Las causas mediático judiciales altisonantes siguen a la orden del día en la región y tiene impacto político: ahora, ni en Bolivia ni en Ecuador dejan lugar para que participen en elecciones libres sus líderes más populares.
Dos informes (de la ONU y de Amnistía Internacional) denuncian las atrocidades que viene cometiendo la dictadura encabezada por Áñez: masacres, asesinatos, torturas, discriminación racista, amenazas y detenciones arbitrarias.
Después de diez días de huelga general, con cortes de ruta y enfrentamientos, la Asamblea Legislativa del país vecino acordó por unanimidad y ante organismos internacionales una nueva fecha: el 18 de octubre.
Legisladores aprobaron que el 18 de octubre se vote, y el gobierno de facto lo aceptó. Pero la COB, central obrera, y sectores afines, no levantaban aún la huelga y los piquetes. Evo Morales llamó a acatar la medida.
Tras de suspenderse los comicios previstos para el 3 de mayo debido al coronavirus, las elecciones en el país vecino se realizarán dentro de casi tres meses. El parlamento con mayoría opositora, fue clave en la decisión.
Salvador Romero, presidente del TSE, informó que se fijó fecha límite del acto eleccionario para el 6 de septiembre, y espera ratificación de la Asamblea. El gobierno ilegítimo de Jeanine Añez lo había postegado por la pandemia.
“Se están suicidando niñas por hambre”, resumió Evo Morales en una nueva denuncia pública –en el programa de radio Noticias Piratas– de “las dos pandemias” que azotan Bolivia: el coronavirus y la dictadura.
El gobierno ilegítimo de Bolivia aprovechó la pandemia para militarizar todavía más el país. Las fuerzas de seguridad abusaron de la violencia contra quienes se encuentran varados en la frontera con Chile y quieren regresar.
Pese a la intensa campaña de infamias contra Evo y los candidatos del MAS, y pese a las persecuciones y represión del gobierno de facto, el partido del presidente depuesto está primero en las encuestas para los comicios de mayo.
Desde Argentina, el presidente depuesto de Bolivia cuestionó la decisión del Tribunal Electoral boliviano de inhabilitar su postulación como senador y lo relacionó directamente con el golpe de Estado que se concretó en noviembre.
