“Que no haya gentrificación en Puerto Norte”

Tierra, trabajo y techo. Como las tres T del Papa Francisco en el Concejo hay varios proyectos sobre el tema. Claro que su discusión no supone lecho de rosas porque hace pie en las cuestiones estructurales, las que definen perfiles urbanísticos, sociales y económicos de una ciudad. En el lote que espera salir a escena –y desde abril en la Comisión de Planeamiento– está la iniciativa del concejal Eduardo Toniolli (Frente para la Victoria), que defiende el uso público de tierras fiscales, por caso, los lotes de Puerto Norte. Puntualmente, el proyecto solicita al Ejecutivo que elabore un plan de urbanización para dicho predio, que incluya viviendas, servicios y regularización dominial para las familias que lo habitan.

Se trata de la Unidad de Gestión 3, que consta de 36 hectáreas hoy bajo la órbita de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (Adif), dependiente del Ministerio de Interior y Transporte, y que el municipio viene reclamando para su manejo. En ese entorno viven 60 familias desde hace más de tres décadas, y funciona la fábrica recuperada de la bodega Linares-Trechel. Por lo tanto, según el edil, cualquier diseño sobre el destino de esta tierra debe tener como eje la inclusión y el uso público.

La idea contrasta con otros proyectos (PRO y Frente Progresista) que existen sobre el lugar pero que parten de una idea antagónica: despejar el predio trasladando a las familias, lo que se supone allana el camino hacia la urbanización privada y de alta gama. Características que hoy le confieren el nada despreciable mote de “la zona más cara de la ciudad”.

La discusión sobre el destino de la Unidad de Gestión 3 arrancó en 2015, y estaba en juego el perfil del lugar. “Nos involucramos y presentamos una alternativa al proyecto del PRO, que proponía urbanizar desplazando a las 60 familias que ocupan un asentamiento. Nosotros proponemos que se las incorpore y respete en esa urbanización, generando las condiciones necesarias”, explicó Toniolli a el eslabón.

Su proyecto también incluye las dos hectáreas y media que ocupa la bodega Linares-Trechel, que hoy funciona como fábrica recuperada y a través de la cual pudieron salir adelante muchos rosarinos y rosarinas, “a pesar de la defección de los patrones originales”. Entre las familias y la unidad productiva, en la actualidad se ocupan unas seis hectáreas. Para las 30 hectáreas de tierras públicas restantes, será el Estado el que decida su destino, “en función del interés de la comunidad y de garantizar el uso público”.

Según Toniolli, la Unidad de Gestión 3 está bajo la órbita de la Adif pero no tiene un uso ferroviario, ni lo tendrá, por lo que se puede pensar en utilizar estas tierras fiscales para la ciudad. De hecho, la Municipalidad viene reclamando en ese sentido. “Eso es correcto, pero siempre defendiendo que sean de uso público”, afirmó.

Para el edil del FpV, pensar el destino no puede dejar de lado el respeto por los dos usos señalados: viviendas y fábrica recuperada. En el resto, y si fuera pertinente, el Estado podría avanzar en urbanizaciones para sectores populares o medios. “Lo que nosotros rechazamos es que el único rumbo que se elija para estos terrenos sea el de los grandes desarrolladores inmobiliarios con departamentos de alta gama que después no responden a la necesidades de vivienda de los rosarinos”, argumentó.

Viviendas populares, lotes para sectores medios, parque público de libre acceso a la costa, son algunas de las formas concretas que debería tomar el proyecto presentado por Toniolli para lo que resta de la zona más vip de la ciudad, entre Junín y las avenidas Caseros y Francia.

En los considerandos de su proyecto, Toniolli deja sentado que “es necesario detener el proceso de gentrificación, esto significa que las viviendas de este tradicional barrio obrero de la ciudad, sean reemplazadas por edificios de lujo destinados a la especulación inmobiliaria, o a viviendas de sectores de alto poder adquisitivo, desplazando a los tradicionales habitantes del barrio a la periferia de la ciudad”.

La discusión que se avecina, cuando ambos proyectos consigan los votos necesarios para su debate en el Pleno, no es menor. Para botón de muestra basta señalar un emergente de la enjundia que tiene el tema: hubo un intento de un empresario de manipular a los habitantes del asentamiento, a quienes se les pidió firmar compromisos que muchos ni siquiera alcanzaban a entender. Era la promesa de iniciar juicios de usucapión, sabiendo de antemano que es un recurso imposible en tierras fiscales. El telón de fondo es que la Nación venda los terrenos a desarrolladores privados que se comprometerían a construir viviendas sociales pero… en otros lugares.

Ese es exactamente el proceso de gentrificación que pide detener Toniolli, sobre la convicción de que “el Estado debe garantizar el derecho a la ciudad de las personas que allí habitan, es decir el derecho a planificar, construir y reinventar la ciudad de acuerdo a sus necesidades y deseos”.

Fuente: El Eslabón