“La vocación del Gobierno es recuperar algo que nunca debió haber dejado de estar a cargo del Estado, la soberanía en la emisión de papel moneda», dijo Aníbal Fernández al explicar el proyecto de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone aprobado este jueves por la Cámara Alta por 44 votos a favor, 20 en contra y tras siete horas de debate, donde no estuvieron exentas las críticas contra la figura del vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Amado Boudou por su relación con la calcográfica. Impertérrito, Boudou mantuvo silencio antes los cuestionamientos.
Con el voto del Frente para la Victoria, de sus aliados y algunos opositores, el Senado giró a Diputados el tratamiento del proyecto, que el oficialismo espera se convierte en ley la semana que viene y demostró su mayoría en el Senado: a sus 33 miembros, les sumó los votos de algunos aliados como el neuquino Horacio Lores, los correntinos José Roldán y Josefina Meabe, el porteño Samuel Cabanchik y los sabattellistas fueguinos Osvaldo López y María Rosa Díaz. También apoyaron los peronistas pampeanos Carlos Verna y María Higonet; como así también –y pese a que suelen mantener posiciones enfrentadas con el gobierno- Juan Carlos Romero, Sonia Escudero y Luis Juez.
Carlos Reutemann, Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá fueron los grandes ausentes del peronismo disidente.
Los kirchneristas Aníbal Fernández, Miguel Pichetto y Marcelo Fuentes encabezaron la defensa de la iniciativa. Fue el primero quien abrió el debate en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: responsabilizó a las administraciones de Fernando De la Rúa y de Eduardo Duhalde por el desmantelamiento de la Casa de la Moneda, y al ex titular del Banco Central, Martín Redrado, por su deficiente gestión.
Asimismo, hizo mea culpa por haber firmado el decreto 777 de Duhalde que terminaba con la exclusividad de la producción estatal de papel moneda, pero aseguró que el objetivo de este nuevo gobierno es “evitar que en cualquier lugar del país se sigan haciendo negocios o curros con lo que les pertenece a todos los argentinos”.
En tanto, la UCR se paró en la vereda de enfrente e hizo caso omiso al proyecto de expropiación que su propio jefe de bloque de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, había presentado cuatro meses atrás. “Lo que hoy deberíamos discutir es el rol del Estado, pero el de esta última década en la que gobierna el oficialismo”, disparó el senador mendocino Ernesto Sanz, quien cuestionó la composición accionaria de la CVS y su contratación por el Estado, y aclaró que su partido “no va en contra de una expropiación, (sino) de la ausencia de verdad”.
Por su parte, la peronista chubutense Graciela Di Perna arremetió personalmente contra Boudou y manifestó que el proyecto en tratamiento “se utiliza para apagar un incendio de corrupción y sacar de la tapas de los medios algo que involucra a altos funcionarios de gobierno”. La aliada radical, Blanca Monllau la secundó y le espetó al vicepresidente: “Usted puede ayudar proveyendo los nombres de las personas que quiso beneficiar”, en referencia a sus supuestos lazos con el director de la ex Ciccone, Alejandro Vandenbroele.
En este punto, el senador Fuentes salió a la defensa del ex Ministro de Economía y denunció una “puesta en escena” de la oposición para atacarlo. Por su parte, Walter Barrionuevo aseguró que el Grupo Clarín “eligió como blanco de sus ataques” a Boudou porque no le perdonan “ser mentor intelectual y ejecutor material de la recuperación por parte del Estado del sistema previsional argentino”.
Finalmente, Pichetto, haciendo alusión a Daniel Rafecas, cuestionó el prestigio de algunos jueces e indicó que en otras latitudes, como Francia, los titulares del Ejecutivo Nacional poseen “inmunidad” durante el mandato “para que no ocurra lo que le sucedió al vicepresidente, quien fue víctima del desprestigio y sufrió el peso del soporte mediático y de la acción dirigida a lesionar su imagen para que pierda legitimidad”.
El proyecto
El proyecto consta de nueve artículos, en los que se establece la expropiación en los términos que fija la Constitución Nacional, con la cotización del Tribunal de Tasación de la Nación. El texto establece que se mantendrán las fuentes de trabajo y considerará la deuda de 250 millones de pesos que mantiene con el Estado nacional.
Fuentes: Télam, Página 12.
