El encargado de defender el proyecto en el Senado, Aníbal Fernández, ponderó la importancia de preservar la soberanía monetaria a partir de una medida que procura «recuperar capacidades indelegables del Estado” como es la emisión de la moneda.
El jueves pasado, el oficialismo logró un dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, y ya se garantizó para este jueves los votos de los senadores opositores Luis Juez (FAP), Juan Carlos Romero (peronismo disidente) y Samuel Cabanchik (Coalición Cívica).
La UCR y el resto del bloque del FAP y del peronismo disidente se pronunciaron en contra y pidieron citar funcionarios al Congreso, cosa que el bloque el Frente para la Victoria rechazó de cuajo.
Por su parte, el ministro de Economía y uno de los interventores –junto con Katya Daura, titular de la Casa de la Moneda- de la Compañía de Valores Sudamericana, Hernán Lorenzino coincidió con lo expresado por el senador kirchnerista y ex Jefe de Gabinete: “Si bien la producción de billetes es potestad del Estado desde el 16 de abril de este año, con esta medida impulsada por la presidenta Cristina Fernández estaremos recuperando la titularidad de los equipos, que es central y estratégico para abastecer totalmente la demanda local».
En el texto de la iniciativa que fue girada a la Cámara alta, el Gobierno fundamentó la intervención de la empresa y su eventual expropiación en la necesidad de “mantener la soberanía monetaria» y de «concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad”.
Pese a “todos los proyectos de privatización que existieron en los 90, y que querían que Argentina comprara billetes muy caros de algunos lugares muy avanzados del mundo –dijo el actual jefe de ministros, Juan Manuel Abal Medina- (esta medida demuestra que) frente a todas las mentiras, todos los disparates que se fueron construyendo e inventando, lo importante para este gobierno es asegurar la provisión de billetes”. “Que hizo, hace y hará siempre la Casa de Moneda”, subrayó.
En caso de aprobarse la expropiación, el Gobierno aseguró que se mantendrán las condiciones laborales de los 250 empleados.
Fuente: Télam.
