Alberto Fernández derogó este viernes el decreto que dispuso la intervención y apuntó al juez que no permitió al Estado conocer el pasivo real, además de mantener al directorio, entre otros señalamientos críticos al proceso.

La provincia dio por terminado este jueves el camino a un entendimiento con las autoridades de la empresa para una salida consensuada y ahora espera una definición judicial.