En los primeros 120 días de 2019 hubo 87 femicidios en todo el país, lo que equivale a un crimen de esa característica cada 33 horas, según el Observatorio de Proyecto Generar. Buenos Aires y Córdoba tienen los índices más altos.
Los datos son alarmantes. Según observatorios sobre género y movimientos feministas de quince países de la región, hasta los primeros días de 2019 los crímenes llegaron a 280 en América Latina. En 2017 hubo 2.795.
La concejala Norma López se reunió en Buenos Aires con la fiscal federal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (Ufem). Preocupa la gran cantidad de femicidios registrados.
De acuerdo un “Informe de Homicidios Dolosos” sucedidos en la provincia de Santa Fe, con los 198 asesinatos ocurridos durante 2019, “Rosario vivió el cuarto año más violento de su historia”.
“No son números, son nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras madres”, planteó el documento leído frente a la Justicia provincial por diversas entidades feministas.
La actividad se realizará en repudio a los 11 asesinatos a mujeres en el país, de los cuales dos ocurrieron en la provincia de Santa Fe. Las organizadoras exigen justicia y medidas concretas para erradicar la violencia de género.
Dos asesinatos de mujeres en 48 horas sacudieron a la provincia de Santa Fe y expusieron los efectos de la violencia machista. El dolor puro falsamente enfrentado a la organización política feminista.
Guillermo René Álvarez, director de la Escuela de Música del Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, designado por el intendente José Corral, fue repudiado en redes sociales por publicar violentas expresiones misóginas.
El Equipo de Género de la concejala Norma López registró que a lo largo de 2018 se produjeron 38 femicidios en Santa Fe, de los cuales 18 ocurrieron en Rosario. La mitad de las mujeres muertas fue a causa de armas de fuego.
El Senado convirtió en ley el proyecto que lleva el nombre de la joven Micaela García, asesinada en 2017 en Gualeguay. La norma obliga a funcionarios de los tres poderes a recibir capacitación en temas de género.
