Con “la seguridad” al tope de la agenda, cruces entre el ministro provincial del área con jueces de la Corte, entre fiscales y defensores, y un día antes de la convocatoria lanzada por víctimas de hechos de violencia, la intendenta Mónica Fein anunció una “batería de medidas” para abordar la problemática.
Los anuncios, que incluyen estrategias muy cuestionadas como la disposición de parar a la gente que circule en moto de a dos, se hicieron en el marco de un encuentro con representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, fuerzas de seguridad y concejales, donde Fein dio a conocer una serie de acciones que tomará el municipio.
A la declaración de emergencia en seguridad Provincial, que se sumó a la ya instrumentada por el gobierno nacional –que incluyó el polémico decreto de derribo de aviones– , desde la municipalidad se planteó que sumarán “acciones concretas en el marco de su competencia, requiriendo la colaboración de las distintas agencias del Estado”.
En un comunicado de prensa, la municipalidad presentó un punteo de las «líneas de acción» que se enviarán al Concejo Municipal para su aprobación, y que se resumen a continuación:
Motovehículos: realización de controles estrictos sobre motovehículos con más de una persona a bordo en el horario de entre las 19 y las 7.
Identificación obligatoria en el casco (deberán tener el dato de dominio correspondiente al vehículo).
Utilización de las cámaras de videovigilancia del sistema municipal y provincial para la constatación de contravenciones enunciadas y de toda otra falta vigente en el código municipal de tránsito y ordenanzas concordantes.
Rubros comerciales: Disposición de reempadronamiento y establecimiento de nuevos requisitos sobre operatoria, composición y origen de capital y de titulares habilitados para rubros comerciales, industriales o de servicio que se detallan a continuación:
Armerías: Además del cumplimiento de la ordenanza que las regula, se pedirán certificados de antecedentes penales, planilla prontuarial de sus responsables y declaración e identificación de venta de municiones. En caso de existir alguna cuestión de inconsistencia, se elevará la denuncia correspondiente en el Renar (Registro Nacional de Armas.
También se planteará llevar adelante convenios para realizar controles en forma conjunta con la Dirección Provincial de Control de Armas.
Talleres mecánicos: se exigirán antecedentes penales y planilla prontuarial de sus responsables. Además, se van a hacer controles con las fuerzas de seguridad provincial, de modo de detectar vehículos robados o repuestos de vehículos robados.
Desarmaderos: además de controlar el estricto cumplimiento de la normativa existente, se pedirá la inscripción en dos registros, uno provincial y otro nacional. También se pedirán certificados de antecedentes penales y planilla prontuarial de sus responsables.
En caso de detectar algún problema en relación a la origen de la mercadería, constatado por factura, se pedirá la clausura definitiva y la inhabilitación para ejercer el comercio por 5 años.
Espectáculos públicos: se realizará un reempadronamiento de carácter obligatorio; se pedirá origen de los fondos. Se tratará de identificar a todos los titulares, sean personas físicas y jurídicas, y se pedirá certificado de antecedentes penales y planilla prontuarial.
Compra venta de celulares y accesorios: se realizará un reempadronamiento de carácter obligatorio; se pedirá origen de los fondos. Se tratará de identificar a todos los titulares, sean personas físicas y jurídicas, y se pedirá certificado de antecedentes penales y planilla prontuarial. Además, se pedirá un registro de las líneas que habilitan y el dominio de los chips que se entregan.
Actividades de empresas que utilicen precursores químicos: se aplicará el proyecto de Ordenanza presentado por la edila Carola Nin; también se exigirá, además de las declaraciones juradas, el origen de fondos y de bienes, certificado de antecedentes penales y planilla prontuarial.
Según indicó el municipio, para todos los rubros mencionados, “se reformulará el esquema de fiscalización, masificando la presencia a partir de unir inspectores de distintas áreas municipales. Estos operativos se concentrarán en todos los rubros y requisitos mencionados”.
Además, habrá “mecanismos retardadores de velocidad, barreras físicas, radares fijos y cámaras de seguridad de última generación en semáforos”, destinadas “a puntos ya identificados vinculados con circuitos delictivos o hechos de inseguridad vial”.
“Se evaluará con el Gobierno provincial el plan de acción para mitigar los hechos de inseguridad y violencia, analizando lo actuado hasta el momento y definiendo las nuevas medidas a tomar”, añadió el punteo de acciones difundidas por la municipalidad, en el que se agregó a demás que “se le solicitará un encuentro de trabajo a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en el cual se le solicitará mayor presencia de fuerzas federales en el territorio local”.
Lifschitz con fiscales
Este martes, el gobernador Miguel Lifschitz realizó una reunión con el fiscal General de la provincia, Julio De Olazábal; el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el fiscal Regional de Rosario, Jorge Baclini, luego de los cruces entre Pullaro y funcionarios judiciales. «Los convocamos a una reunión de intercambio de opiniones, porque todos tenemos las mismas preocupaciones, que son mejorar la seguridad, y disminuir los índices de violencia”, dijo el gobernador. Por su parte, los fiscales reclamaron mayores recursos.
El fin de semana, el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, sacudió la agenda para golpear en la escalada discursiva del ministro de Seguridad, a quien mandó a estudiar.
Al cruce de declaraciones, se sumó el Defensor General de la Provincia, Gabriel Ganón. «Ayer hubo una reunión pidiendo más recursos para los ineficientes fiscales que tienen la peor tasa de esclarecimiento y castigo del país», apuntó Ganón. Y añadió: «El Fiscal Baclini se excusa en la ausencia de recursos pero la realidad es que se trabaja con poco profesionalismo y compromiso».
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