La gestión de Dina Boluarte, cada vez más parecida a una dictadura militar mimetizada con el fujimorismo, justifica la masacre y culpa a las víctimas de “terroristas” mientras ejerce el terrorismo de Estado. Los medios hegemónicos apoyan a los asesinos del pueblo.

En el marco de una ola de ataques terroristas contra la democracia en la región, la derecha de Perú, encarnada por el gobierno provisional que derrocó a Pedro Castillo, hace ya un mes que viene actuando como una dictadura militar que masacra al pueblo con impunidad y cinismo extremos. Más de cincuenta muertos. Cientos de heridos graves. Y un número indeterminado de detenidos sin las mínimas garantías constitucionales. 

La gestión de Dina Boluarte, cada vez más mimetizada con el fujimorismo genocida, justifica la masacre y culpa a las víctimas. El Parlamento, que fue el que produjo el golpe, tiene mayoría de derecha y también alienta, apoya y encubre el baño de sangre. 

Los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos muestran una gran preocupación. Pero por la propiedad privada, que en el ideario neoliberal vale mucho más que la vida humana. Además, haciéndole coro al gobierno, las fuerzas armadas y el Congreso, practican el “terruqueo”, término que se utiliza en Perú para designar la forma de manipulación que consiste en calificar de “terroristas” a quienes salen a las calles a defender la democracia. Cinismo extremo: quienes sí ejercen una forma brutal de terrorismo de Estado es el gobierno y los legisladores de derecha y ultraderecha.

Además de la condena de los organismos de derechos humanos peruanos y los legisladores de izquierda, la masacre también fue denunciada por la Conferencia Episcopal, la Unión Europea, y la Organización de las Naciones Unidas, entre muchas otras organizaciones.

El sitio peruano La Mula informó que un día después de la violenta jornada de represión en la región Puno, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú se pronunció exhortando “a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica”.

La ONU Perú pidió “observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes, y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis”.

El organismo internacional expresó su “profunda preocupación por el incremento de la violencia” y ofreció sus sentidas condolencias a las familias y comunidades de las personas fallecidas.

Sobre las muertes y denuncias penales por la represión, el Sistema de las Naciones Unidas señaló que “se deberá llevar adelante una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos”. Y pidió “asegurar justicia para los casos de personas muertas y heridas, incluyendo civiles, periodistas, policías y militares desde el inicio de las movilizaciones en diversas regiones del país en diciembre de 2022, así como evitar que estos hechos se repitan”.

Asimismo, la ONU Perú reiteró su compromiso y disposición para “apoyar al país en la mediación y generación de procesos de diálogo y de escucha entre las partes, así como en la vigilancia del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, buscando dar solución a la crisis y retomar el rumbo del desarrollo y el bienestar”.

El gabinete de la muerte

“Según el gobierno, la policía abrió fuego contra la multitud cuando unas dos mil personas intentaron tomar en la tarde del lunes el aeropuerto de Juliaca, causando las 17 muertes y más de un centenar de heridos. Ha justificado esa respuesta policial. No es cierto que todos los muertos cayeron cuando intentaban tomar el aeropuerto. Y el intento de tomar un aeropuerto no justifica en ningún caso disparar contra pobladores desarmados, o armados con piedras, como ha hecho la policía. La primera muerte fue la de un vendedor ambulante de 35 años, que recibió un balazo en la cabeza. Durante el resto de la tarde y la noche con cada reporte aumentaba el número de víctimas”, señala la nota de Carlos Noriega en Página 12.

La Fiscalía de Perú, en una tardía reacción, inició una investigación a Boluarte, el jefe del gabinete ministerial y los titulares de Defensa e Interior por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas en diciembre y enero. 

Pero el gobierno sigue su deriva autoritaria. Sin evidencias, afirma que los manifestantes son “terroristas” financiados por el narcotráfico e “intereses extranjeros” en alusión a Evo Morales, a quien se le impidió el ingreso a Perú. 

El gobierno sube la apuesta día a día. El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, amenazó con más violencia genocida. “No vamos a cesar en nuestro empeño de recuperar el orden interno”, dijo, al tiempo que aseguró, sin pruebas, que el ex presidente Castillo (encarcelado) está detrás de las movilizaciones. Otárola se presentó el martes 10 ante el Congreso para pedir el voto de confianza al gabinete ministerial, necesario para ser ratificado. 

“Asesinos”. “Gabinete de la muerte”, “Asesinos fuera”, “Paren la militarización”, fueron los gritos que las legisladoras y legisladores de izquierda les lanzaron a las estólidas caras de los integrantes del gabinete de la presidenta provisional. 

Las bancadas de derecha y ultraderecha, haciendo uso de la impunidad y la cobertura mediática, insistieron con el cínico libreto basado en noticias falsas. Gritaron “terroristas” a quienes se oponen a la masacre. 

“Honor y gloria para la Policía y las Fuerzas Armadas”, gritó Otárola para dejar claro ese sesgo militar y militarista de la gestión.

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