Con el fin de “democratizar la democracia”, el diputado provincial Carlos del Frade impulsa un mecanismo electoral para que la ciudadanía pueda remover a funcionarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo a través de un referendum.

El legislador del Frente social y Popular ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto en el que propone la posibilidad de ponerle fin a mandatos de funcionarios en Santa Fe ante el pedido de las y los ciudadanos. La iniciativa contempla a integrantes del poder legislativo y de los distintos ejecutivos y comunas.

“Desde el año 2001 en adelante, existe una profunda necesidad de democratizar la democracia, no solamente en la Argentina, sino en distintos países del mundo y especialmente en América del Sur”, argumentó el autor de la iniciativa que busca plebiscitar cargos públicos.

Según detalla la norma, el mecanismo para hacer uso de esta potestad es que el impulsor logre acompañar en su pedido de remoción del funcionario en cuestión un mínimo del 10 por ciento del electorado (de la ciudad o comuna) basado en el padrón de las últimas elecciones provinciales.

Además de fundamentar el pedido, otro de los requisitos para impulsar la destitución es que haya transcurrido más de un año desde la asunción al cargo del funcionario apuntado y que resten cumplirse más de seis meses de la finalización de su mandato.

“No hay participación popular solamente a través de las elecciones cada dos o cuatro años. Hacen falta mecanismos legales que le permitan a los distintos sectores sociales y políticos corregir los destinos de los tres poderes republicanos”, indicó el dirigente y también periodista de investigación.

Del Frade explicó que las o los interesados en impulsar una revocatoria deberán presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia argumentando su pedido, y luego, dicho tribunal dará un lapso de hasta un año para la junta de firmas que apoyen el apartamiento del funcionario.

El proyecto sostiene que una vez que las condiciones establecidas para activar la revocatoria hayan sido aprobadas, el Tribunal Superior convocará a un referéndum que deberá realizarse dentro de los noventa días.

Y si la opción por la revocatoria del mandato obtiene el apoyo de más del 50 por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito correspondiente, “el funcionario o funcionaria, luego del escrutinio definitivo, quedará separado de su cargo”, planteó Del Frade. Ante tal situación, se habilitarán los mecanismos previstos para el reemplazo del funcionario/a removido  y asumirá su cargo quien legalmente deba suplantarlo.

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