Al declarar en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la ex Esma, el represor Alfredo Astiz dijo que sufre una «persecución política» por parte del Gobierno, y aseguró que hoy se vive bajo “terrorismo judicial”.
El ex marino, que con una sonrisa rindió el pabellón nacional sin condiciones ni oponer resistencia alguna ante los ingleses en 1982, se envalentonó para lanzar una bravuconada contra el el tribunal que lo juzga por crímenes de lesa humanidad.
«Soy el Capitán de Fragata de la Armada Argentina, Alfredo Astiz. No voy a responder ninguna otra pregunta» dijo al comenzar la audiencia. Inmediatamente, el juez Leopoldo Bruglia le explicó que debe responder sobre sus datos personales, porque es obligatorio. «Eso es problema de ustedes», contestó, y Bruglia le dijo: «Nuestro y suyo».
Astiz dijo que dedica el trabajo (en referencia al documento que leyó en la audiencia) a «los suboficiales privados ilegalmente de su libertad, en particular a los muertos en cautiverio. Son las víctimas más injustas de este proceso».
Desde ese momento, hizo permanente referencia al juicio como un «linchamiento», «ilegítima causa». Se refirió al actual gobierno como una «tiranía», a pesar de haber sido elegido por el voto popular, a diferencia de los gobiernos dictatoriales de los que formó parte.
En su extensa exposición, Astiz, recordado por ser quien se infiltró entre las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y condenado por secuestros y desaparición, dijo que hoy se vive un «terrorismo judicial», que él atribuye a Néstor Kirchner.
Según el imputado, el ex presidente Néstor Kirchner dio un «golpe de Estado contra la Corte, reemplazándola por una de facto». Además, lo acusó de ejercer «acciones de gobierno, usando la justicia como arma, hostigamiento y privación ilegal de la libertad», destinadas a sus enemigos.
Tras estas declaraciones, se dedicó a hablar sobre un concepto reiterativo en su exposición, la «obediencia indebida». Según Astiz, esta práctica es realizada por los jueces federales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. La «obediencia debida», en cambio, es la que pesaba sobre los uniformados, según sostuvo el mismo imputado.
En ese momento, el juez Bruglia lo interrumpió para pedirle que su declaración se centre exclusivamente en los hechos por los que está imputado. A partir de entonces, se abrió una discusión entre Astiz y el juez, que mantuvo en alerta a toda la sala.
Astiz sostuvo que tiene derecho a hablar durante 3 horas, dado que lleva 9 años de «privación ilegítima de su libertad». «Tengo una falsa prisión perpetua y seguramente recibiré otra. ¿Soy privado de hablar 3 horas y media?». El juez Bruglia le pidió, nuevamente, que se centre en los hechos procesales y que los demás lo declare en los medios de comunicación.
Astiz dijo, subiendo el tono, que «estoy sentado acá (en el juicio) por una política de persecución del Poder Ejecutivo». Esta situación abrió un diálogo entre el juez y el imputado, para intentar avanzar con una audiencia acorde a los hechos juzgados: delitos de lesa humanidad.
«¿No me deja mostrar la ilegitimidad de este juicio? ¿A qué le tiene miedo? ¿Me tiene miedo?», fueron las preguntas de Astiz al juez Bruglia. El fiscal Friele decidió intervenir y citó el artículo 370 que establece sanciones para quienes no mantengan el respeto y decoro dentro de la sala, por lo que Astiz fue advertido sobre la posibilidad de usar esta herramienta.
Posteriormente, Astiz se explayó con sus críticas sobre la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal de abreviar los juicios por delitos de lesa humanidad. «Propongo hacer un juicio por escrito».
En el público hubo integrantes de organismos de Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS. A pesar de las declaraciones agraviantes del imputado Astiz, la sala se mantuvo en calma, incluso cuando se refirió a los organismos cono «grupos de persecución, venganza y rapiña».
También acusó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de no hacer honor a su nombre.
Además, Astiz decidió usar su derecho a la legítima defensa para hablar sobre el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; el ex procurador general de la Nación, Estaban Righi; el juez federal Daniel Rafecas; al juez Norberto Oyarbide; la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, y el Ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Se refirió a todos ellos como parte del «universo kirchnerista».
También prestaron declaración indagatoria los capitanes retirados de la Armada Ricardo Cavallo y Ricardo Lynch Jones.
Cavallo fue un incluso más allá. Prometió «una sangrienta venganza» contra los funcionarios que promueven los juicios en su contra.
«Esto se va a terminar y los que están hoy van a dejar de estar y a todos se les conocen los nombres», advirtió Cavallo, quien fue detenido en México y luego extraditado por su participación en los crímenes de la Esma.
Fuente: Espacio Memoria y Derechos Humanos
