El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el accionar de espías de Estados Unidos en su país. “No se pueden utilizar actos de espionaje para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad”, señaló.
AMLO calificó como una intromisión abusiva y prepotente la infiltración del gobierno de Estados Unidos en el Cártel de Sinaloa, que derivó en la presentación de cargos contra 28 miembros de este grupo criminal, entre ellos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a quienes se señala de encabezar la célula de Los Chapitos, informó el diario mexicano La Jornada.
El mandatario denunció que este operativo tuvo lugar sin ninguna autorización del gobierno mexicano, por lo que se pronunció por retomar las pláticas para ver las condiciones de cooperación binacional en materia de seguridad, señala la nota que lleva la firma de Pedro Domínguez.
“Una intromisión abusiva, prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo, ¿cómo van a estar espiando? ¿Hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, no se puede estar utilizando actos de espionaje para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad, además, con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”, criticó.
Es ya vieja y bien conocida la historia de la intromisión imperial (en México y en el resto de la región) con la excusa de una supuesta “guerra contra las drogas” (cuyo resultado es el fortalecimiento de los carteles, el aumento del consumo y un millonario negocio de lavado para el sistema bancario internacional, que es una de las bases de la actual fase financiera del capitalismo).
“No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, quienes pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”, señaló el mandatario.
“A los estadounidenses les pasa un poco o es algo parecido a lo que sucedía en México cuando imperaba la corrupción: que se veía como una cosa normal. Les parece normal el que puedan entrometerse en asuntos de nuestro país o de cualquier otro país y eso es lo que tienen que cambiar”, agregó.
El hecho se produjo tras un hecho puntual: la reunión bilateral para acordar acciones contra el fentanilo (droga 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más poderosa que la morfina). Allí se anunció una campaña global contra “la droga más importante de la historia”, y en especial contra el cártel de Sinaloa.
Estados Unidos desclasificó cinco acusaciones contra 28 personas, entre ellas cuatro de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a quienes se señala de encabezar la célula de Los Chapitos.
El trabajo de espionaje de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) señala que el cártel es de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. Y agrega que también existen otras bandas en el interior de EEUU que se dedican a lo mismo.
En cuanto a la presencia de las agencias de seguridad estadounidenses en México, AMLO mencionó que va a haber cooperación, pero es necesario ponerse de acuerdo porque “no es que van a entrar como lo hacían antes”. “Ya no es el tiempo de (el ex presidente) Felipe Calderón de que se definían los programas en Estados Unidos, y México se sumaba y éramos como los policías del gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los programas, que por cierto nunca funcionaron”, consideró AMLO.
“Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, que llega a Estados Unidos y a Canadá, desde Asia», remarcó.
El presidente de México señaló que es importante enfrentar el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere al consumo de fentanilo, que está causando la pérdida de vidas de muchos ciudadanos, pero aclaró que esto será sólo un tema de cooperación. “Cooperación sí, sometimiento no. Porque México es un país libre, independiente y soberano, afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente (Joe) Biden, que ha actuado con mucho respeto», afirmó.
Lavan dinero del Cártel de Sinaloa
Las autoridades de Estados Unidos conocen bien al cártel de Sinaloa. La filial estadounidense del prestigioso banco HSBC lavó al menos 881 millones de dólares al cártel de Sinaloa entre 2006 y 2010 (sexenio de Felipe Calderón), de acuerdo con documentos judiciales estadounidenses que reproduce, al igual que miles de medio de todo el mundo, el diario mexicano Aristegui.
“Como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank USA”, informó la DEA en forma oficial, al tiempo que aseguró que el Grupo HSBC admitió no haber informado al HSBC Bank USA del flujo de fondos ilícitos.
Los banqueros quedaron impunes. La Justicia estadounidense los regañó como a niños traviesos, les cobró una multa irrisoria y les dio una palmadita en la espalda cuando prometieron “no lo hacemos más”. El capítulo “Banca y lavado” de la serie de Netflix “Dirty Money” (“Dinero sucio”), estrenada en 2018, muestra la corrupción y la impotencia del gobierno estadounidense para enfrentar a las grandes corporaciones. Asimismo, a través de Youtube se puede acceder a cientos de informes periodísticos y documentales sobre el tema.
La criminalidad de la industria farmacéutica
Estados Unidos enfrenta a una crisis de opioides de efectos devastadores. Desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022, más de 100 mil personas murieron por sobredosis de drogas, dos tercios de ellas por opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Entre 2019 y 2021, las sobredosis letales aumentaron en aproximadamente un 94 por ciento: 196 estadounidenses mueren cada día por intoxicación de fentanilo.
El detonante de esta verdadera guerra química contra la propia población fueron las publicidades engañosas y la corrupción de la industria farmacéutica: una droga legal, el analgésico OxyContin, de Purdue Pharma (recetada en exceso por médicos coimeados por los fabricantes), llevó a mucha gente al fentanilo, más potente y barato.
Según informa el sitio británico BBC Mundo, la responsabilidad por la masacre recae en una de las familias más poderosas de Estados Unidos, más rica que los Rockefeller, y también de las más discretas y filantrópicas, al punto que les llaman “los Medici del siglo XX”. La escandalosa fortuna de los Sackler, con la que ofrecen becas, compran arte, crean fundaciones e instituciones, patrocinan salas en el Louvre y en el Museo Británico, abren escuelas en Israel y fundan decenas de programas científicos, académicos y culturales por todos lados, tiene un pasado oscuro.
Más de 500 ciudades y condados de Estados Unidos demandaron a ocho miembros de la familia Sackler. Pero los millonarios arreglan todo con dinero. En una de los juicios, en Oklahoma, Purdue Pharma pagará 270 millones para tapar la acción criminal, informó BBC Mundo, al tiempo que agrega que una investigación publicada en el American Journal of Public Health (Revista estadounidense sobre salud pública) indicó que, desde la aprobación del OxyContin, varias farmacéuticas se enfrascaron en una empresa de marketing y “sobornos” para convencer a los médicos de prescribir opioides a pacientes que no los necesitaban.
Según informa el sitio británico, especialistas consultados por los medios estadounidenses The New Yorker y Enquire también opinaron que la campaña llevada a cabo por Purdue Pharma contribuyó a que los controles para la prescripción de este tipo de medicamentos fueran menos rigurosos, lo que aumentó el número de adicciones.
Sólo en 2012, los médicos hicieron más de 282 millones de recetas para analgésicos opiáceos, incluidos OxyContin, Vicodin y Percocet, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante de Estados Unidos.
La DEA y sus vínculos con la delincuencia narco
Según AMLO, “no se puede confiar ciegamente en los agentes de la DEA porque algunos mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia. Además, se han atrevido a filtrar incluso información de las dependencias mexicanas, acusando una división entre el ejército y la Marina”.
“Son rémoras, son malas costumbres, es que fueron muchos años de subordinación y la culpa no es sólo de los gobiernos estadounidenses”, analizó el mandatario.
Una reforma a la ley de Seguridad Nacional limitó en 2021 las operaciones de los agentes extranjeros en México, en medio de denuncias sobre supuestos nexos entre algunos de esos funcionarios y narcotraficantes, y luego de que más de 2 mil armas terminaran en manos de criminales tras un fallido operativo de rastreo estadounidense entre 2006 y 2011.
Pero la historia de la injerencia de la DEA en México y la falta de respeto a su soberanía tiene ya varias décadas. “El gobierno de Nixon presionó al de México para incrementar la colaboración en el combate al narcotráfico, pero condicionándola a la tutela de la DEA. Para sacar adelante su proyecto, Estados Unidos aludió al acuerdo bilateral e internacional en materia consular para enviar a México a los primeros agentes de la DEA. Aunque este argumento diplomático al principio no fue suficiente, ya que el gobierno mexicano se rehusaba a aceptar la presencia de los policías antinarcóticos extranjeros en el territorio nacional”, señala J. Jesús Esquivel en su libro La DEA en México. Una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes (2013).
Entre agosto de 1973 y enero de 1974, señala Esquivel, el gobierno de Nixon acorraló al de Luis Echeverría Álvarez para que abriera las puertas del país a las recién iniciadas labores policiales y de investigación de agentes de la DEA. Así, en enero de 1974, Nixon anunció que Echeverría Álvarez “solicitó” al gobierno de Estados Unidos “asistencia técnica” para contener el tráfico hacia el norte de la heroína café.
“En respuesta a la “petición urgente de ayuda” por parte del gobierno de México, de forma expedita (luego de meses de consultas y negociaciones secretas) surgen los instrumentos legales denominados acuerdos ejecutivos. Con la firma de estos documentos por parte de los gobiernos de ambos países, el 26 de enero de 1974 se formalizan la presencia y las actividades policiales en territorio mexicano de los agentes de la DEA”, señala la investigación de Esquivel.
El libro de Julián Maradeo La DEA en la Argentina. Una historia criminal (1973-2022) ofrece un minucioso repaso sobre las acciones fuera de la ley perpetradas en el país. “La DEA es una agencia policial transnacional cuyo poder no es absoluto sino que lo construye de manera relacional con jueces, fiscales, abogados, policías, gendarmes, despachantes de aduana, espías y ministros, entre muchos otros. El centenar de entrevistados para este libro está de acuerdo en algo: con cambios sensibles en el tiempo, la DEA hace lo que quiere en la Argentina, sin importar si es legal o no, pero eso efectivamente ocurre debido a que sus interlocutores se lo permiten”, afirma el autor en la introducción.
Maradeo señala que los actores locales suelen justificar su vínculo a partir de los recursos y la información que les bajan, que de otra manera resultarían inaccesibles. Pero aclara que el reverso de este argumento expone lo que no admiten. “La ecuación sobre por qué se promueven las actividades formativas a granel es sencilla: se trata de eventos desarrollados y presentados con fines formales pero que contienen objetivos informales. El principal es el armado de una red compuesta por fuerzas de seguridad, políticos e integrantes del Poder Judicial que le garantizan a la DEA el acceso a información privilegiada”, agrega el autor, al tiempo que considera que la pregunta más importante es de qué manera ejerce su poder la agencia en el país: más allá de montarse en la penetración histórica de la Embajada, lo hace gracias a la información que la DEA acopia producto de su relación e intervención en numerosos países, y sus recursos económicos y tecnológicos.
Los números oficiales de la DEA, señala Maradeo, son impactantes: tiene más de 11 mil empleados, de los cuales 5 mil son agentes especiales, asignados en las oficinas ubicadas en los 50 estados estadounidenses y en 91 estaciones situadas en 70 países.
“Esto lleva a que muchos cometan un error de diagnóstico cuando dicen que la influencia de la DEA en el país se encuentra magnificada. Esa tesis se apoya sobre la idea de que su poder se mide en función de la cantidad de agentes enviados a la Argentina. Error. No se trata del número, se trata de la trama de relaciones diversas que alimenta y sostiene desde hace cinco décadas en todo el mapa nacional. Esa red de lealtades es la que le permite hacer caso omiso de los gobiernos nacionales de turno y su coyuntural mejor o peor relación con Estados Unidos”, agrega el autor de La DEA en la Argentina. Una historia criminal (1973-2022).
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