El discurso corporativista del Poder Judicial, encarnado en las palabras del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no hace más que confirmar la alta politización del sistema judicial argentino. La propuesta del Poder Ejecutivo, justamente, redobla la apuesta y busca abrirlo definitivamente a la política.
La memorable frase del dirigente radical César «Chacho» Jaroslavsky, «Hay que cuidarse de ese diario. Ataca como partido político y si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa», puede ser perfectamente aplicada a muchos de nuestros magistrados. Atacan como partido político y, si uno les contesta, se defienden con la independencia del Poder Judicial. El caso más notable, por lo empinado de su rol institucional, es el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Don Ricardo Lorenzetti.
En efecto, el magistrado, en su ya inocultable disputa con la Presidenta -y a fin de dar volumen a su candidatura opositora-, no dudó en subir el tono del enfrentamiento hasta poner en suspenso la soberanía del voto y las mayorías conformadas en democracia. Utilizó para ello una sentencia, no por falaz menos demostrativa del profundo desprecio a la voluntad popular que mueve a quien la pronuncia: «La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las mayorías del pueblo, con lo que van haciendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de las leyes. Pero hay sobradas muestras históricas de que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales muy graves, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado o la pena de muerte».
Seguramente Lorenzetti sabrá que también hay “sobradas muestras históricas” de magistrados acompañando dictaduras genocidas. Aún hoy podríamos enumerar una lista, como él señala, “consistente”, de jueces cómplices del genocidio. Pero nadie pone en duda la legitimidad del Poder Judicial, menos con semejantes “sobradas muestras históricas”.
Sucede que, presumiendo inteligencia, Lorenzetti pone en acto una muy básica falacia post hoc (falsa causa), razonamiento que, a partir de la coincidencia entre dos fenómenos, establece, sin suficiente base (vaguedades como “sobradas evidencias históricas”), una relación causal: el primero es la causa, y el segundo, el efecto. Clásicamente esa falacia era conocida con la expresión Post hoc, ergo propter hoc (Después de esto, entonces por causa de esto).
Lamentable razonamiento el del Presidente de la Corte, quien desconoce la especificidad de los fenómenos que enumera (Holocausto, dictadura y pena de muerte) y a los que encuentra una extravagante “causa común», las mayorías electorales. La sabiduría popular ha reaccionado ante tonteras semejantes, y hasta las ha transformado en un simpático chascarrillo: “Si tomo vino con soda me emborracho, lo mismo el whisky con soda, igual que el fernet con soda. Lo que me pone en pedo es la soda”.
En fin, si no gran conocimiento histórico, lo que sí prueba Lorenzetti, y de manera concluyente con estas intervenciones opositoras, es la politización ya existente en el aséptico Poder Judicial, frente a la cual, luego de denunciar la existencia de “fierros judiciales” que analizáramos en Télam oportunamente, la Presidenta impulsa ahora la democratización de la Justicia.
Se trata de abrirla definitivamente a la política, la cual en su formato conservador ya la rebasa de cabo a rabo, y sin hipocresías dejar que toda la política ingrese en el “inmaculado” Poder Judicial, y no solo la que representa el interés de las corporaciones y los grupos de poder concentrado, la política en su modalidad ultra conservadora, que hoy domina ese poder del Estado.
En esa dirección secular se ordenan los proyectos de voto popular para seleccionar los integrantes del Consejo de la Magistratura, la creación de nuevas cámaras de Casación, transparentar el acceso a la Justicia, devolver las Cautelares “a su verdadero lugar y a su verdadera funcionalidad” y, finalmente, obligar a todos los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas.
Ampliar la intervención de la política al conjunto de las alternativas existentes rompiendo el gheto político conservador que configura el Poder Judicial. No se trata entonces de “despolitizarlo”, vieja consigna liberal conservadora, sino de politizarlo al límite. Democratizar la Justicia, una propuesta que rememora, discretamente, aquella conmovedora sentencia con la que Louis Althusser describía su método de pensamiento: “Jamás pude alcanzar la transparencia. Entonces he practicado como Mallarmè, como Heidegger, el obscurum per obscurius. A lo oscuro por lo más oscuro”.
*Sociólogo/Columnista de Télam
