La acción judicial fue presentada por un grupo de abogados contra empleados del empresario apropiador británico por atentar contra la soberanía nacional y amenazar a los manifestantes de la marcha “por la soberanía”.

Manifestantes reclamaron que la justicia actúe tras la denuncia de que los integrantes de la “Marcha por la Soberanía de Lago Escondido” fueron agredidos por personas que responden al empresario británico Joe Lewis.