El Gobierno nacional anunció este lunes en el Boletín Oficial que la nueva dependencia contribuirá en la “detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales” en todo el territorio nacional.

Entre incendios intencionales y el humo asfixiante, la crisis socioambiental abre debates. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué actores y qué está en juego en la relación Estado-naturaleza? ¿Qué modelo de producción y acumulación económica?

Activistas y militantes socioambientales encadenados en la sede local de Gobernación exigen que en plenario de comisiones se trate la Ley de Humedales Consensuada. “Violencia es que estemos respirando humo”, indicaron.

Legisladores nacionales, intendentes y presidentes comunales del sur santafesino se reunieron con el ministro de Ambiente en el Congreso. “Necesitamos más firmeza y más unidad para frenar los incendios”, dijo el diputado Cleri.

“El humo que sentimos no es más que el síntoma visible de la destrucción que avanza en beneficio de unos pocos”, indicó la Multisectorial Humedales, al anunciar una movilización, este sábado y domingo, al puente Rosario-Victoria.

Organizaciones socioambientales realizarán este 3 y 4 de septiembre un corte total de la traza vial Rosario-Victoria. “Están matando a la tierra y con ella nos están matando a todos”, indicaron desde la Multisectorial Humedales.

Entre inacciones y postergaciones, vuelve a activarse el reclamo contra las quemas. Reflota como tema central la Ley de Humedales, cajoneada nuevamente. Y aflora el factor esperanza: un futuro sin el “negocio de matar”.

La provincia anunció el fin del operativo para el combate del fuego en las islas entrerrianas, luego de 9 días de trabajos. “Los focos frente a Villa Constitución se encuentran controlados”, afirmaron. No descartan más incendios.

“El fuego dejará de ser un negocio”, dijo Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados, que aprobó el proyecto que busca evitar la especulación en terrenos alcanzados por el fuego.

Diputados debatirá este miércoles el proyecto que propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, para evitar que se desarrollen allí emprendimientos inmobiliarios.