El mandatario salvadoreño ganó la reelección, pese a que la Constitución no lo habilitaba a postularse, en medio de un estado de excepción que sirve de marco a medidas propias de una dictadura: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos.
Sin respetar la Constitución ni la división de poderes, manipulando a su antojo la Justicia y el Congreso, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (que gobierna desde el 1° de junio de 2019), ganó por amplio margen las elecciones y seguirá en el cargo hasta 2029. Lo hizo en el marco del régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022, que eliminó derechos y garantías básicas y limitó, entre otros, los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libre expresión y a la libre asociación.
La gran excusa para adoptar esta medida fue la lucha contra las pandillas. Y efectivamente, los homicidios se redujeron en forma notable. Pero la supuesta efectividad de la mano dura fue desmentida en 2020 por una investigación del medio El Faro, que dio a conocer documentos oficiales que prueban que, detrás de la puesta en escena, el gobierno viene negociando desde hace años con la delincuencia organizada. La disminución de la violencia es el resultado de negociaciones entre gobierno y delincuentes, y forma parte de un tome y daca muy inestable y de duración impredecible.
De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW, en castellano Observatorio de Derechos Humanos), el régimen de excepción trajo consigo “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en prisión”.
HRW es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York, y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.
“El presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han desmantelado sistemáticamente el sistema de contrapesos democráticos. En septiembre, el presidente Bukele anunció que buscará la reelección en 2024, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata”, señala el informe de HRW, que agrega que “las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos”.
“Desde que asumió en 2019, el presidente Bukele y sus aliados han adoptado medidas drásticas para cooptar las instituciones democráticas. En mayo de 2021, la mayoría de dos tercios de Bukele en la Asamblea Legislativa destituyó y reemplazó de manera sumaria a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general”, denuncia HRW.
La organización señala además que en septiembre de 2021, los legisladores promulgaron leyes que permitieron que la Corte Suprema y el fiscal general destituyeran a jueces y fiscales mayores de 60 años y ampliaron su facultad de transferirlos a nuevos puestos. Las leyes se usaron para manipular abusivamente a jueces o fiscales independientes.
Estados Unidos sancionó a los cinco jueces nombrados por Bukele en la Corte Suprema para manipular la Constitución y poder ser candidato a la reelección, señaló Infobae, al tiempo que agregó que fueron incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Engel.
El gobierno de Bukele llegó a reconocer oficialmente que más de 80 mil es el número de salvadoreños presos durante el régimen de excepción.
Circo sin pan: cada vez más hambre y desempleo
“Si en materia de seguridad los resultados gubernamentales –difundidos ampliamente por la prensa internacional– parecen espectaculares a corto plazo, en el terreno económico el primer gobierno de Bukele deja un saldo pésimo, con un endeudamiento alarmante, la depauperación de la población y un incremento en las cifras de los migrantes, expulsados del país por el hambre y el desempleo”, asegura Álvaro Verzi Rangel, sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
“Con su arrollador triunfo en las elecciones, Nayib Bukele, el mandatario ultraderechista salvadoreño ve respaldada su batalla contra la delincuencia aún a costa de llevarse por delante los derechos humanos. Durante los próximos cinco años, deberá centrarse en sacar a flote la economía tras el fiasco que supuso la adopción del bitcoin como moneda de curso legal”, agrega Rangel en la nota titulada “Bukele blinda su régimen autocrático en El Salvador”.
El analista señala además que la deuda pública durante el gobierno de Bukele aumentó 8.896 millones de dólares. En 2023 superó los 25.709 millones, el segundo monto más alto desde hace 20 años. “Entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido de la insostenibilidad de la misma”, advierte Rangel.
“Según el informe Panorama Regional de Seguridad Alimentaria 2022 de Naciones Unidas, El Salvador es uno de los países de América Latina donde más aumentó la inseguridad alimentaria moderada o grave. Esta condición afectó a tres millones de personas entre 2019 y 2021. Es decir, uno de cada dos no comió lo suficiente o no comió, y eso es parte de la pobreza en épocas de Bukele”, señala el analista de CLAE.
Los documentos prueban que negocia con las bandas
El 20 de junio de 2019, Bukele lanzó el “Plan Control Territorial” con el fin de combatir altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. En 2020, la tasa de homicidios intencionales de El Salvador disminuyó 51,3 por ciento en comparación a 2019. Esta medida enamoró a todas y todos los partidarios de la “mano dura” en el mundo y las fuerzas de derecha y ultraderecha comenzaron desde entonces a idolatrar al mandatario salvadoreño. Pero investigaciones periodísticas demostraron, con documentos oficiales del gobierno, que hubo negociaciones entre funcionarios del gobierno de Bukele con las tres principales pandillas en El Salvador.
El diario salvadoreño El Faro publicó, el 3 de septiembre de 2020, una investigación firmada por Carlos Martínez, Óscar Martínez, Sergio Arauz y Efren Lemus titulada “Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral”. La nota da cuenta que “documentos oficiales del Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13. A lo largo de los meses se pactó la reducción de homicidios y se discutieron beneficios carcelarios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021”.
El diario digital obtuvo cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad, que prueban encuentros del director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y del director general de prisiones, Osiris Luna, con líderes pandilleros. En 14 de las visitas participaron encapuchados que entraron a cárceles sin identificarse. Al menos uno de esos visitantes era un líder pandillero en libertad.
El Faro es un periódico digital de El Salvador fundado el 25 de abril de 1998. Es administrado por Fundación Periódica con sede en San José, Costa Rica.
“Las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 son documentos oficiales del propio Gobierno”, señaló la publicación, al tiempo que insistió en que tienen en su poder copias de cientos de reportes del sistema penitenciario que confirman decenas de reuniones secretas entre funcionarios y líderes pandilleros desde junio de 2019 e informes de inteligencia que explican lo pactado en esos encuentros. Los representantes del Ejecutivo y la MS-13 han negociado la reducción de homicidios, beneficios carcelarios y promesas de largo plazo vinculadas al resultado de las elecciones legislativas de 2021, afirma la publicación.
“El propio Gobierno –a través del sistema penitenciario– ha documentado con gran nivel de detalle algunas de las interioridades de su negociación con esa organización criminal. Las evidencias en poder de El Faro registran los recurrentes ingresos del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y del director de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, acompañados por hombres encapuchados, para sostener encuentros con los principales cabecillas de la pandilla en Zacatecoluca e Izalco Fase III”, agrega El Faro.
El diario digital asegura que los registros penitenciarios, firmados y sellados, abundan en nombres de funcionarios y de pandilleros que participaron en los encuentros, horas de ingresos y salidas, apuntes de irregularidades que rayan en lo ilegal, placas de vehículos, detalles sobre la localización de las celdas o de los espacios donde han ocurrido las reuniones. También incluyen informes confidenciales de inteligencia penitenciaria, elaborados por los directores y subdirectores de las cárceles a partir de información proporcionada por reos que colaboran con las autoridades, asegura la publicación al tiempo que agrega que a esa información, los agentes de inteligencia de esta administración la calificaron de “fidedigna” en memorandos oficiales.
La investigación de El Faro aportó la documentación probatoria sobre hechos que venían denunciando organismos internacionales, agencias y medios de todo el mundo.
El 8 de julio de 2020, la agencia Reuters publicó un informe titulado “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government” (“Se desploma la tasa de homicidios en El Salvador; un estudio dice que las pandillas pueden tener pactos informales con el gobierno”).
La agencia con sede en Reino Unido señala que “Bukele ha atribuido la mejora a una mayor presencia policial y militar en las calles y a una seguridad más estricta en las cárceles controladas por las poderosas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18” en la nota que lleva la firma de Nelson Rentería. Pero luego aclara: “Sin embargo, el Grupo Internacional de Crisis (ICG), con sede en Bruselas, dijo en un informe que su análisis sugería que otros factores han contribuido a la caída junto con la represión de Bukele”.
“Mientras el público celebra sus conocidas políticas de mano dura, las razones del éxito podrían residir en entendimientos silenciosos e informales entre las pandillas y el gobierno», señala el informe de ICG que reproduce Reuters.
“Varios representantes de la sociedad civil y políticos creen que las pandillas han decidido reducir los homicidios, posiblemente como consecuencia de un pacto informal de no agresión con las autoridades”, agrega la agencia.
“ICG señaló que no tenía evidencia de conversaciones directas entre funcionarios y pandillas. El gobierno de El Salvador ha negado haber llevado a cabo negociaciones”, agrega Reuters. Pero los documentos aparecerían dos meses más tarde en la nota de El Faro.
El 8 de septiembre de 2020, la publicación francesa Courrier international replica la información de El Faro. A partir de entonces las opiniones se dividieron entre los que apoyan las políticas de Bukele y quienes sostienen que es un dictador que pactó con las mafias e instauró un régimen represivo anulando las garantías constitucionales. La nota se titula “Salvador: le président Bukele aurait (aussi) négocié avec les gangs” (“Salvador: El presidente Bukele habría [también] negociado con las pandillas”).
Courrier international es una revista semanal francesa que publica extractos de artículos de más de 900 medios de todo el mundo.
Sanciones de Estados Unidos por pactar por pandillas
En 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos funcionarios del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quienes señala de participar en negociaciones con las pandillas MS13 y Barrio 18, para reducir los homicidios y obtener apoyo para el partido oficialista Nuevas Ideas, según un comunicado de la agencia estadounidense, informó el medio estadounidense CNN en Español en la nota titulada “EE.UU. sanciona a funcionarios de El Salvador, a quienes señala de negociar un acuerdo político con pandillas: la respuesta de Bukele”.
El medio estadounidense agrega que, de acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, los dos funcionarios del gobierno de Bukele “facilitaron” y “organizaron” reuniones secretas en las que participaron cabecillas de pandillas que están en prisión por diferentes delitos.
El objetivo de las reuniones, según el comunicado, era alcanzar en 2020 una “tregua” para que los “incidentes de violencia de pandillas y cifras confirmadas de homicidios permanecieran bajas”, a cambio de incentivos financieros a las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 10/02/24
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