El juez civil y comercial de Santo Tomé, Humberto de Biase Echeverría, fue destituido por mal desempeño de sus funciones en una decisión mayoritaria del Jurado de Enjuiciamiento. Además, el fallo inhabilita al magistrado, que dictó más 17 mil cautelares en beneficio de gendarmes y prefectos, «por tres meses en el ejercicio de la función pública» y agrega que el 22 de octubre serán leídos los fundamentos de la sentencia.
En su alegato el fiscal César Sotelo había afirmado esta mañana que dos jueces de la provincia “estuvieron al servicio de una corporación mafiosa que le dictaban al Estado Nacional la forma en la que deberían cobrar las fuerzas de seguridad”.
“Aquí tenemos la demostración clara con las maniobras pergeñadas por (Graciela Beatriz) Duarte (jueza destituida en abril por una causa similar) y De Biase, en el desquicio ocasionado por un estudio jurídico (Serial-Milán) donde dos jueces de la provincia estuvieron al servicio de una corporación mafiosa que le dictaba al Estado Nacional la forma en la que deberían cobrar las fuerzas de seguridad”, afirmó Sotelo.
Agregó que “desde un estudio jurídico y de un juzgado de Corrientes, le manejaban el presupuesto de la Fuerza de Seguridad a la Presidencia de la Nación”.
“Surge en forma muy clara la maniobra de fraude al Estado nacional”, subrayó Sotelo a la vez que afirmó que “las pruebas, son más que suficientes”.
En su exposición, el fiscal se refirió además a “la multiplicidad impresionante de actores (17.060 cautelares), a las presentaciones de gente de sur y norte del país y la naturaleza corporativa del accionar, que estalla con un forum shopping impresionante”.
Además, hizo una clara división respecto del reclamo actual de efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
“Esto no tiene que ver con una noticia periodística, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal ya nos avisa de la situación en 2011”, señaló.
Finalmente, expresó que “las pruebas están. Lamento mucho que esto suceda en el Poder Judicial de Corrientes, pero ratifico la confianza en el Poder Judicial y en las instituciones de los tres Poderes la provincia”, a la vez que destacó el funcionamiento de los institutos del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
Por su parte, el abogado defensor de De Biase afirmó que el juez estaba “obligado” a dictar las medidas cautelares y fundamentó esta postura al considerar que “la medida cautelar es de carácter alimentario”.
Seguidamente, enumeró y leyó fallos de la Justicia Federal de distintos puntos del país en este sentido, a lo que el fiscal Sotelo le replicó que “las pruebas leídas son de causas estrictamente federales y eso fortalece la acusación”.
Sin embargo, González afirmó que las medidas dictadas por De Biase Echeverría «se ajustan a derecho».
Por otra parte, puso en duda que las cautelares se hayan pagado al señalar que “no está probado que se haya pagado alguna, deben tomarse como no pagas porque no está acreditado”.
Al concluir, el defensor expresó “propicio la absolución» del magistrado “por insuficiencia probatoria” y “porque hay más dudas que certezas”.
Adelantó que si el fallo no es favorable a su defendido, tal como ocurrió, acudirá al Superior Tribunal de Justicia y a la Corte Suprema de la Nación.
Fuente: Télam
