El ministro de Trabajo Carlos Tomada abrirá este martes el debate en comisión del proyecto que propone cambios a la ley de riesgos de trabajo, una iniciativa que fuera presentada una semana atrás por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión, que preside la senadora santiagueña Ana María Corradi de Beltrán, se realizará a las 16 en el salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, y allí el oficialismo buscará emitir dictamen.
“La intención de darle al tema la máxima prioridad y rapidez”, declaró el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, y agregó que la «voluntad política» de su bloque “es emitir el dictamen en la tarde o noche de este martes para que el tema sea tratado el próximo miércoles 3 de octubre”.
El principal cambio que introduce la iniciativa es el que establece lo que se conoce como la «opción excluyente» u «opción con renuncia», según la cual el trabajador damnificado o sus familiares deberán elegir entre cobrar la indemnización de la ART o reclamar una reparación integral mayor en un juicio civil. El senador opinó que la iniciativa es “un instrumento importante ante la necesidad de dar previsibilidad al mercado laboral y, a los trabajadores, una indemnización justa”, remarcó que “hay que terminar con la doble vía” y “con la industria del juicio en la Argentina”, y concluyó: “Las acciones de derecho común provocan resultados indemnizatorios muy duros y que pueden afectar el funcionamiento de la empresa”, opinó el jefe del bloque oficialista.
Iniciativa presidencial
El envío del proyecto al Congreso fue anunciado por la Presidenta el miércoles 19 en un acto en Casa de Gobierno en el que estuvo acompañada por funcionarios nacionales, empresarios y representantes de la Confederación General del Trabajo. Durante su discurso, la mandataria aclaró que “quien opta por el pago no podrá ir luego a los tribunales”.
Según el texto de la iniciativa, en ese caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección “con renuncia” por parte de los damnificados.
El proyecto deroga, de ese modo, la llamada “doble vía”, o sea, la posibilidad actual de cobrar la indemnización tarifada de la ART y, al mismo tiempo, de reclamar ante la justicia un resarcimiento mayor si el trabajador o los familiares consideran insuficiente lo otorgado por la ART.
Otro cambio importante es que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil. Además, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20 por ciento, a la vez que se fija una actualización de los montos en forma semestral.
La iniciativa también posibilita la formación de las llamadas ART-Mutuas sin fines de lucro entre las entidades de empresarios y los sindicatos.
En su discurso, la Presidenta admitió que actividades como las del sector metalúrgico y de la construcción “tienen muy adelantada la constitución de estas ART mutuas”.
Además, y con el fin de compensar el incremento de las tarifas, el proyecto fija un tope a los honorarios de los abogados en el 20 por ciento.
En la actualidad, las ART cubren a 550.000 empresas que emplean a casi nueve millones de trabajadores. Además, según estadísticas oficiales, se producen 550.000 accidentes por año.
Fuente: Télam
