A 38 años del robo a Tribunales un militar fue condenado por ese hecho. Ahora se sabe que no fue “una patrulla perdida” sino el Ejército, institucionalmente y en democracia. El valor jurídico y la importancia histórica.
La condena a cuatro años de prisión como partícipe necesario del robo a Tribunales del 8 de octubre de 1984 al ex jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército, Héctor Fructuoso Funes, permite aunar la verdad jurídica con la histórica y legalizar, en este caso mediante un juicio abreviado, lo ocurrido en aquel episodio del comienzo de la recuperada democracia con el todavía potente poder militar. La sustracción de los tres cuerpos que entonces tenía la luego denominada “causa Feced” y de la documentación sobre la represión ilegal secuestrada unos días antes por el juez Francisco Martínez Fermoselle, fue planificada y ordenada por el Ejército argentino y no el resultado de acciones inorgánicas de grupos paramilitares o “mano de obra desocupada” que aún operaban en la ciudad, como se creyó durante casi cuatro décadas.
La sentencia obtenida la semana pasada, independientemente del monto de la pena aplicada al condenado, posee un valor inconmensurable en términos históricos porque revela con certeza jurídica el alcance que las prácticas de la dictadura cívico-militar mantuvieron durante la renaciente democracia, condicionada en las décadas siguientes a punta de bayoneta. Tanto, que un teniente coronel que aspiraba a ascender en su carrera castrense resaltó como antecedentes positivos para alcanzar ese objetivo haber participado del secuestro y asesinato de dos militantes peronistas en mayo de 1983 y del robo a los Tribunales de Rosario en octubre del año siguiente, en lo que denominó en un documento oficial como “Operaciones Especiales de Inteligencia”.
La segunda, llevada adelante ya en democracia, “consistió en un gran despliegue de efectivos y medios” que tuvo por finalidad “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial”, dijo. Y se ufanó del resultado: “Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido” porque “permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos; y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”. Vaya si lo cumplió.
El robo
A raíz de la información recabada por la delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el juez de instrucción Martínez Fermoselle ordenó una serie de allanamientos en Santiago 1252; el tercer piso de Córdoba 1790; el departamento 17 del monoblock 31 del “barrio Fonavi”; una casa donde funcionaba una agencia de seguridad situada en Rioja 4941; un departamento de calle Urquiza 1091; otro en Cerrito 737; el cuarto piso del edificio de San Lorenzo 1761; y una vivienda de Dorrego 1638.
En esas requisas, la policía secuestró armamento y municiones, carpetas y documentación –incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio– con datos de diferentes personas, tanto de víctimas cuanto de posibles perpetradores de delitos contra la humanidad. También documentación sobre causas judiciales de Rosario, personal de la Universidad, datos identificatorios de personas vinculadas al foro local, agendas con listas de personas, algunas de ellas desaparecidas.
De acuerdo a la investigación que llevó adelante la Unidad fiscal para causas por delitos de lesa humanidad de Rosario, alrededor de la 1.45 del 8 de octubre de 1984, el entonces subjefe del Destacamento de Inteligencia 121 Luis Américo Muñoz “comandó a un grupo de integrantes de la inteligencia castrense que amenazó con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los tribunales provinciales, le sustrajo sus armas reglamentarias y los maniató y los encerró en el recinto de la guardia, donde fueron hallados y liberados por el personal que llegó a trabajar a las 5.00”.
Luego de neutralizar a la guardia, el grupo sustrajo “casi la totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas” por la delegación Rosario de la Conadep, que dieron lugar a la formación de la causa denominada “Feced”.
“Para esa acción, fueron forzadas las cerraduras de la puerta de ingreso al juzgado, la del despacho del juez, las del cajón central de su escritorio y las de dos armarios”, sostiene la investigación judicial.
El grupo de Inteligencia también ingresó a mano armada al domicilio de Dorrego al 1600, a pocas cuadras de Tribunales, donde el juez Martínez Fermoselle había dispuesto custodia para la documentación secuestrada, para evitar su traslado al Palacio de Justicia de Balcarce y Pellegrini.
La trascendencia del mensaje fue inocultable: a 10 meses de recuperada la democracia, un grupo comando podía ingresar armado a los Tribunales y robarse la documentación que, eventualmente, sería útil para implicar a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la represión ilegal organizada por el Estado terrorista de la dictadura.
Durante todos estos años se construyó la idea de que una “patota” más o menos inorgánica había realizado el asalto a los Tribunales para garantizar impunidad a los ejecutores del capítulo local del genocidio. El objetivo sí fue ese, pero la ejecución tuvo otros planificadores. Treinta y ocho años después, a partir de la condena obtenida esta semana, se sabe que fue el Ejército argentino con la participación de la plana mayor del Comando de II Cuerpo, entonces con sede en Rosario.
La condena
El martes 11 de abril el juez del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad, Eugenio Martínez, homologó el juicio abreviado al que arribaron el fiscal de la Unidad de casos de lesa humanidad, Adolfo Villate, y su adjunto Juan Patricio Murray, con la defensa del único acusado vivo por el robo a Tribunales, el coronel retirado Héctor Fructuoso Funes.
El militar fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe necesario –es decir, mediato, no autor material– por los delitos de privación ilegítima de la libertad (tres hechos); robo (dos hechos); supresión de medios de prueba y de documento público.
Villate explicó que se decidieron por el infrecuente juicio abreviado en caso de delitos de lesa humanidad por la avanzada edad de Funes (86), la falta de certeza sobre la fecha en que el caso podría ser llevado a juicio y el riesgo cierto de que, aun cuando pudiera realizarse y el acusado fuera condenado, los extensísimos tiempos que demandan las vías recursivas (que la sentencia sea revisada por Casación y la Corte Suprema nacional) permitieran que el militar siguiera con vida para que la condena quede firme.
En la rueda de prensa por medio de la cual dieron a conocer la noticia, Villate explicó el valor de la condena alcanzada. “Esto implica que un integrante del Ejército argentino, desde su lugar de responsabilidad en ese momento, dijo «acepto la responsabilidad y que se me imponga una condena de 4 años de prisión»”.
El fiscal Murray precisó que “la aceptación no sólo habla de su responsabilidad, sino que habla de haber recibido órdenes y haberlas impartido”, lo cual involucra en el hecho al Ejército institucionalmente.
“Las órdenes que él recibe es para juntar información, transformar esa información en inteligencia que le suministra al comandante del II cuerpo de Ejército, al general (Víctor) Pino Cano, y a partir de Pino Cano él recibe las órdenes para diseñar, junto con el jefe de operaciones del G3 del Comando, por intermedio del personal del Destacamento de Inteligencia 121, una Operación Especial de Inteligencia, que es el robo a Tribunales”, abundó Murray, quien en 2011, cuando era fiscal federal en San Nicolás, descubrió un documento que permitió avanzar en la causa por el robo.
“No sólo admite su responsabilidad –remarcó en relación a la condena a Funes–, sino que está hablando de la responsabilidad del Ejército argentino institucionalmente. No es una patrulla perdida”.
Murray resaltó el valor de la sentencia, porque “queda escrito para la historia”. De lo contrario, dijo, “son todas especulaciones”.
“Ahora sabemos que fue el Ejército argentino, fue el coronel Héctor Fructuoso Funes, y no fue él por su voluntad individual sino porque recibió órdenes y emitió órdenes para que se ejecuten”, remarcó.
La investigación
Lo que permitió arribar a la condena a Funes fue, originalmente, el hallazgo en 2011 por parte de Murray, entonces fiscal federal en San Nicolás, de un documento elevado por el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Luis Muñoz, en queja por un ascenso que le habían rechazado.
Era un reclamo administrativo de Muñoz a las autoridades del Ejército, al Ministerio de Defensa y al entonces presidente Raúl Alfonsín, en el que pedía que se revisara la calificación que le habían puesto, de “apto para continuar en su grado”, porque ese rótulo le impedía obtener un ascenso.
En esa solicitud, Muñoz hacía referencia a su participación en dos “Operaciones Especiales de Inteligencia” (OEI), la primera realizada antes de las elecciones de octubre de 1983 y la segunda al año siguiente, ya en democracia, cuando era jefe del Destacamento de Inteligencia 121, como antecedentes positivos de sus funciones.
Sobre la segunda OEI, Muñoz sostuvo que “consistió en un gran despliegue de efectivos y medios” con la finalidad de “disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial».
“Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido”, explicó el teniente coronel, para agregar que “permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos; y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.
Para el fiscal Villate, Muñoz hizo referencia en esa nota al robo a los Tribunales de octubre de 1984, atento a que no existió ese año otro hecho que permita encuadrarse en esa descripción.
Acerca de la primera OEI a la que hizo hecho referencia Muñoz en su escrito, la Fiscalía entiende que se trata del secuestro de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, “levantados” del bar “Magnum” de Rosario el 14 de mayo de 1983, y cuyos cuerpos asesinados aparecieron tres días después en un camino rural cercano a la localidad bonaerense de Lima.
En el escrito de queja por su ascenso, Muñoz señaló que “dada su gran envergadura, las dos operaciones especiales fueron ampliamente publicitadas por todos los medios de comunicación masivos, con una gran repercusión. Esta situación puso en serio peligro mi integridad personal, incluyendo a mi familia”.
Puntualizó que “mi actuación en el grado de Teniente Coronel no puede dejar de ser evaluada en detalle, teniendo en cuenta que tuve el honor y oportunidad que me dio la superioridad, de participar en dos operaciones donde hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio”.
El servicio por vocación mencionó, en ese párrafo, que “el honor” de participar del robo a Tribunales se lo otorgó “la superioridad”.
Por esa razón, el fiscal Villate solicitó y obtuvo del juez federal Carlos Vera Barros, los procesamientos de Muñoz, de su superior Funes y del entonces comandante del II Cuerpo, Pino Cano. El primero y el último murieron impunes.
En su reveladora nota por el ascenso no otorgado, Muñoz explicó que conoce las virtudes de la discreción, pero puede dejarlas de lado ante una orden. “Debo hacer notar que dadas las características de dichos acontecimientos, configurados doctrinariamente como Operaciones Especiales, voy a limitarme solamente a mencionarlos en su ubicación temporal como marco de referencia de la oportunidad en que se produjeron, brindando un breve contexto de los mismos”, dijo.
“No obstante –siguió–, si se me ordena, puedo hacer un relato pormenorizado de las operaciones en que participé directa y activamente cumpliendo órdenes de la superioridad”. Y en lo que puede interpretarse como una velada advertencia, agregó: “Asimismo informo que dispongo de elementos probatorios que avalan lo expresado precedentemente”.
Muñoz murió el 31 de julio de 2021, a los 84 años, y se llevó a la tumba tanto los “elementos probatorios” que decía poseer como su testimonio, que no estaba obligado a prestar ante un tribunal.
Pero su involuntaria confesión permitió, a 38 años del robo a Tribunales, arribar a la condena del único autor mediato vivo de aquél hecho histórico hasta ahora impune. Y escribir esa “otra historia”, la verdadera historia, que no es poco.
“Fue el Ejército durante el gobierno de Alfonsín”
“Queda asentado que desde el Ejército y durante el gobierno democrático del doctor Alfonsín, se seguían haciendo operaciones ilegales. Que no era sólo la patota o un grupo paramilitar”, dijo Adriana Arce, impulsora durante 38 años de la investigación judicial y por la verdad histórica sobre el robo a los Tribunales en 1984.
Arce formó parte de la Conadep Rosario y participó de los allanamientos en los que se secuestró la información relativa a la represión ilegal del Estado terrorista que fue sustraída unos días después del despacho del juez de instrucción Francisco Martínez Fermoselle.
Ahora, dice, está “súper feliz”. “Lo que siempre se dijo era que este hecho había sido ejecutado por la mano de obra desocupada de los grupos paramilitares que habían existido durante la dictadura”, recordó Arce esta semana durante una rueda de prensa.
Hasta la sentencia que condenó al coronel retirado Héctor Funes como partícipe necesario del robo, parecía que el hecho lo habían cometido quienes en 1984 “seguían operando de manera autárquica, por su cuenta, sin orden”.
“Eso es lo que todas las veces nos respondieron. Llevo 38 años denunciando eso. Así fue como quedó y parecía que esa era la verdad”, dijo la sobreviviente del centro clandestino de detenciones que funcionó en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Pero, siguió, “ahora con toda esta investigación, queda desnaturalizado eso, y queda claro que no fue así”.
“Para mí es fantástico”, agregó Arce, “porque es la demostración de que aún durante el gobierno democrático las Fuerzas Armadas siguieron con los mismos métodos aprendidos de la dictadura y lo ponen en funcionamiento en determinados momentos con diferentes cosas”.
Y cerró: “Agradezco el trabajo que han hecho en la Fiscalía, porque no se hizo en 38 años. Me siento súper feliz de que esto se haya aclarado, y ojalá podamos saber cuál fue el destino de la documentación, porque en el fondo es lo que nos interesa más que cualquiera otra cosa”.
Decisión estratégica
El fiscal Adolfo Villate y su adjunto Patricio Murray decidieron, junto con la sobreviviente de la dictadura Adriana Arce, hacer pública la condena al coronel retirado Héctor Funes mediante una conferencia de prensa, al considerar que era necesario explicar el empleo del mecanismo procesal del juicio abreviado, infrecuente en causas por delitos de lesa humanidad.
“Cuando se trata de juicios de lesa humanidad y se plantea un abreviado, puede sonar raro, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero pensándolo desde el punto de vista procesal y desde la continuidad de las investigaciones, era estratégicamente muy valioso tener una condena firme”, dijo Villate.
Explicó que el caso “tiene la particularidad de que no tiene víctimas directas como conocemos en las causas de lesa humanidad como desaparecidos, asesinados, personas torturadas y secuestradas”.
Además, “los delitos que se cometieron tienen penas muy inferiores a las que estamos acostumbrados, que en el caso de los homicidios calificados son perpetuas”.
De hecho, Funes fue condenado a 4 años de prisión y, al llevar casi ese mismo tiempo en preventiva, a mediados de mayo recuperará la libertad. Pero no radica en el monto de la pena aplicada el valor de la condena, sino en su importancia histórica y la posibilidad de evitar que el caso quede impune por imperio de la biología.
“Sumado al hecho de que el único imputado que está vivo, Héctor Funes, tiene 86 años y que todavía no teníamos certeza de cuándo nos iban a fijar fecha para un juicio, nos hacían dudar de poder llegar a un juicio con Funes con vida”, siguió el fiscal.
De hecho, los otros dos imputados, Luis Muñoz y Víctor Pino Cano, fallecieron durante el proceso.
“Nos pareció que en este caso y por todas estas circunstancias, era estratégicamente conveniente tener cuanto antes una condena. Porque esto nos sienta una base a partir de la cual la investigación que seguimos llevando adelante, parte ahora de la existencia de una responsabilidad de un alto integrante de la plana mayor del II Cuerpo de Ejército, con una condena donde él acepta la responsabilidad por los hechos”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 15/04/23
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