque su conducta no provocó hechos de sangre ni daños materiales inmediatos como el robo de un celular. La presunción de inocencia le está garantizada, continúa el proceso en libertad ambulatoria tras el pago de una fianza de 3 millones de dólares.
Según publicó el periodista Juan Chiummiento en el diario La Capital, el juez Bonato firmó una sentencia de remate contra Herrera ante un reclamo de 370 mil dólares de un particular que había firmado un mutuo con el financista, quien no hizo frente a su responsabilidad contractual cuando tuvo que devolver el dinero más los intereses pactados entre las partes.
De acuerdo a esta nota, la causa “se inició tras la falta de pago de un contrato de mutuo firmado el 26 de enero de 2021, por el cual Herrera recibió 370.000 dólares, monto que se obligó a cancelar con más los intereses pactados mediante un pago único, en efectivo, el 20 de julio de ese año. Para esa fecha, el ex presidente del Rofex ya había exteriorizado su cesación de pagos, por lo que no honró su compromiso”.
Herrera fue detenido a principios de noviembre junto a sus hijos, por la Policía local y por orden del fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno, quien unos días después los acusó por los delitos de estafa y administración fraudulenta.
Herrera estaba al frente de la reconocida agencia de bolsa local Fernández Soljan, que perteneció a su suegro, y fue presidente del Rofex en 2012 e integró la comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Hasta septiembre de 2021, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió las actividades de la agencia bursátil, Herrera ocupaba el cargo de tesorero del Matba-Rofex, el mercado de futuros.
Según la acusación del fiscal Moreno, el financista se valió “del nombre, prestigio, confianza, imagen y operatividad en el tiempo” de la agencia de bolsa que dirigía para “desplegar una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado, valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”.
En la acusación, Moreno indicó que Herrera persuadía a sus clientes de que “sus ahorros eran recibidos en carácter de comitentes del ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) para ser aplicados a inversiones en el mercado de capitales regulado por la ley 26.831, a cambio de la cual se les prometía un rendimiento de renta fija”.
“Pero lo que realizaban era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria”, dijo el fiscal.
Y apuntó que “este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, era aplicado a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos”.
De acuerdo a la investigación, a partir del año pasado el financista entró en crisis “a consecuencia de una pérdida de confianza”, por lo que los inversores comenzaron a reclamarle su dinero, pero los imputados “comenzaron a manifestar excusas dilatorias” que originaron nuevos reclamos.
Según el fiscal, Herrera continuó captando nuevos ahorristas mientras no reintegraba el dinero que anteriores inversores le reclamaban.
El financista Herrera presentó un concurso preventivo de acreedores a principios de este año, pero le fue rechazado por la Justicia en primera y segunda instancia, lo que ocasionó su cesación de pago.
Para la Fiscalía, al verse en problemas para devolver el dinero a los inversores, comenzó a desviarlos “dando origen a un sistema de estafa piramidal”, que se sostiene mientras existen nuevos ahorristas que realizan aportes al mismo.
Según contó Chiummiento en la nota mencionada, “el patrimonio de Herrera se ubicaría entre las grandes fortunas del país. Cuando sus contadores presentaron los trámites para el pago del aporte solidario, el mismo ascendía a poco más de 1.030 millones de pesos (a valor fiscal), lo que podía categorizarlo entre las dos mil familias más ricas del país”.
De a toneladas
Otra fuente de circulación de dinero negro es la comercialización ilegal de parte de la producción agrícola de la rica zona núcleo de la pampa húmeda. La que se embandera con la celeste y blanca, no ya durante el Mundial de Fútbol sino cuando el Estado le plantea alguna forma de intervención o regulación en un mercado que consideran intocable.
El miércoles 22 de diciembre, la Afip informó por medio de un comunicado que la Dirección General Impositiva (DGI) “incautó 18 camiones con más de 600 toneladas de granos de trigo, soja y maíz que habían sido obtenidos en el mercado informal”.
“Los procedimientos permitieron desarticular maniobras fraudulentas en la comercialización de materias primas por parte de productores apócrifos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Salta. Las principales irregularidades detectadas consistieron en la falta de documentación respaldatoria y la obtención de la mercadería de parte de operadores sin capacidad económica ni financiera”, abundó la comunicación oficial.
En el caso de Santa Fe, los procedimientos se realizaron en dos terminales del sur de la provincia, donde está enclavado uno de los mayores complejos portuarios agroexportadores del mundo.
Allí, “una investigación de las áreas especializadas en actividad agropecuaria que posee el organismo permitieron descubrir una serie de movimientos sospechosos de parte de un contribuyente que planeaba maniobras de evasión por más de 500 millones de pesos”. Uno por quinientos.
A partir de esos indicios, la Afip “llevó a cabo fiscalizaciones presenciales en los puertos de Timbúes y de General San Martín, en donde se encontraron e interdictaron 5 y 3 camiones, respectivamente, con 153 y 90 toneladas de soja en cada caso”.
Según el organismo la carga “provenía de Santiago del Estero y había sido producida por un contribuyente que no contaba con capacidad económica ni financiera para justificar su actividad”.
El 15 de diciembre la Afip comunicó que desarticuló maniobras fraudulentas en la comercialización de granos por casi 600 toneladas valuadas en más de 55 millones de pesos, en rutas de Córdoba y Entre Ríos.
Un día después, el organismo “desarticuló en las provincias de Salta y Mendoza maniobras fraudulentas en la comercialización de 360 toneladas de ajo, maíz y soja”.
El mismo 16 secuestró mercadería ilegal valuada en más de 200 millones de pesos durante “la realización de 9 allanamientos llevados a cabo en locales comerciales, depósitos y domicilios particulares ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”.
Diez días antes, la Afip interdictó 230 toneladas de granos durante distintos operativos de fiscalización llevados a cabo en la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe. “La mercadería tiene un valor comercial de 20 millones de pesos”, informó.
“En primer lugar, funcionarios de la Dirección Regional Rosario realizaron el secuestro de 36 toneladas de trigo que eran trasladados a bordo de un camión de carga, en la localidad santafesina de Timbúes, al detectar que la misma estaba a nombre de un operador que no cuenta con capacidad económica ni operativa para su comercialización”, dice el comunicado del organismo, como un mantra sobre las operaciones ilegales. Algún destino hubiese tenido ese dinero, si la carga no hubiese sido detectada y secuestrada. ¿Cuánto pasa y cuánto queda?
De la oscuridad de ese mercado también se nutren las cuevas donde los malvados narcos cambian pesos por dólares.
Timador
El miércoles 21 de diciembre la policía de Rosario allanó una mutual ubicada en Mitre al 900. Las mutuales suelen ser otro de los dispositivos opacos para la circulación de dinero de dudosa procedencia.
En este caso, fueron detenidas tres personas que, luego de que se les formaran causas por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos local, recuperaron la libertad. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró 8.870.640 pesos; 7.133 dólares y cheques por 279.248 pesos.
Si bien no se brindaron mayores detalles, las medidas están relacionadas con las maniobras atribuidas a un falso asesor de seguros que ofrecía plazos fijos en dólares y pesos con tasas altas de interés a adultos mayores. Algo similar a las maniobras endilgadas a Herrera, pero sin el prestigio de su nombre.
Por eso, periodísticamente, el acusado Carlos Dante R. es llamado “chantapufi”.
El hombre de 52 años está detenido desde mediados de noviembre pasado luego de ser denunciado por al menos diez inversores que confiaron su dinero al presunto bróker a cambio de altas tasas de interés difíciles de conseguir en el mercado.
Al no devolver el dinero, unas 10 personas lo denunciaron y para el fiscal Mariano Ríos Artacho, que investiga el asunto, el perjuicio estimado sobre las víctimas ronda los 600 mil dólares.
Para el fiscal, el acusado habría realizado maniobras fraudulentas ofreciendo a la víctima plazos fijos de presuntas empresas de seguros y mutuales, con tasas nominales anuales del 55, 56, 58 y 61 por ciento (en relación a los plazos fijos en pesos) y tasas de los plazos fijos en dólares del 13 o del 16 por ciento.
Luego emitían los formularios falsos de constitución de los plazos fijos y también los formularios de ampliación y de renovación a nombre de las empresas aseguradoras. Cuando los imputados no pudieron abonar el capital aportado junto a los intereses, las víctimas comenzaron a reclamar el pago de los mismos, por lo que suscribieron un reconocimiento de deuda y abonaron sólo la suma de mil dólares.
Con sus matices y singularidades, los tres casos relatados aparecen como reveladores de la trama de circulación “negra” de dinero que procura obtener apariencia lícita por medio de operaciones financieras o de comercialización y que están independizadas de la economía narco, que también aceita esos mecanismos pero es la que no reúne consenso social.
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