El gobierno de Lula va a fondo con las investigaciones, que incluyen al ex presidente, funcionarios, militares, policías, legisladores y grandes empresarios que financiaron los ataques.

Hace ya tiempo quedó claro que el gobierno de Jair Bolsonaro causó un enorme daño a Brasil. Fue una pesadilla autoritaria, militarista y anti-democrática. Las investigaciones por el intento de golpe están sumando pruebas contundentes, documentos y testimonios de los sótanos más oscuros de ese proceso. Y todo indica que no habrá impunidad. “Serán responsables de los despreciables atentados terroristas contra la democracia y las instituciones republicanas, los financistas, instigadores y agentes públicos conspiradores, anteriores y actuales, y los delincuentes que continúen en la conducción ilícita de la práctica de actos antidemocráticos”, escribió tras lo ataques el juez del Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, dejando en claro que el peligro destituyente no terminó ese día. Todavía persiste hoy, como una bomba de tiempo a desactivar. 

De los 1.459 detenidos por los actos golpistas, al menos 45 fueron candidatos a cargos públicos, representando a partidos de derecha y ultraderecha, en elecciones celebradas en los últimos años, según difundió O Globo.

El partido militar fue uno de los grandes derrotados en las últimas elecciones. Y tiene ganas de volver. Lula lo sabe y destituyó a 40 militares de la residencia presidencial. Los evangelistas gritan cada vez más alto sus llamados al golpe, al igual que la policía, las milicias armadas, el complejo sojero, parlamentarios de derecha y ultraderecha, y la parte del empresariado que financió el ataque.

Pero Lula no se deja acorralar. Su gobierno viene demostrando que está dispuesto a ir a fondo y procesar a todos los responsables, sin excluir a nadie. Y el propio ex presidente está en el centro de las investigaciones. Se destapó una verdadera cloaca bolsonarista: golpismo, violencia, odio a la democracia, racismo, sexismo, entre otras calamidades. Y también corrupción. Un verdadero saqueo a las arcas del Estado en beneficio propio, de sus familias y amigos empresarios.

Bolsonaro en el banquillo

Moraes enviará un cuestionario a Bolsonaro, de vacaciones en Orlando, Estados Unidos, tras incluirlo como investigado en el proceso sobre el intento de golpe de Estado. El núcleo de la indagación de los fiscales apunta a “actos antidemocráticos” y señala al ex mandatario como “instigador” de esos actos.

Los funcionarios judiciales hacen referencia a que la instigación no fue un hecho aislado. Por el contrario, afirman que se relaciona en las constantes prácticas antidemocráticas que llevó a cabo durante los cuatro años de su gobierno “para minar la confianza de las instituciones”. En este sentido, los ataques y la demonización del STF fueron una verdadera obsesión. Asimismo, puso en duda la eficiencia de las urnas electrónicas, y nunca reconoció el triunfo de Lula, afirmando que hubo fraude con su habitual falta de pruebas.

A pocos días de haber asumido la presidencia de Brasil, Lula decidió sacar a la luz documentos, archivos y papeles sobre la gestión de su antecesor. Bolsonaro, en una decisión completamente anticonstitucional, pretendía mantenerlos en secreto durante cien años. Así salieron a la luz los exorbitantes gastos realizados por el ex mandatario con la tarjeta de crédito oficial, en la que se destacan millones en restaurantes, panaderías y heladerías.

Los extractos de las tarjetas de la presidencia abarcan sus cuatro años de mandato (2019-2022) y fueron publicados en una web oficial del gobierno de Brasil. Más de 21 mil dólares gastados en un modesto restaurante, casi 10 mil dólares en una pastelería al día siguiente de la boda de su hijo y unos 1.700 dólares en heladerías, entre otros muchos gastos.

Un total de 27,6 millones de reales (unos 5,4 millones de dólares) se gastaron con esa tarjeta que fue utilizada por 21 miembros de su equipo. El portal de noticias UOL descubrió que se gastaron 1,2 millones de reales (unos 235 mil dólares) en los 28 días de las vacaciones oficiales del ex presidente al final de los años 2019, 2020 y 2021.

El 2 de enero de 2022 gastó más de 70 mil reales (casi 14 mil dólares) en una estación de servicio del estado de Santa Catarina (sur). La tarjeta presidencial también se utilizó para pagar 1,46 millones de reales (más de 280 mil dólares) durante cuatro años en un hotel de lujo de Guarujá.

El gasto más sospechoso es el que asciende a 109.266 reales (más de 21 mil dólares) gastados de una sola vez en un modesto restaurante de Boa Vista, en el estado de Roraima. Lo inverosímil del hecho hace pensar que se trata más de una maniobra que de un simple derroche.

Van cayendo uno a uno

El ex secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres, fue detenido el sábado 14 a poco de arribar de Florida, Estados Unidos. Poco antes del intento de golpe, el funcionario descabezó la cúpula de la Policía Militar, separando de sus cargos a los oficiales especializados en grandes eventos públicos. Torres es responsable directo de la inacción de los policías, e incluso envió un número sospechosamente reducido de agentes para proteger los predios que luego fueron atacados. Además, en el marco del proceso abierto por el Supremo Tribunal Federal el ex funcionario bolsonarista fue indagado sobre por qué dejó Brasilia y viajó a Estados Unidos, donde se habría reunido con el ex presidente poco antes de los atentados terroristas. Pero, hasta ahora, Torres se negó a declarar.

El gobierno de Lula trabaja con la certeza de que la invasión de las sedes de la Presidencia y los poderes Legislativo y Judicial se llevó a cabo con la complicidad de los agentes destacados en el lugar. Al hacer un balance de los hechos, el presidente acusó a la policía de Torres y a las Fuerzas Armadas de “connivencia con el golpe” y ordenó al ministro de Justicia, Flávio Dino, ir a fondo en la investigación para que el complot no quede impune.

Los planes golpistas estaban documentados

En la casa de Torres se encontró un borrador de decreto para desconocer el resultado de las elecciones. Para el gobierno de Lula “es la prueba de que el intento de golpe de Estado fue planeado”, informó Télam.

El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que está probado que el objetivo era “fabricar el caos para enterrar la democracia”.

“A medida que avanzan las investigaciones, se vuelve aún más claro el objetivo criminal de quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos del pasado domingo”, insistió Padilha.

“El intento de golpe fue premeditado y perfilado en detalle, pero no vamos a dejar que sus perpetradores se salgan con la suya”, afirmó.

Por su parte, su par de Justicia, Flávio Dino, destacó que el objetivo que tenía el borrador de decreto “fracasó igual que el intento golpista”.

“Esto enfatiza que lo que vimos aquí el 8 de enero no fue algo aislado. De hecho, fue un elemento de una cadena, un eslabón de un movimiento golpista en Brasil, y que hubo actos preparatorios asombrosos como este decreto de intervención militar”, subrayó Dino en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias Europa Press. 

El propio Torres admitió la existencia del documento que “iba a ser triturado oportunamente en el Ministerio”, según escribió en su cuenta de la red Twitter, en la que lamentó que el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra.

Según la prensa local, el documento es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones que ganó Lula.

Atacantes profesionales y entrenados

El interventor federal de la seguridad de Brasilia, Ricardo Cappelli, denunció que en el asalto contra los poderes del Estado, la Policía Militar se enfrentó a atacantes “profesionales” y “entrenados” que se encontraban entre los agresores, según informó la agencia Télam.

“Se enfrentaron a hombres profesionales entre los manifestantes, gente entrenada y preparada que tenía nociones tácticas de choque, que tenía sus propios equipos para devolver granadas y que por poco mata a un policía”, señaló Cappelli.

Mientras tanto, la Policía Federal informó en un comunicado que “una persona fue arrestada en Campos dos Goytacazes (Río de Janeiro)” y que cumple otros cinco mandatos judiciales de búsqueda y aprehensión de documentos, además de tres órdenes de detención temporal, informó la agencia de noticias Sputnik.

La detención se produce en el marco de la “Operación Ulysses”, que investiga a los líderes locales que bloquearon las rutas de Campos dos Goytacazes después de las elecciones en las que el ex presidente Jair Bolsonaro salió derrotado.

“El 8 no acabó todavía. Esa noche tiene todavía tras de sí muchas cosas, mucha historia detrás, mucha investigación, y la llevaremos hasta el final”, aseguró Cappelli.

La Policía Militar, que depende de los estados, en este caso de Brasilia, también está siendo investigada y el martes pasado el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes ordenó la detención de su ex comandante Fabio Augusto Vieira, quien se encontraba en funciones el domingo durante el asalto a los edificios de los tres poderes.

También se busca saber quién organizó las manifestaciones frente al cuartel del Ejército en la ciudad y si esas personas también estuvieron detrás de las caravanas que salieron de Río de Janeiro para participar en el intento golpista de Brasilia del 8 de enero.

Ese día, miles de bolsonaristas llegados desde todos los puntos de Brasil invadieron de forma violenta los edificios del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial.

Los sospechosos se enfrentan a los cargos de asociación para delinquir, subvertir el Estado de Derecho e incitación a las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales.

Por otra parte, mientras avanzan las investigaciones, la gobernadora interina del Distrito Federal, Celina Leao, informó que se duplicará la presencia policial para reforzar de manera permanente la seguridad de las sedes de los poderes públicos invadidos el 8 de enero.

Leao, quien fue designada interinamente tras la suspensión del bolsonarista Ibaneis Rocha, agregó que pasarán “de inmediato” de 240 a 500 policías militares destacados en los alrededores de la llamada Explanada de los Ministerios y de las sedes de los tres poderes públicos que fueron vandalizados por adversarios del presidente Lula da Silva, una semana después de ser investido por tercera vez como mandatario.

La pata mediática

El presidente brasileño renovó la dirección de todos los medios de comunicación públicos, que hicieron una cobertura falaz y muy sesgada del intento de golpe. El motivo es obvio: buena parte de los funcionarios a cargo venían de la etapa bolsonarista y defendieron el ataque. Ni siquiera los medios privados, ni siquiera los grandes medios hegemónicos, tradicionales enemigos de Lula, se atrevieron a tanto. Los medios públicos llegaron a calificar como “manifestantes” a los violentos golpistas. 

El informativo de TV Brasil se permitió además una flagrante provocación. Emitió declaraciones del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente.

En cambio, grandes cadenas hegemónicas al servicio de los poderes fácticos y furiosamente antilulistas, como O Globo y Folha de Sao Paulo, entre otras, los calificaron de “vándalos” y “golpistas” a los invasores y describieron lo sucedido como “actos terroristas”.

El mandatario designó a la periodista Kariane Costa como presidenta de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), que es responsable de TV Brasil, emisora pública que realiza la transmisión oficial de los eventos del gobierno federal, Radio Nacional, conformada por una red de radios públicas locales por el país, y Agencia Brasil, una agencia de noticias que divulga las acciones gubernamentales.

El cambio es, además, una apuesta a futuro en el contexto de una situación de ataque a la democracia que no está del todo resulta: Se teme que los bolsonaristas enquistados en los medios públicos continúen propagando consignas contra la democracia, o incluso sabotajes, como por ejemplo interrumpir la transmisión.

El peligro de las fuerzas armadas sigue latente

El especialista en temas internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Orozco asegura que el bolsonarismo no se encuentra en una condición de simple minoría impotente sin perspectivas de crecimiento. El gobierno de Bolsonaro, asevera, fue producto de una colación política y de la formación de un frente ciudadano amplio, de derecha y ultraderecha.  

Orozco destaca un rasgo fundamental: no todos y todas las que votaron al ex militar en la segunda vuelta son, en estricto sentido, bolsonaristas, pero eso no impidió que aceptaran respaldar un proyecto que incluso rebasaba sus propias posiciones políticas e ideológicas por la extrema derecha.

“No se debe de perder de vista ahora mismo que, el hecho de que el ejército, en este instante, no cuente entre sus opciones la instauración de un Estado de excepción, no significa que no pueda hacerlo en el futuro inmediato si la crisis sociopolítica del país en lugar de distenderse se agudiza y, en particular, si observa que la correlación de fuerzas de la derecha le favorece, lo mismo en términos absolutos que relativos. Y la cuestión aquí es que, en gran medida, el que pase una cosa o la otra dependerá tanto de la respuesta que dé el gobierno al intento de golpe como de la correlación de fuerzas. Por el momento, nada está dicho, y ambas opciones (profundización de la crisis o distensión) están abiertas en un contexto que se caracteriza por la ambigüedad”, analiza Orozco en la nota publicada por el sitio Nodal.

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