La causa Guerrieri IV llegó al final de las declaraciones testimoniales. Expusieron Ernesto Rodríguez, Miguel Nievas y Lucas Matías Bilbao, quienes han producido conocimiento científico sobre diferentes aspectos del terrorismo de Estado.
Pasan las nueve y empieza la última audiencia de declaraciones testimoniales por la megacausa conocida como Guerrieri IV. La fiscalía propuso tres testigos que aportarán información dura a partir de sus trabajos de investigación. Hoy la jornada judicial tendrá un tinte menos emotivo, pero no por eso menos nutritivo. No hay familiares a quienes acompañar y la convocatoria es menos masiva que de costumbre. En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 inicia la serie de testimonios Ernesto Chicharra Rodríguez, docente de nivel terciario e historiador.
Cuenta que se recibió con una monografía sobre un acontecimiento de lucha sindical llamado El Villazo, que tuvo lugar en la localidad de Villa Constitución, donde hubo decenas de detenciones, de secuestros, de desapariciones y de asesinatos. Sobre la dictadura, especifica que se trató de un “plan sistemático y clandestino”. Acerca de la reconstrucción histórica, cuenta que todavía hay víctimas no identificadas porque solamente se conocen sus nombres de guerra. Destaca el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y habla de una secretaría militar, política y de prensa durante el último golpe de Estado.
Chicharra tiene “la firme decisión de aportar conocimiento”. Exhibe las políticas de difusión y de propaganda en el reparto de volantes por parte de la agrupación Montoneros. Expone que los objetivos eran a largo plazo, expresiones de deseo de ampliar las bases políticas; pero que no toda la masa militante tenía un convencimiento ideológico profundo, sino que una parte se abocaba a una “supervivencia personal”. Sobre la población de Villa Constitución, puntualiza que la Década Infame había aumentado mucho el desempleo y el lugar se llegó a repoblar de personas pertenecientes a pueblos aledaños; también tuvo un gran movimiento migratorio desde Corrientes. Además, aporta que “los oficiales vivían fuera de la jurisdicción”. Ahonda sobre una tapicería donde se escondían panfletos y armas para la columna 17 de Montoneros, luego de aclarar las dificultades para determinar dónde se estaban encolumnando ciertos militantes.
Por primera vez, la defensa de los genocidas elige hacer uso de la pregunta. Ante familiares de las víctimas no se animaron. Hay más militares de lo habitual en la sala porque, además del reincidente Juan Daniel Amelong, asistió Osvaldo Jorge Tévez. Ambos están sentados en la punta de la mesa. A la izquierda de Tévez, su abogado hace una interrupción al silencio del ala imputada para interrogar al testigo. “¿Cuál era la finalidad de Montoneros?”, pregunta Gonzalo Pablo Miño. El genocida Osvaldo tiene un buzo polar rojo y en el público se preguntan si es él.
Ernesto la define como una “organización política militar” que perseguía la transformación radical de la estructura del país. La nomencla como militar por su cosmovisión con acciones de guardia armada. Hace mención a que la única opción posible para Montoneros no era democrática, sino a través del fusil porque los militares defendían intereses de la elite a punta de fusil. El abogado defensor que formuló la pregunta hace minutos tergiversa las palabras de Rodríguez y repregunta cómo la organización en cuestión quería “acabar con la democracia”.
La jueza Mariela Emilce Rojas lo corrige porque el testigo no dijo eso. Entonces, Chicharra se explaya sobre el concepto democrático y sobre el Estado de Derecho como atributo de la democracia parlamentaria, dirimida por el voto popular. Recuerda la consigna “Luche y vuelve” antes de reparar que se buscaba la recuperación democrática, no atentar contra ella, nada más que por medio de las armas para conservar parte del poder. Indica que el accionar militar había tenido lugar incluso cuando Juan Domingo Perón era presidente de la Nación, en un contexto en el que hubo episodios de violencia sin propaganda armada que captara el apoyo popular. En esa línea, ejemplifica con el secuestro del gerente industrial de Acindar, quien atravesó un largo cautiverio, aunque fue liberado y declaró haber recibido un trato igualitario.
Montoneros rompió con parte de la Juventud Peronista el 7 de septiembre de 1974 en lo que se conoció como una grieta entre “los leales a Perón” y un grupo de “federales disidentes” que consideraban que el gobierno del general había sido cooptado por personas de derecha, como José López Rega. Juan Domingo declaró ilegal a Montoneros y se desataron ataques a los cuarteles en un marco de violencia por parte de la “ultraderecha peronista”. “Ha sido muy amable”, contesta el abogado. “Hijo de puta”, responde un hombre del público.
Ernesto también introduce en su discurso la “responsabilidad empresarial” durante el complot represivo de 1975 y traza un entramado entre la burocracia sindical, la empresa Acindar y la voluntad política de María Estela Martínez de Perón. Insiste con la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y los directivos de Acindar, empresa que construyó su planta integral “que pagó Argentina” a través de la estatización de la deuda externa privada. En cuanto a objeto de estudio, detalla que “la mayoría de los detenidos de Villa Constitución” sufrió la detención por parte de personas que “no eran de ahí”. Para él, eso implica que la situación había requerido una infraestructura y una inteligencia previas.
Miguel Nievas toma la posta en la tanda de testimoniales. Es licenciado en criminalística y formó parte del EAAF durante más de 15 años. Está conectado al juicio desde Google Meet y encara la intervención con una explicación de su metodología de investigación. Ha podido sistematizar información cronológica y geográfica de las víctimas de desaparición forzada en el período comprendido entre 1975 y 1983. Las personas desaparecidas fueron su objeto de estudio. Recolectó informes policiales y testimonios, y comenta una curiosa estadística: en la segunda mitad del año 1977, las desapariciones aumentaron y los asesinatos decrecieron.
A partir de su trabajo en torno a la Jefatura Policial de Rosario, accedió a “datos inequívocos de asesinatos”, tales como huellas dactilares. También estudió indicios en el cementerio La Piedad, por el afán de “recuperar restos a través de pericias genéticas”. Allí había “muchas sepulturas y muchos restos”, nombres falsos y pistas dudosas. Los cuerpos ingresados a La Piedad pertenecían a diferentes hechos y había una gran cantidad de nomen nescio (NN). Entre los identificados por el EAAF se destacan los restos de María Isabel Salinas y los de Carlos Alberto Bosso. Nievas resalta a la Quinta de Funes y a La Calamita entre los ex centros clandestinos de detención. Relata cómo fue la Operación México, que consistió en captar detenidos y en obligarlos a colaborar, con un modus operandi que consistía en “tener gente, quebrarla y eliminarla”.
Miguel tiene conocimiento de un inmenso ocultamiento de pruebas y señala que en San Pedro se identificó una “remoción de grandes dimensiones”. Hay tres gendarmes y una policía en la sala cuando narra que había un patrón en los enfrentamientos fraguados: “Los disparos solían ir por la espalda”. Eso se determinó en base a las lesiones. Cita el ejemplo de Omar Bravo, cuya familia recuperó su cuerpo en un nicho de cajón metálico, donde el cadáver no se había esqueletizado por completo, sino que conservaba parte del tejido blanco.
Lucas Matías Bilbao es el último testigo del mediodía. También es historiador, pero se dedicó a investigar específicamente la relación entre el catolicismo y el terrorismo de Estado, a desentramar vestigios de la complicidad clerical con la dictadura. Exhibe cómo la iglesia católica estableció el vicariato castrense, un “acuerdo entre el Estado argentino y el Vaticano”. El vicariato nació en 1955 y demandó gestiones previas. Se erigió sobre una función pedagógica y otra catequista. Se fue perfilando con tinte anticomunista y se aferró al nacionalismo; sus miembros cobraban por estamento. Los capellanes militares ocupaban espacios destacados como agentes estatales. Los vínculos con funcionarios religiosos eran visibles para el Ejército, guardaban cercanía y sostenían un trato cotidiano. Un ejemplo de esto es el ex centro clandestino de detención Ceferino Namuncurá, donde estuvieron detenidos Roberto Pistacchia, Eduardo Garat y Santiago Mac Guire.
Ahora habla de un capellán mayor que en una ceremonia fue distinguido por su colaboración en un hecho terrorista en el que murieron tres militantes y tres funcionarios policiales. En minutos detallará los conflictos del catolicismo en torno a las reformas vaticanas. El sacerdote Guillermo Bolatti protagonizó aquella disputa desde Rosario y ordenó la detención del cura tercermundista Santiago Mac Guire, que había denunciado los vínculos corruptos y atroces de la iglesia con la dictadura. Miguel hace hincapié en un hecho inédito que tuvo lugar durante el ejercicio del terrorismo de Estado, en el que 50 sacerdotes fueron detenidos como un “acto de disciplinamiento”.
Los capellanes del catolicismo integrista veían en el gobierno de facto de las fuerzas armadas la “posibilidad de lograr un equilibrio que se había perdido”. En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, el comunismo era visto como una amenaza acarreada desde la década del veinte. A la iglesia le preocupaba su propagación en las juventudes, ya que Marx negaba la existencia de Dios y desalentaba su fe en la sociedad. Una de las funciones eclesiásticas en los crímenes de lesa humanidad era “tranquilizar las conciencias de los represores”. Para Santo Tomás, la muerte está permitida y “la tortura es menos”; así se lavaban la culpa los milicos, amparados en la espiritualidad. De esta manera, la iglesia acompañaba la escalada represiva. Nievas puntualiza en el “montaje clandestino de represión” y asevera que el boletín del vicariato no aparece “en ningún lugar público”. Durante el genocidio dictatorial, el clero intentaba “aunar criterios” entre sus capellanes.
La fiscalía decidió prescindir de múltiples testigos. La abogada querellante Nadia Schujman cita el artículo 381 del Código Procesal de la Nación y se expresa en torno a una “robusta y pacífica jurisprudencia”, antes de compartir algunos extractos de declaraciones testimoniales. Reconoce por qué crímenes se imputa a cada genocida en la causa. Una mujer del público se queja de que el plan sistemático no esté tipificado como delito y opina que todos los milicos son culpables de todos los crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, Nadia se enfoca en cada caso y se atreve a mirar a la cara a Juan Daniel Amelong cuando explica los horrores que cometió.
Schujman los caratula como “coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por la tortura”. Desde hace más de cuatro décadas, estos delitos esperan Justicia. Sin embargo, Gonzalo Pablo Miño solicita más tiempo para las ampliaciones. La jueza determina un cuarto intermedio y las audiencias se retomarán el lunes 15 de mayo de 2023.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 13/05/23
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 1000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
