En medio de tanto título, entre tantas notas que dan cuenta de anuncios, declaraciones, análisis y columnas de opinión sobre la situación de Rosario, son pocas las expresiones que apuntan no sólo a la coyuntura, bien jodida por cierto; y plantean abordajes y posibles rumbos para mejorar las cosas que van más allá de lo “policial” y que podrían resumirse en dos ejes: el de la legalización del consumo de drogas y el de la justicia social, cuya ausencia se aprecia claramente en los barrios rosarinos que en estos días se están haciendo tan famosos y trajinados por enviados especiales de los “medios nacionales e internacionales”.
Ambas cuestiones son ignoradas o apenas mencionadas por las autoridades políticas institucionales, sí verborrágicas al extremo a la hora de hablar y tomar decisiones en cuanto a roles y cantidades de efectivos y estructuras de fuerzas de seguridad y organismos judiciales, o respecto de creación y/o reformas de leyes penales y de controles varios.
Vale repasar el punteo de las medidas anunciadas por el Presidente hace unos días: refuerzo de fuerzas federales, intervención del Ejército, apertura de una Delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF), mejoramiento de sistemas de validación de identidades, instalación de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.
En los niveles provincial y municipal, las omisiones sobre la problemática del negocio de las drogas y la influencia de la desigualdad se vieron apenas y recientemente matizadas. El gobernador tiró que “la marginalidad es caldo de cultivo para la cooptación de jóvenes”, el Intendente insistió en vincular los programas de urbanización con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los sectores a urbanizar también en otros aspectos; y anunció la creación de una “Agencia Local dedicada a prevenir y abordar el consumo problemático de nuestros pibes”.
En este marco, entre los escasos títulos sobre políticas de drogas y sociales que asomaron se cuentan los referidos a opiniones de un funcionario judicial, Aníbal Pineda, integrante de la Cámara Federal Penal de Rosario; y un dirigente “piquetero”, Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Aunque puso el foco sólo en lo referido a la marihuana, Pineda recordó que “como sociedad nos tenemos que plantear perspectivas para analizar las causas y no las consecuencias. Las causas que motivan que el narco sea poderoso y tenga dinero para corromper a la policía, la política, la Justicia y el Servicio Penitenciario es el flujo de dinero por el mercado de drogas, cuyo ingreso principal es la demanda debido al alto consumo”, señaló el magistrado, para completar luego con que “si el crimen organizado es el único que puede tener el suministro de esa demanda, todo se complica”.
Delmonte, en tanto, sostuvo que “lo que hace falta es un shock social como primera medida para ir al fondo del problema; sucede que tenemos una ciudad y un país con un reparto de riqueza absolutamente desigual y esa situación termina siendo un caldo de cultivo para una economía delictiva”. En cuanto al “shock social”, Delmonte repudió la reducción de beneficiarios y beneficiarias del programa nacional Potenciar Trabajo, dispuesta en los últimos meses como parte del ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ese del que tampoco se habla mucho estos últimos días, pese a que tiene bastante que ver con el asunto.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 11/03/23.
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