La Unidad de Información Financiera realizó una presentación ante la Justicia en la que denunció a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, por el fraude fiscal producto de la apropiación de la fábrica durante la última dictadura.
«La masa de dinero que se acumuló de los bienes apropiados durante la última dictadura -en este caso Papel Prensa- daña ese bien protegido y les corresponde a los que están usufructuando esos bienes -Clarín y La Nación en este momento- ser acusados de autolavado o de lavado de dinero, y eso hemos hecho ayer en el juzgado del juez federal Julián Ercolini», aseguró este martes el titular de la UIF José Sbatella.
La acusación se fundamenta -agregó el funcionario- en que cuando se aprobó la ley de lavado de dinero en junio de 2011 se incorporó en el código penal un nuevo capítulo que establece que «se daña el orden económico y financiero cuando hay dinero que proviene de un hecho ilícito que no haya prescripto», en referencia al caso de Papel Prensa.
«En junio de 2011 cambió sustancialmente la situación legal del encuadramiento de los hechos por los cuales Papel Prensa pasa a ser propiedad de los tres diarios más importantes durante la dictadura», remarcó Sbatella.
Además, señaló que «pedimos el embargo de los bienes para proteger el eventual resultado del juicio» y que «si hay sentencia se habilita el decomiso de los bienes».
«Lo que pedimos en el ingreso como querellantes es que se protejan los bienes que están en discusión hasta que se expida la Justicia», agregó.
También detalló que la acusación «comprende a los dueños en ese momento de Clarín, como Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y de La Nación, Bartolomé Mitre, que se apropiaron de Papel Prensa, que era propiedad de la familia Graiver». «No es una cuestión menor que los bienes pasen de vuelta al Estado por lo menos en una primera instancia y luego verán si la familia los recupera o no en otro proceso judicial», destacó asimismo.
En tanto, Sbatella remarcó que el de Papel Prensa es uno de los «600 casos comprobados de situaciones de apropiación de bienes» y explicó que durante la última dictadura cívico militar «había un grupo que se ocupaba del decomiso de los bienes de los detenidos desaparecidos» y que «a nuestro entender esto se ha mostrado en dos o tres situaciones recientes, que financian la vida de prófugos de delitos de lesa humanidad».
Por último dijo que «en el escrito que presentamos al juez agregamos los antecedentes de cuatro situaciones internacionales donde hubo apropiación de bienes y Naciones Unidas se expidió diciendo que la apropiación de bienes en casos de delitos de lesa humanidad comprende la situación de recupero de los bienes».
Fuente: Radio Nacional
