Ante tanta estridencia mediática que simplifica y binariza, el caso Báez Sosa amerita repasar voces y análisis que exponen manipulaciones del dolor y la violencia en favor de intereses particulares.
Se enciende un televisor y van pasando los canales de noticias. En el primero, el diámetro de la zapatilla de uno de los asesinos. Siguiente canal. En una entrevista, Fernando Burlando, el abogado que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, anuncia su participación en política. Siguiente. Una periodista analiza detenidamente los videos de las cámaras de seguridad que estaban dentro del boliche: “Si el patovica le hubiese pegado (a Máximo Thomsen) capaz que nos ahorrábamos todo esto”, desliza, muy liviana, la panelista.
Desfilan los apellidos de los acusados por los zócalos de los programas de noticias, qué dicen y qué no dicen, qué hicieron antes y después del crimen. Los suplementos de entretenimiento de los medios hegemónicos comparten notas sobre la rutina diaria de la hija bebé de Burlando, o un perfil sobre el novio de su hija mayor. El abogado postea una encuesta en twitter: “Conforme a las pruebas presentadas durante el juicio y los alegatos de la fiscalía, querella y defensa ¿cuál crees que será la sentencia de los jueces?”.
La montaña rusa de la información le brinda a los espectadores noticias de todo tipo, todo el tiempo. Cualquiera puede conocer y opinar sobre absolutamente todo. Se respira un binarismo implícito; quien no exige cadena perpetua para los ocho acusados está “de su lado”. La montaña rusa no parece tener tiempo para pensar qué hay detrás. Si frena, se descarrila.
Para que el pedido de justicia no se convierta en un cascarón vacío, una catapulta al poder para ciertos actores que dicen hacer su trabajo “ad honorem”, una oda al status quo de un sistema que no da para más, es que se torna necesario escuchar y reconocer otras voces y otros análisis.
Racismo
El colectivo Identidad Marrón, “un grupo de personas marrones unidas para debatir sobre el racismo estructural en Latinoamérica y buscar respuestas a ello” (tal como describe su biografía de Instagram), denuncia que el de Fernando es un crimen de odio racial. En un intercambio con Revista Anfibia, el abogado Alejandro Mamani, integrante de la organización, habla sobre la falta de tipificación de éste como un crimen de raza. “No es que no haya leyes, el tema es que no hay casos de asesinatos por odio racial pero no porque no haya casos sino porque no podemos llenar el significado de qué implica el racismo en Argentina. No lo podemos llenar a nivel social, mediático y mucho menos a nivel judicial. Nos cuesta preguntarnos sobre la blanquitud y lo que conlleva”. También denuncia que a los medios les cuesta hablar de racismo. A Fernando le gritaron “negro de mierda”, su mamá y su papá son paraguayos, pero para la tele no parece ser un dato relevante. No es mainstream cuando cuestiona los privilegios de la clase media blanca argentina.
Mamani introduce en el debate el hecho de que en nuestra región no es posible hablar de raza sin hablar de clase, y viceversa; y resalta que si esto no se reconoce “estamos escondiendo detrás del concepto de clasismo el racismo en Argentina”. A Fernando le gritaron “negro de mierda” no porque conocieran sus orígenes o su poder adquisitivo si no porque lo vieron marrón. “Un pibito de piel marrón con ropa urbana que proviene de sectores populares. Algo incomprensible para el norte global, pero que forma parte de nuestra praxis social”, define el abogado a ese término tan utilizado en este país.
“Fernando somos algunos, no todos, Fernando podemos ser los más fáciles de olvidar. Los que, mientras como sociedad no denunciemos, quedan en la impunidad las violaciones de derechos”, reza la descripción del primer posteo de Identidad Marrón en su perfil de Instagram: una foto de Fernando, sonriente y marrón.
Rugby
Públicamente, a los ocho acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa se los conoce como “los rugbiers”; y esta forma de nombrarlos se instaura como una categoría en sí misma, atravesada por una cuestión de clase.
Juan Branz, un ex jugador profesional de fútbol y comunicador que investiga el mundo del deporte define al ambiente del rugby como “el mundo de la virilidad, de las jerarquías y del prestigio de las clases dominantes”.
En nuestro país, el rugby es un deporte asociado culturalmente con la clase alta, la riqueza, lo viril, lo pulcro, lo blanco.
En diálogo con el periodista de Radio 990, Antonio Fernández Llorente, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, declaró “no hay que llamarlos más «rugbiers», estos pibes no tienen nada que ver con el deporte, con su nobleza”.
En cambio, Agustín Pichot, ex capitán de los Pumas, afirma que en el rugby se “naturalizó la violencia”. Y plantea que la mediatización de este crimen es una buena oportunidad para hacer un “revisionismo histórico” sobre estas conductas arraigadas en el deporte. “Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas, en lo que me competía a mí, pues en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización desde mi lugar”, cierra Agustín en una entrevista con Infobae.
Para Juan Branz, lo sucedido en Villa Gesell “no es salvajismo, ni irracionalidad, ni barbarie”, sino que es el resultado de un grupo de jóvenes actuando en el marco de una legitimidad construida en un sector cultural específico: el rugby.
Punitivismo
En la encuesta de Twitter de Burlando participaron 267.978 perfiles de esa red social, de los cuales el 58 por ciento eligió la opción “homicidio con premeditación y alevosía: perpetua”, por sobre otras tres opciones. Si bien esta es una pequeña muestra de la sociedad, en el submundo de opinólogos de Twitter, esta parece ser la opinión pública: cualquiera, aún quien no estudió ni se dedica al Derecho, puede discernir cuál es la condena correspondiente.
En sus placas rojas, con textos escritos en mayúsculas y letras grandes, Crónica titula: “Así esperan los presos a los rugbiers: «En la cárcel la van a pasar mal»”, mientras se escucha hablar a un preso, amenazante. La pantalla muestra imágenes del patio del pabellón plagado de presos peleándose con armas blancas. Una apología de la violencia de un sistema carcelario desbordado, que no tiene nada de sano ni limpio y parece actuar no para la seguridad sino para el castigo de los reos detenidos, al contrario de lo que dicta el artículo 18 de la Constitución. En el discurso social se lee el deseo de que los ocho imputados “paguen sus crímenes” en este contexto de violencia.
También subyace que quien no opine de esta forma no puede entender el dolor: “Si no es Perpetua, no es Justicia”, se lee en las calles de Dolores.
“La idea de equiparación, de equivalencia, de que el autor del crimen tenga que sufrir igual que Fernando, no es justicia, es venganza”, postula Claudia Cesaroni en Página 12.
Claudia es abogada, magíster en Criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) y escritora. Además, es una de las pocas que difunde, en su cuenta de Twitter y en distintos medios de comunicación, una opinión diferente a la pregonada por el periodismo mainstream en estos días.
La abogada introduce al debate la pregunta por la respuesta punitiva del Estado. No duda de la gravedad del hecho, y dice que ante el dolor de los familiares y amigos de Fernando “no tengo más que hacer que respetar y hacer silencio”.
En su libro La vida como castigo (2011), Claudia escribe sobre el caso de Axel Blumberg, el cual toma vigencia otra vez en este contexto como un antecedente de la manipulación mediática, el dolor de una familia y la opinión de la sociedad.
El 17 de marzo de 2004 un grupo de criminales secuestró a Axel, de 23 años. Seis días después, cuando el joven intentaba escapar, sus secuestradores lo asesinaron.
Su padre, Juan Carlos, recorrió canales de televisión, radios y diarios haciendo una campaña que desencadenaría “en reformas penales profundas, decididas por legisladores que temían el dedo acusador de ese padre severo y doliente, y por eso votaban leyes a sabiendas de que no solo eran inútiles sino también peligrosas”.
En su libro, Claudia también señala que “los problemas de la criminalidad, del delito y la violencia, de las fuerzas de seguridad y de la justicia, se manejaron en ese momento, y en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, con una absoluta falta de responsabilidad”. Para la abogada, una pena dictada desde el dolor no puede producir otra cosa que no sea más dolor, y plantea que no hay equiparación posible para el dolor de que “te maten a un hijo”.
Cesaroni no pretende que los ocho imputados no sean condenados ni que no se haga justicia, sino que propone una discusión sobre nuestro sistema penal, debate que se torna urgente no sólo por lo mediático de este caso en particular, sino también por la emergencia carcelaria del sistema penitenciario.
El caso de Fernando Báez Sosa ya está en boca de todos en todo el país, el desafío ahora es dar las discusiones necesarias para que no se limite a ser una artimaña más de los medios hegemónicos para manejar el discurso y dirigir la atención de una sociedad entera, sino que se siembren los debates sobre violencia legítima, masculinidad, racismo y desigualdad en pos de construir una Patria más justa.
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