El ex mandatario apoyó la llegada de 20 mil buscadores ilegales de oro y minerales que masacraron pueblos originarios y destruyeron el medio ambiente. Se registraron al menos 795 asesinatos; 570 niños del pueblo yanomami murieron de desnutrición.
El informe anual del Consejo Indigenista Misionero de Brasil (Conselho Indigenista Missionário, Cimi) prueba que en los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) la violencia contra los pueblos originarios se multiplicó exponencialmente: fueron asesinados 795 indígenas, 180 de ellos en 2022. El informe de 300 páginas se titula “Violéncia contra os povos indígenas no Brasil-2022” (“Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil-2022”).
Cimi es una organización vinculada a la Iglesia católica que analiza datos oficiales de todos los estados de Brasil para generar un mapeo de estas masacres y describir los ataques a los pueblos originarios de los últimos años.
La investigación vincula en forma directa las matanzas de pueblos originarios con las políticas del ex presidente Bolsonaro. Se describe un despliegue de las más diversas formas de violencia: asesinatos, lesiones, discriminación, violaciones, amenazas. Las atrocidades contra los indígenas registraron con el gobierno de Bolsonaro un aumento del 54 por ciento con relación a los cuatro años anteriores (bajo los gobiernos de Michel Temer y Dilma Rousseff).
“La intensidad y gravedad de esos casos no pueden comprenderse fuera del contexto del abandono de la política indigenista y el desmantelamiento de los órganos de protección ambiental durante los cuatro años bajo el gobierno de Jair Bolsonaro”, indica el informe.
Bolsonaro hizo campaña prometiendo “ni un centímetro más” de tierra a los indígenas. Y cumplió. Pese a que la Constitución obliga a reconocer legalmente los territorios ocupados históricamente por las poblaciones nativas. Por el contrario, el ex militar promovió leyes para permitir explotar las tierras indígenas y vació los órganos estatales que debían proteger a los pueblos originarios.
El resultado fue más violencia: en 2022 se produjeron 309 casos de invasión de grupos armados a tierras ancestrales para la explotación ilegal de recursos naturales. El gobierno de Bolsonaro, al servicio de las corporaciones mineras que destruyen el medio ambiente, actuó con impunidad y dejó a los indígenas en total indefensión e inseguridad jurídica.
La investigación denuncia que en 2022, en los estados Mato Grosso do Sul, Maranhão y Bahía, las invasiones y disputas por la tierra derivaron en asesinatos de indígenas perpetrados por agentes policiales o ex agentes que configuran la denominada “seguridad privada” de los terratenientes, denuncia el informe. “Seguridad privada” es un eufemismo para hacer referencia a las milicias de los terratenientes, grupos armados y organizados para masacrar indígenas y militantes.
Una de las situaciones humanitarias más graves es la que padecen los indios yanonami, al norte de Brasil. Los negocios de Bolsonaro con la minería ilegal en tierras indígenas provocó la llegada de más de 20 mil “garimpeiros” (buscadores de oro y piedras preciosas). El ex militar llegó a visitar una excavación ilegal en la tierra indígena Raposa Serra do Sol para dejar claro su apoyo. Los dueños de esas tierras fueron desalojados, violentados, amenazados y asesinados. El informe recuerda el asesinato de una adolescente yanomami de 12 años que fue violada y asesinada por garimpeiros en una aldea de la región de Waikás, una de las más afectadas por la minería ilegal.
Con Lula, no: dura lucha contra la minería ilegal
Con la llegada del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva cambió la suerte de los empresarios usurpadores y asesinos. La Justicia está investigando asesinatos, violaciones, y el abandono de no menos de 570 niños yanomamis que murieron de desnutrición. También se registraron muertes por malaria en un marco de contaminación y devastación que hace que los ríos contengan grandes cantidades de mercurio.
Según informó la agencia Télam, el gobierno de Brasil comenzó en febrero de 2023 una serie de operaciones para expulsar a más de 20 mil garimpeiros, como se conoce a las mafias de la minería ilegal, de la reserva indígena yanomami.
En tiempos de Bolsonaro, los empresarios buscadores de metales y piedras preciosas aumentaron un 46 por ciento sus actividades ilegales en reservas indígenas, sobre todo en la Tierra Indígena Yanomami, fronteriza con Venezuela, la más grande del país, con el tamaño de la provincia argentina del Chaco, agrega Télam.
El gobierno bolsonarista del estado de Roraima, donde se encuentra la reserva, informó en un comunicado que los primeros garimpeiros comenzaron a abandonar “pacíficamente” el territorio que pertenece al gobierno federal. Un decreto de Lula cerró el espacio aéreo con la Fuerza Aérea en virtud de que los empresarios de la minería ilegal habían montado pistas de aterrizaje dentro de la reserva indígena, además de ordenar a la Marina el patrullaje de los ríos internos.
El decreto autoriza al derribo de aeronaves que se resistan a salir del espacio aéreo de la reserva, en un intento por “estrangular logísticamente” a los garimpeiros, es decir, dejarlos sin comida ni combustible.
También hay centenares de casos de desnutrición de adultos, sobre todo porque la minería ilegal utiliza mercurio en los ríos y arroyos amazónicos.
La contaminación de los ríos hace imposible la pesca, principal fuente de alimentación de los yanomamis, que de esta manera fueron condenados a muerte por el gobierno de Bolsonaro. Las imágenes de adultos y niños yanomami famélicos, con las costillas a la vista, dieron la vuelta al mundo.
Uno de los datos más reveladores de las políticas de Bolsonaro incluidos en el documento es la caracterización de las muertes por “omisión de poder público”, sobre todo por falta de asistencia. Lula decretó la emergencia sanitaria y calificó estos hechos como “genocidio” perpetrado por Bolsonaro contra los yanomamis.
El informe del Cimi identificó además otras 1.500 muertes que se dieron “por causas evitables”, como diarrea, fiebre, neumonía o desnutrición. El territorio yanomami fue el más afectado. A pesar de que aquí vive apenas el 4 por ciento de los indígenas brasileños, el 17,5 por ciento de las muertes por ausencia de políticas públicas adecuadas se produjo allí.
Los especialistas, advierte el informe, afirman que el número podría ser mayor, ya que hay puntos de muy difícil acceso donde los garimpeiros aún ocupan los precarios puestos de salud repartidos por la selva. El texto menciona en varias ocasiones el término “genocidio” y pide la creación de una Comisión Nacional Indígena de la Verdad, como la que se instaló para investigar los crímenes de la dictadura militar.
Asesinatos y también suicidios
El informe del Cimi señala que los tres estados que acumulan las tasas más altas de asesinatos de indígenas también son los que registran un mayor número de suicidios. Entre 2019 y 2022, hubo un total de 535 muertes de indígenas por suicidio, el 74 por ciento de ellos en Amazonas, Mato Grosso do Sul y Roraima, señala el medio brasileño Brasil de Fato analizando la investigación.
“Este informe, a diferencia de los demás, cierra un ciclo de perversidad, de cuatro años de brutalidad. Por eso nos tomamos la molestia de traer los datos recopilados de los últimos cuatro años”, señaló uno de los coordinadores del trabajo, Roberto Antonio Liebgott, en declaraciones al medio digital brasileño Brasil de Fato.
El portal brasileño agrega que en 2022, la postura antiindígena del gobierno de Bolsonaro también se reflejó en el aumento de los conflictos por derechos territoriales.
“Los niños son las principales víctimas de este escenario de violencia”, resumió la profesora Lucia Helena Rangel, coordinadora de la publicación.
El informe brinda un panorama de cuatro años de paralización total de las demarcaciones de tierras indígenas, incremento de conflictos, invasiones de territorios y desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas y de las instancias encargadas de la vigilancia y protección de sus territorios, agrega Brasil de Fato.
“Estamos ante un escenario de horrores. Son horrores cometidos contra las personas, la naturaleza, los espíritus, contra todos los pueblos”, señaló Rangel.
“Fue un gobierno criminal que cometió una serie de abusos, excesos absurdos y que hasta ahora ha quedado impune”, agregó.
La información en la que se basó el informe se obtuvo de fuentes públicas como la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), el Sistema de Información de Mortalidad (SIM) y las secretarías de salud de los estados.
“Debido al mercurio, hoy bebemos agua de río contaminada. A partir de ahí comienza nuestro sufrimiento. Es triste ver a la madre perder al niño”, señaló el presidente de la Asociación Wanasseduume Ye’kwana (Roraima), Julio Ye’kwana.
“Los pueblos indígenas no nos damos por vencidos”
“Los pueblos indígenas, durante cuatro años, luchamos, resistimos y no nos rendimos. Hasta el día de hoy no nos damos por vencidos”, completó en su discurso el líder, quien también resaltó que el actual gobierno tiene que crear estrategias para enfrentar a la minería ilegal, denominada por él como “facciones criminales”, agregó Ye’kwana.
“Es difícil solucionar los problemas que se generaron. Hoy el gobierno trata de arreglarlos, pero nos está costando manejarlo, porque todavía hay gente poderosa que actúa contra los pueblos indígenas. De todos modos, no nos rendiremos. Somos fuertes. Porque estamos en nuestra tierra. En la tierra llamada Brasil. Yo he nacido aquí. Esta es mi tierra”, destacó. “Nuestro bosque ha sido destruido, los ríos han sido contaminados, los lugares sagrados han sido destruidos. Nuestro conocimiento se va. Nos preocupa porque tenemos una gran conexión con la naturaleza. La naturaleza nos sostiene y los pueblos indígenas sostenemos la naturaleza. Queremos vivir en paz”, denunció el presidente de la Asociación Wanasseduume Ye’kwana.
Según el Instituto Socioambiental de Brasil (ISA), el territorio indígena yanomami está ocupado por ocho pueblos y cuenta con unos 26.700 habitantes. Su superficie se extiende por unos 9,6 millones de hectáreas (el equivalente a 13.800 campos de fútbol). Fue reconocido y ratificado por el gobierno brasileño en 1992, mediante un decreto firmado por el entonces presidente Fernando Collor de Mello, informó la BBC.
El territorio está situado entre los estados de Roraima y Amazonas, al norte del país, en la frontera entre Brasil y Venezuela.
Según el ISA, la región está expuesta a cuatro “riesgos potenciales y problemas existentes”: mineros, pescadores, cazadores y ganaderos.
Por su parte, Erilsa Pataxó, vice-cacica de la Tierra Indígena Barra Vieja (Bahia) denunció: “Hoy ya no tenemos derechos. Cuando nos ponemos a luchar, matan a nuestra gente”. “Hoy nos atacan por todos lados. Hoy ya comenzamos a sufrir dentro del vientre de nuestra madre”, agregó.
Actualmente, el 62 por ciento de las 1.391 tierras indígenas y los reclamos territoriales existentes en Brasil aún no están regularizados, según el informe del Cimi. De las 867 tierras indígenas pendientes de regulación, al menos 588 no recibieron ninguna acción estatal para su demarcación.
Estos territorios aún están a la espera de la constitución de Grupos Técnicos (GT) por parte de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI), responsables de proceder con la identificación y delimitación de estas áreas. Los pocos GT abiertos o reactivados en 2022 sólo fueron constituidos por orden judicial en juicios iniciados por el Ministerio Público Federal (MPF) y ninguno de ellos completó su trabajo.
“La FUNAI actuó de manera criminal durante esos cuatro años. Todas las muertes que se dieron en ese período, de indigenistas, indígenas, mujeres, niños, son el resultado de la enorme irresponsabilidad que cometió la FUNAI en ese tiempo”, señaló Rangel.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 05/08/23
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