«Además de las partes hay un país afuera»

La Corte Suprema de Justicia de la Nación escuchó a cinco «amigos del tribunal» por cada parte y además dio lugar a los considerados «independientes» o en representación de la ciudadanía, como la Procuración General de la Nación, en medio de una masiva marcha convocada fuera del Palacio de Justicia por quienes apoyan la vigencia plena de la ley.

La audiencia continuará este jueves en la jornada más trascendente, durante la cual los ministros escucharán a las partes, el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín y luego formularán preguntas.

En posiciones que no son vinculantes para la Corte, cinco oradores se manifestaron a favor de revocar el fallo que declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la norma en tanto que otro igual número avaló la postura del grupo Clarín y pidió ratificar esa sentencia.

El Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels) fue el último de los amicus curiae en exponer por parte del Gobierno nacional ante la Corte.  Horacio Verbitsky celebró “la iniciativa de transparencia y participación de esta Corte” pero expresó una disidencia: “no coincidimos con la transformación del amicus curiae en un subordinado amicus partis. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el  pronunciamiento de su propio presidente contra la politización de la justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada”, dijo.  “Además de las partes en este expediente, hay un país afuera”, señaló el presidente del CELS.

Después el presidente del CELS hizo referencia a “una confusa redacción de la Acordada que dispuso esta audiencia, redunda en que  puedan abogar como independientes algunos partisanos camuflados”. Y señaló que el CELS se amoldó “a esta injusta restricción, que polariza y empobrece los términos en discusión, para no agravar la escandalosa dilación judicial, que paralizó durante cuatro años la ley  elaborada con mayor participación social que se recuerde”.

Las palabras de Verbitsky fueron muy breves, y enseguida cedió la palabra: “los argumentos del CELS serán expuestos por el secretario de su Comisión Directiva, Damián Loreti”; dijo Verbitsky.

Damián Loreti citó abultada jurisprudencia en torno a la potestad del Estado para limitar la concentración de los medios de comunicación y garantizar la libertad de expresión.

La última en exponer en el cuarto piso del Palacio de Justicia porteño fue la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbo, quien calificó como una «falacia presentar como un conflicto entre Gobierno y empresa» la disputa legal, al hablar en representación de los intereses de la ciudadanía.

«Se simplifica la realidad, se minimiza el poder del grupo empresario y desde esa posición de falsa debilidad se invoca la lesión al derecho a la expresión y así se desvía la atención del asunto principal, porque lo que está en juego es uno de los bienes más preciados de la República, la libertad de información y expresión», afirmó.

Como ya lo hizo en un dictamen donde avaló la constitucionalidad de los artículos cuestionados, Gils Carbó entendió que el fallo «eludió la consideración de bienes sociales en juego» y se dictó «prescindiendo del hecho relevante de que la concentración mediática es contraria a la libre información y libre expresión».

«Le solicito a esta Corte que dicte un fallo histórico, develando las falacias de este proceso, no puede haber derechos adquiridos ni violación a la propiedad privada a través de una posición construida violando derechos humanos», concluyó tras recordar la investigación penal en curso por la aquisición de la empresa Papel Prensa en 1977 por parte del Grupo Clarín y las circunstancias de la fusión de Multicanal y Cablevisión, a la que ella se opuso cuando era fiscal.

Como amigos del tribunal independientes se habían presentado poco antes la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, quien también se pronunció por la constitucionalidad plena de la ley para lo cual leyó reclamos de usuarios del interior del país sobre presuntas conductas abusivas de la empresa Cablevisión, perteneciente a Clarín, entre otros argumentos.

Y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el constitucionalista Juan Vicente Sola, quien cuestionó la validez legal de la obligación de desinvertir para el Grupo Clarín.

La audiencia comenzó puntualmente a las 10, con la exposición del representante del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguiar, como amicus por parte de Clarín, quien sostuvo que la ley de Medios «propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos».

Le siguió el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, que en aval al planteo del Estado sobre la constitucionalidad de la Ley aseguró que Clarín es un «monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica» y «en la sobrecarga de información banal e inútil».

Tanto Szmukler como Gils Carbo, Ottaviano y quienes expusieron a favor de la vigencia de la ley arrancaron ovaciones entre quienes seguían desde la calle la marcha de la audiencia y que dedicaron silbidos a quienes exponían avalando la demanda de Clarín.

El segundo «amigo» elegido por el grupo Clarín para defender su postura fue la Asociación de Organizaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, cuya posición expuso Eduardo Oteiza, quien trazó un paralelo con la jurisprudencia de los Estados Unidos para la distribución de licencias de la televisión por cable y señaló que en ese país «nunca se aplicó» la regulación en los operadores de cable.

En apoyo del Estado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que establezca un sistema «protector de libertades y derechos», que «limite» los derechos individuales en beneficio del «interés general».

En tanto, otros de los «amigos» elegidos por el grupo Clarín, Luis Pardo y Carlos Laplacette, de Adepa, sostuvieron que «los  artículos 41, 45, 58 y 161 (de la ley de Medios) representan una conculcación de derechos constitucionales en relación con la libertad de expresión y la igualdad ante la ley y eso es un grave retroceso para la sociedad».

En apoyo de la voz del Estado, representando a la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich, afirmó que el Estado «tiene el deber de intervenir para transformar estructuras que silencian a sectores de la población».

El sociólogo Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor (CODELCO), y «amigo» elegido por Clarín consideró que la norma «ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial» porque no preveía la «revolución» generada por la expansión del uso de Internet.

Andrés Gil Domínguez, también representante de CODELCO, puso el acento en «la presunción de inconstitucionalidad de todas las leyes que buscan restringir el acceso a una oferta plural» e indicó que «el artículo 45 de la Ley es claramente inconstitucional e inconvencional al limitar el número de licencias a 24».

Del lado del Estado, el titular de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, aseguró que recién en el 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pudieron «acceder a la palabra», ya que «por 29 años» estuvieron marginados del sistema de comunicación.

El último «amigo» elegido por el grupo Clarín para exponer fue el abogado Lucas Grossman, quien interpretó hoy que la vigencia de la norma aprobada por el Congreso de la Nación por amplia mayoría «reducirán la cantidad y la calidad de la información».

Al inicio de la audiencia estuvieron presentes todos los ministros pero al rato abandonó el recinto Eugenio Zaffaroni, quien partió al aeropuerto internacional de Ezeiza por tener previsto un viaje a Alemania y también lo dejó antes del final la ministra Carmen Argibay.