La reforma electoral, disfrazada de política, consta básicamente de pasar de la boleta papel al voto electrónico, y algunas tibias modificaciones en el esquema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Los fuertes cuestionamientos técnicos que ya generó el primero, y las resistencias a las segundas, tienen que ver con que corre peligro la soberanía del sufragio y sobrevuelan sospechas de fraude.
No es esperable que la derecha proponga cambios que apunten a reforzar la democracia participativa, pero tampoco es bueno inferir que sólo se trata de modificaciones que se explican exclusivamente en algún reflejo fascistoide.
La alianza Cambiemos, pero en especial el PRO, necesita ganar los comicios de medio turno, que se llevarán adelante a fines de 2017. Por ello resulta extraño que una fuerza política sin mayorías parlamentarias, y que quiere –necesita, por sobre todo– una reforma electoral para tener más chances de seguir ejerciendo el poder con cierta comodidad, actúe y se exprese en los términos en que Macri y sus ministros lo hacen.
La desusada agresividad con que el presidente se refirió al terrorismo de Estado y a Hebe de Bonafini –la trató de «desquiciada»–, los permanentes episodios de violencia institucional, que desde el oficialismo se insiste en caracterizar como «aislados», y la insistencia en sostener la estrategia de persecución judicial a la primera plana del kirchnerismo, con la ex presidenta Cristina Fernández a la cabeza, se chocan con aquella necesidad de cambiar las reglas electorales. «Deberían ser más educados y menos arrogantes», se le escuchó decir a un diputado que no es de los más acérrimos opositores.
La explicación de modales tan bruscos podría buscarse en la tradición de la derecha argentina, que hasta ahora sólo accedió al poder mediante golpes de Estado. Como sucedió en la dictadura, el discurso y la praxis no se explica sólo con la existencia de perversos gobernantes y dirigentes a los que les gusta someter hasta la esclavitud a sus congéneres. Lo que siempre hay detrás de esas formas es un descomunal negocio que precisa de mano dura y reglas impiadosas. En estos tiempos, además, se deben ganar elecciones.
Si no hubiera resistencia para llevarse todo lo que el capitalismo de pillaje tiene como objeto rapiñar, Macri y sus hombres ni se tomarían el trabajo de amenazar con reprimir o de tener un discurso reaccionario. Alcanzaría con el narcótico cotidiano de la persecución a la corrupción «populista».
El verdadero corazón de las tinieblas de ese formato de comunicación y gestión sigue siendo el negocio, el saqueo, el despojo. La forma de garantizarlo es el garrote y las balas, pero el discurso, aún más en el caso de esta derecha iletrada, es sólo un insumo distractivo, uno más de los consejos de Jaime Durán Barba para entretener a todos mientras desfondan las arcas de un Estado que tomaron por asalto.
No se niega el carácter fascistoide de ese tipo de abordajes, lo que es preciso subrayar es que por delante está lo otro, el fondo, que explica los modos y las formas: Macri ni siquiera tiene ganas de gobernar, cada día que pasa se pone más de manifiesto.
¿De qué va la dichosa reforma?
Vale la pena detenerse en los puntos más destacados de la llamada reforma electoral presentada por Macri al Congreso en Centro Cultural Kirchner (CCK).
Boleta electrónica
El planteo oficial es que «tiene como objetivo lograr una mayor equidad, transparencia y agilidad en el proceso de recuento de votos y difusión de los resultados. Para eso se establecerán auditorías antes y después de la jornada electoral».
Eliminación de colectoras y candidaturas múltiples
El proyecto establece el fin de las listas colectoras (por ejemplo, un candidato a intendente que lleve en el tramo senador provincial a dos candidatos de distintos partidos o sello político) y la prohibición de que un mismo candidato se presente en elecciones nacionales y provinciales de forma simultánea.
Debate presidencial obligatorio
La iniciativa macrista busca generar un debate presidencial obligatorio de manera pública para todos los candidatos a presidente en las elecciones generales y segunda vuelta (si ésta fuera necesaria).
Financiamiento de los partidos políticos
Se modifica la legislación electoral, creando una serie de herramientas para que “la legislación electoral sea efectivamente cumplida”. Tres cuestiones a tener en cuenta son el llamado Procedimiento Electoral Sancionador, a fin de perseguir delitos, faltas y todo ilícito electoral. En segundo término, el proyecto promueve un cuerpo de auditores contadores, que llevarían a cabo el control del financiamiento político, una tarea compleja que requiere de las capacidades y medios adecuados para su efectiva realización. La tercera propuesta es la creación de la figura del Fiscal General ante la Cámara Federal Electoral.
Ley de transición
Una de las más polémicas iniciativas es la que busca contar con una ley de transición, según la cual el oficialismo sueña con «desarrollar un mejor procedimiento de traspaso de mando, para lograr una transición ordenada, responsable y transparente de la gestión del gobierno saliente y el nuevo gobierno electo».
Primarias más ordenadas
Además de organizar las PASO, se propondrá el voto dentro de una única agrupación, para luego seleccionar entre listas de la misma.
Boleta única electrónica (BUE)
Este sistema de voto electrónico se utiliza en elecciones de la provincia de Salta desde 2009, luego de lo cual fue usado en las elecciones de 2014 en Ecuador y en 2015 en las de Jefe de Gobierno de la CABA.
Todos esos puntos sobresalientes del proyecto macrista tienen aspectos cuestionables, aristas polémicas, y metodologías directamente peligrosas.
La reforma y el escenario político
A fines de junio, el diario La Nación comenzó su campaña a favor de lo que el gobierno de Macri denomina reforma política. Siguiendo una rutina que su socio Clarín soslaya, el diario de los Mitre miente pero prefiere la sutileza y define al proyecto oficial como una simple reforma electoral y, a lo sumo, la introducción de retoques a las PASO.
Hasta allí lo sutil. La mentira mitrista surge cuando alega que cuando ingresó la iniciativa para instrumentar la boleta electrónica y modificar las PASO «hubo apoyo» casi unánime, con la excepción del Frente para la Victoria (FpV) y la izquierda.
Hasta el funcional Frente Renovador que conduce Sergio Massa puso reparos, y también piden precisiones algunos legisladores radicales, que ven en la intentona una gambeta del PRO a la ventaja territorial que el partido de Alem tiene sobre su socio en Cambiemos.
La intención de Cambiemos es que la ley sea sancionada en septiembre, aproximadamente un año antes de las elecciones parlamentarias. Pero el panorama se complica ante algunos aspectos de la ley, de por sí controvertida.
En las PASO, para poner un ejemplo, si el elector decidiera votar a un precandidato a presidente de una fuerza estará impedido de sufragar la lista de precandidatos de otra agrupación para diputados o concejales. Pero esa restricción no correrá en las elecciones generales.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, opinó al respecto: «Éste es el primer paso de esta ambiciosa reforma que tenemos que construir entre todos». No es lo que piensa Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda (FIT), quien sostuvo que «están colocando un cepo al elector, que verticaliza la elección, desde el punto de vista del liderazgo de las candidaturas ejecutivas, y perjudica a los partidos menores».
Pero como se dijo, La Nación miente cuando dice que sólo la izquierda y el FpV se oponen a los cambios. También los partidos provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que no postulan precandidatos a presidente, ponen serios reparos a las modificaciones.
Otro de los puntos controversiales: ya no se votan fórmulas presidenciales, sino que el candidato a vicepresidente es elegido por el candidato a presidente después de las PASO. No todos están de acuerdo.
Pero lo que más polémica suscita es la boleta electrónica. Desde el oficialismo se argumenta que «con la boleta única electrónica se gana en exactitud, en equidad, en agilidad y en transparencia», y se explica que no existe el «voto electrónico», porque el sufragio se imprime en papel, que es el único instrumento que vale ante la Justicia Electoral, lo cual otorga al sistema «un nivel de certeza muy importante», sostuvo el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez.
Otro de los esfuerzos que viene haciendo el oficialismo para tranquilizar a la oposición es la afirmación de que será la Cámara Nacional Electoral la responsable de auditar y homologar el sistema. «Si la Cámara no homologa el sistema porque considera que no es seguro, el sistema no se aplica», dijo Pérez.
Entre los objetores más enconados del sistema se encuentra el diputado kirchnerista Juan Cabandié, quien además de recordar entre los 20 países más desarrollados sólo Estados Unidos usa el voto electrónico, se hizo acompañar cuando acudió a la comisión por el programador Joaquín Sorianello, quien fue recientemente sobreseído por la justicia porteña en la causa que le inició el gobierno de la CABA por acceder a códigos secretos para demostrar la vulnerabilidad del sistema, algo que fue claramente probado (ver entrevista a Joaquín Sorianello).
Un costado que merece atención pero es soslayado por el macrismo es el costo que tendrá el nuevo sistema. Nadie hasta ahora en el oficialismo brindó siquiera una aproximación en ese sentido.
Lo que viene
Macri, un especialista en cavar trincheras de combate, al defender el nuevo sistema electoral, argumentó que será “más transparente y equitativo, y ayudará también a unir a los argentinos”.
Pero el mandatario también es un experto en exteriorizar su pensamiento profundo, y en ese marco hay que poner atención a lo que dijo respecto de cuáles eran sus deseos de reforma y lo que finalmente debió aceptar como sugerencia de sus asesores.
«Yo quería muchos más cambios, pero me dijeron, como decía Mostaza Merlo, hay que ir paso a paso». Es que Macri quiere poner un pie en la Justicia Electoral y, como ha hecho cada vez que incursionó en algún ámbito, los pasos que da recuerdan a los de un rinoceronte en una cristalería.
El presidente desea crear un instituto autónomo electoral que sustituya a la Dirección Nacional Electoral. La idea es diluir al máximo la incumbencia de la Cámara Nacional Electoral, pero estos cambios no lograron consenso. Macri insistirá e impulsará esto camino a las presidenciales de 2019.
El jefe de Estado, incluso, reconoció que «se evaluará si las PASO han sido o no un instrumento valioso», por un lado, y que hay que «terminar con las reelecciones indefinidas en todo el país». Un dechado de federalismo, en boca de quien le reclamó al kirchnerismo, durante más de doce años, que tenga una mirada más federal.
Pero acaso la expresión más cínica en torno de la pretendida reforma la formuló el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: «El disparador de estas modificaciones es la interpretación de que en la sociedad no hay plena confianza sobre la elección de los representantes ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo».
El nieto de quien fue el cerebro del gobierno de Arturo Frondizi nada dijo respecto de lo que ocurre con la confianza del electorado cuando todas las promesas de campaña terminan siendo el fiasco más grande de todos cuantos abundan en la presente coyuntura.
Debajo del poncho
El paquete legislativo de la reforma estará dividido en tres proyectos, uno con la reglamentación de la BUE y los cambios en las PASO, otro sobre la regulación de la transición y otro sobre el debate presidencial. «Es la estrategia que nos conviene, porque si enviamos los tres juntos o todo en un proyecto ómnibus es agregar elementos de negociación. Hay más chances de que todo se logre sancionar si lo dividimos», explicó a la agencia Télam uno de los estrategas de la Casa Rosada en la negociación con la oposición parlamentaria.
Frigerio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra -quien tendrá participación en lo que concierne a la aplicación– serán los principales protagonistas del Ejecutivo en la negociación con el Congreso. El proyecto, que ingresó por Diputados, tendrá como cabecera del estudio en comisiones a la de Asuntos Constitucionales.
Pero una de las cuestiones que se esconden detrás de los anuncios estridentes y las ponderaciones de transparencia la reveló alguien que lleva un apellido muy conocido. Juan Francisco Nosiglia, secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, opinó que «la agenda sobre la reforma política debe, al mismo tiempo, incluir el debate sobre todas las distorsiones vigentes en el sistema electoral argentino».
El hijo de quien fue calificado como «monje negro» del alfonsinismo, Enrique Nosiglia, agregó que es indispensable «insistir en la necesidad de interrogarnos sobre ciertas normas que no garantizan los derechos políticos de elegir y ser elegido, suprimiendo -vía pacto federal- aquellas prácticas que no estimulen ofertas electorales transparentes». Y remata, como si se tratara de un inocente editorialista de revistas escolares, una sugerencia que debería ser muy tomada en cuenta por algunos gobernadores/as: «La eliminación de la Ley de lemas en las provincias de Santa Cruz, Misiones y Formosa».
Fuente: El Eslabón
