Las defensas de los tres imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Lorenzo, pidieron ante el TOF1 las absoluciones de los acusados por “falta de prueba” y la “extinción” de la acción penal.
La defensora oficial Roxana Gambacorta, representante de Rodríguez, continuó en la mañana de este jueves con su alegato iniciado la semana pasada y solicitó al tribunal “la nulidad” de la causa y, en caso de que no se acepte ese requerimiento, “la absolución por falta de pruebas” contra su defendido.
Luego de la exposición de Gambacorta inició el alegato el defensor oficial Nicolás Foppiani, representante de Cervera, quien también solicitó al tribunal la absolución de su cliente “por no haberse acreditado con grado de certeza la autoría de los hechos” y, subsidiariamente, por la prescripción de los delitos que se le imputan.
A la vez, Foppiani consideró durante la audiencia que la pena solicitada por la fiscalía para su defendido “es desproporcionada y arbitraria” en relación a los hechos que se le imputan, que son la coautoría del secuestro de Casado, la aplicación de tormentos, amenazas y violencia.
“Hay aspectos oscuros en la materialidad de los hechos, que no está determinada”, sostuvo el defensor, para agregar que de acuerdo a su visión “no hay certeza de que mi defendido haya participado en los hechos” que se le atribuyen.
Aclaró que no dudaba de la veracidad de la denuncia realizada por Casado en relación a su secuestro y torturas, pero sostuvo que “una cosa es determinar la certeza de los hechos y otra la autoría”.
El defensor marcó durante su alegato “contradicciones” en las distintas declaraciones de algunos de los testigos y en las diferentes testimoniales que brindó la víctima.
“Ninguno de los testigos que refirió los dichos de Casado sobre los hechos señaló que Cervera haya estado en el lugar”, dijo Foppiani, en relación a la presunta presencia del militar durante el secuestro de Casado, quien declaró haber sido llevado primero a la Municipalidad de San Lorenzo y luego al Batallón de Arsenales 121.
“No está claro si fue el 24 de marzo a la mañana o el 25 por la tarde, tampoco está probado ni siquiera con un grado de aproximación”, se explayó el defensor.
En esa línea agregó que “no está claro por qué lugares pasó Casado durante su periplo de detención” y que “en algunas declaraciones dijo haber pasado por el Batallón y en otras no”.
A su turno, los defensores particulares del coronel retirado Maderna, Fernando Mellado y Marcelo Piercechi, también pidieron al tribunal la absolución de su defendido.
“Vamos a solicitar su absolución de culpa y cargo, porque hay una insuficiencia de pruebas totales, tanto dentro del hecho como en la participación de nuestro defendido”, dijo Piercechi.
“Me parece muy aventurado por parte de la fiscalía plantear que todas las fuerzas armadas y sus integrantes participaron de este proceso. Esto no es así, y hay que evitar generalizaciones que le han hecho mucho mal a nuestro país”, abundó.
Por su parte, Mellado planteó que “es imposible que el señor Maderna haya participado de algún hecho en el que se hubiera victimizado a Casado” y dudó de la palabra de la víctima, ya fallecida.
“Yo no voy a juzgar las declaraciones de Casado, pero estoy convencido de que el relato es falso. Le tocará a la justicia determinar si se cometió o no falso testimonio”, dijo.
Pidió “la absolución” de su cliente porque, consideró “es natural por justa”, y subsidiariamente solicitó al tribunal “una pena de ejecución condicional por las condiciones personales de este hombre, que tiene 72 años”.
En el debate oral iniciado el 22 de marzo pasado se juzga el secuestro, tormentos, violencia y amenazas que sufrió durante la última dictadura el ex secretario general del Sindicato de Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado, quien falleció en junio pasado luego de declarar ante el TOF1.
En la causa están procesados los militares retirados Osvaldo Cervera y Horacio Maderna, jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán al momento del golpe de Estado de 1976, y el abogado Pedro Rodríguez, asesor jurídico del municipio local en aquellos años.
A la vez, Cervera fue interventor de facto de la Intendencia de San Lorenzo y Maderna su secretario de Gobierno en los años del terrorismo de Estado.
Tras la finalización de los alegatos, los jueces del TOF1 convocaron a una nueva audiencia para mañana a los fines de escuchar la réplica de la fiscalía, a cargo de Gonzalo Stara.
Fuente: Télam.
