La presidenta provisional de Perú pretende descomprimir la situación adelantando los comicios, pero sin dejar de comprar armas para reprimir. Los legisladores siguen discutiendo distintos proyectos para dar forma al adelanto sin resignar sus mezquinos intereses.
Mientras la feroz represión policial ya se cobró la vida de más sesenta de personas, la presidenta provisional de Perú, Dina Boluarte, propuso una reforma total de la Constitución y solicitó al Congreso que deje de negarse a adelantar las elecciones para 2023. La actitud del Parlamento, que destituyó a Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, equivale a seguir echando nafta a un fuego que cada vez está más cerca de abrasar a la propia mandataria, que parece dispuesta a hacer ciertas “concesiones” pero, al mismo tiempo, sigue justificando la masacre y compra armamento para seguir reprimiendo.
Según informó el diario peruano La República, Boluarte dijo que el Congreso debe entender que tiene una responsabilidad histórica. “Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones al 2023 y digamos al Perú entero que nos vamos todos”.
Pero el Congreso no se decide. Tras cuatro sesiones sin llegar a un acuerdo, al cierre de esta edición el Pleno del Congreso debatía el dictamen presentado por el congresista Jaime Quito, de la bancada de Perú Libre. Esta propuesta plantea el adelanto de elecciones en 120 días y la realización de un referéndum para consultar si se convoca una asamblea constituyente.
El resultado es incierto. Pero, en principio, se abren dos escenarios posibles. Un adelanto de las elecciones, que sería como echar una mísera gota de agua a una hoguera que crece, porque la mayoría de las exigencias de los que protestan quedarían sin respuesta. De lo contrario, si no hay elecciones este año, sería como seguir echando nafta al fuego. Parte de la derecha y la ultraderecha parece apostar a que siga la violencia.
Tras tres sesiones parlamentarias en las que no se llegó a un acuerdo, la mandataria provisional insistió presentando un nuevo proyecto para el adelanto de los comicios. Boluarte reiteró su decisión de plantear ante el Parlamento una iniciativa legislativa para que haya comicios “indefectiblemente” en 2023, luego de que se rechazara el proyecto planteado por la Comisión de Constitución de elecciones complementarias el próximo diciembre. En un mensaje a través de las redes sociales lamentó lo acontecido en el Pleno de este miércoles 1 y aseguró que “inmediatamente” dará el alcance de su proyecto a la Mesa Directiva, presidida por José Williams. Pero esa iniciativa no consiguió los votos necesarios.
“Lamento que el Congreso no haya alcanzado el consenso necesario para adelantar las elecciones. Como anuncié en el último mensaje a la nación, presentaremos inmediatamente el proyecto de ley para que peruanos y peruanas puedan elegir democráticamente a sus autoridades el 2023”, precisó el Twitter oficial.
Este jueves 2, Boluarte ratificó lo anunciado en un mensaje en cadena emitido la noche del domingo 30 de enero. Y agregó que, de no prosperar el consenso en el Parlamento, el gobierno presentará de inmediato dos iniciativas con carácter de urgencia: la primera para que los comicios se realicen en octubre y la segunda busca la “reforma total” de la Constitución vía el propio Legislativo.
“Anuncio que, de no prosperar el consenso en el Congreso para adelantar las elecciones al 2023, el Ejecutivo presentará de inmediato dos iniciativas, la primera es una reforma constitucional para que las elecciones generales sean este año, la primera vuelta en octubre y la segunda en diciembre”, detalló Boluarte.
“Ya no habría más pretextos. Proponemos que el proceso de reforma total tenga su brazo legal en la Ley 27.600, que dice que el Congreso proponga un proyecto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú y que tras su aprobación será sometida a referéndum para que el pueblo decida si la reforma total se aprueba o no”, consideró.
El especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi señaló a El Comercio que si el Congreso rechaza el adelanto de elecciones, Boluarte no puede presentar un proyecto de ley sobre ese mismo tema hasta la próxima legislatura. Así lo establece el artículo 78 del Reglamento del Congreso.
Sin embargo, la presidenta provisional tiene la facultad de convocar a una legislatura extraordinaria. Esta podría realizarse entre el 11 y el 14 de febrero, para que el Congreso analice en ese lapso las dos propuestas que presentaría.
“Ni un muerto más, Dina renunciá”
Las protestas, el paro nacional y el corte de calles y rutas en todo el Perú cobran cada vez más fuerzas pese a la represión. El domingo 29 de enero continuaron llegando a Lima delegaciones provenientes de distintas regiones. Las organizaciones mantuvieron reuniones con colectivos limeños para evaluar acciones posteriores.
La idea del amplio espectro de colectivos que mantiene la protesta exige la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales en el 2023 con referéndum sobre asamblea constituyente. Además, el martes 31 se plegaron a una marcha nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP).
“Ni un muerto más. Dina, renuncia”, se pudo leer en una pancarta en la zona este de Lima. También continúan las manifestaciones en Plaza San Martín, donde además se realizó una vigilia en el lugar donde fue asesinado por la policía el manifestante Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca.
Según informó el diario peruano La república, la conmemoración fue en la vereda, que aún contenía muestras del impacto recibido por Santisteban. En ese sitio se erigió un altar rodeado de flores y velas: Y escrito con tiza: “Dina, asesina, el pueblo te repudia” y “Asesinado en el Gobierno de Dina Boluarte”.
Santisteban es la primera víctima en Lima. Las protestas comenzaron en diciembre en el sur andino, y luego se extendieron a otras regiones. Ya hace 17 días que el epicentro se concentra en la capital.
De acuerdo al sitio de noticias peruano La mula, Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca sufrió traumatismo encéfalo craneano y exposición de masa encefálica, según el certificado de necropsia.
Santisteban Yacsavilca se encontraba en la avenida Abancay junto a un grupo de brigadistas que levantaba bandera blanca y que, a pesar de eso, fue reprimido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que dispararon bombas lacrimógenas. Según el video difundido por Wayka, el civil fallecido cayó luego de un disparo de un policía.
#EXCLUSIVO | Estos son los policías que dispararon y mataron a un ciudadano en Lima. Registro de cámara de seguridad desmiente a EsSalud y evidencia que policías dispararon un proyectil que mató a Víctor Santisteban Yacsavilca.@Defensoria_Peru @cnddhh pic.twitter.com/uEtnInCwqd
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) January 29, 2023
En un primer momento, el Ministerio del Interior y el de Salud informaron que Santisteban Yacsavilca sufrió traumatismo encéfalo craneano grave. Sin embargo, sin ninguna explicación, ambas instituciones borraron sus primeros comunicados y los reemplazaron por otros en los que se indica que fue por una “herida detrás de la oreja, producto de un golpe”, señaló La Mula.
Según informó Página 12, el sábado 29 la protesta antigubernamental fue masiva en Lima. “La represión, una vez más, arremetió con todo, lanzando bombas lacrimógenas en forma indiscriminada, muchas con un ángulo de tiro que apuntaba al cuerpo, disparando perdigones a corta distancia, golpeando a los que eran detenidos. Lo que en la tarde había comenzado como una masiva movilización pacífica, en la noche se había convertido en una batalla después que se desató la represión policial para cortar el desplazamiento de la multitud. Los policías atacaban con bombas lacrimógenas y perdigones, los manifestantes respondían con piedras, palos y algunas bengalas. Era una batalla desigual”, señala la nota del diario argentino firmada por Carlos Noriega.
“Un canal de televisión de noticias transmitía en vivo lo que ocurría en el centro de la ciudad. Un grupo de manifestantes estaba frente a un contingente policial, no estaban lanzando piedras, nada. De pronto, se escuchó una detonación y una persona se desplomó en el suelo. Se formó un tumulto, había gritos, desesperación. Entonces el canal cambió la toma y cortó la transmisión en vivo. No volvió a transmitir lo que ocurría en la protesta. El periodista que relataba lo que sucedía presentaba a los manifestantes como violentos que atacaban a la policía y justificaba la represión policial. Es el discurso dominante en los medios hegemónicos locales”, denuncia la crónica de Noriega.
La culpa es del imperialismo boliviano
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó el lunes 30 una sesión extraordinaria para tratar la situación en Perú y la reciente ola de protestas, según ha informado la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana María Gervasi.
La funcionaria explicó que la sesión se celebró a petición de Colombia y que en el encuentro se presentaron las gestiones del Gobierno “para superar esta compleja crisis política que venimos atravesando desde el 7 de diciembre del año pasado”, según reprodujo la emisora RPP.
Por otra parte, el parlamentario andino Luis Galarreta cursó un oficio a la canciller Gervasi para que, en su calidad de presidenta del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, convoque al Consejo Presidencial Andino para “evaluar el proceso de integración subregional”.
En sintonía con la narrativa que viene sosteniendo el gobierno provisional, Galarreta criticó la “inaceptable intromisión de algunos jefes de Estado de países miembros de la Comunidad Andina, como es el caso de Bolivia y Colombia”. Y además solicitó que se evalúe la aplicación de la Decisión 878 de la Comunidad Andina, es decir, “la suspensión del flujo migratorio entre Perú y Bolivia”.
Ecuador aporta granadas
Según informó el sitio de noticias peruano Caretas, reproduciendo un informe de la agencia Europa Press, la Policía Nacional de Perú ha recibido 12 mil granadas lacrimógenas procedentes de Ecuador para responder a las protestas.
En tanto, el diario La República indicó que esas granadas fueron entregadas originalmente por Perú a Ecuador para responder a las protestas desatadas a raíz de las reformas económicas anunciadas por el ex presidente Lenin Moreno el 19 de mayo de 2020.
En el material devuelto se incluyen 4.400 granadas lacrimógenas de calibre 37 milímetros, 1.600 granadas lacrimógenas calibre 37 milímetros, 5 mil cartuchos de 12 milímetros y mil granadas de mano.
El lote ha sido entregado en la frontera con Ecuador y posteriormente trasladado al aeropuerto de Tumbes, desde donde una aeronave de la Aviación Policial hizo el viaje hasta Lima. Allí fueron enviados a los almacenes del Departamento de Armamento y Municiones de la División de Logística de la Policía PNP, ubicado en el distrito de Rímac. El pasado 23 de enero, la Policía Nacional de Perú solicitó de manera “muy urgente” la compra de 230 mil granadas y cartuchos de gas lacrimógeno y otro material antidisturbios. Se está gestionando, además, la adquisición de 100 mil proyectiles lacrimógenos. El Gobierno ha asignado 22,9 millones de soles para la compra de suministros.
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