Diputados del Movimiento Evita acusaron al gobernador Antonio Bonfatti de vetar 40 de los 57 artículos de la Ley de creación del Organismo de Investigaciones, aprobada en noviembre por unanimidad en ambas cámaras.
«Debemos señalar que si bien el texto base del proyecto era de autoría de nuestro bloque (firmado originalmente por los diputados Eduardo Toniolli y Gerardo Rico), el mismo recibió los aportes del Fiscal General y el Defensor General de la provincia, de académicos de la UNL y la UNR, y – en el marco del tratamiento legislativo – de diputados y senadores de todos los bloques, incluido el de diputados del Frente Progresista, que ofició de r con las propuestas y cambios que el Ejecutivo pudo introducir ampliamente, no habiéndose negado en ningún momento la mayoría parlamentaria opositora a tales requerimientos», reza un comunicado de prensa emitido por El Movimiento
«El veto “propositivo” del gobernador – eufemismo utilizado por el Poder Ejecutivo para abocarse a legislar, por fuera de toda prerrogativa constitucional – reescribe una buena parte de esos 40 artículos, desnaturalizando el espíritu de una Ley que apuntaba a desplazar a la policía santafesina de la investigación operativa de los delitos complejos, para que los fiscales del nuevo sistema de enjuiciamiento penal tuvieran este nuevo cuerpo bajo su mando para dichas tareas, no sólo como una posibilidad o “excepcionalmente” como pretende el Ejecutivo, sino como el mecanismo idóneo y reconocido normativamente para asistirlos en la investigación de los delitos cometidos por asociaciones ilícitas y/o por funcionarios públicos (incluidos los policiales y penitenciarios) en el desempeño de sus funciones», agrega el comunicado.
Referentes del Evita hicieron especial enfásis en el artículo 3 de la ley, referido a las competencias del organismo y el «veto total» del artículo 55, que derogaba “cualquier facultad de las fuerzas de seguridad dependientes del Poder Ejecutivo que expresa o implícitamente contraríen los fines de la presente Ley”.
De acuerdo a lo informado por el Movimiento, «el Ministro Lewis nada dijo sobre esto último en sus intervenciones públicas defendiendo el veto, y solo argumentó supuestas superposiciones entre el Instituto de Capacitación y Formación del Organismo de Investigaciones creado por medio de esta Ley, y organismos ya existentes en el marco del Ministerio Público de la Acusación. Esto es falso, en tanto el artículo 29 de la Ley aprobada por ambas cámaras, crea el citado Instituto y lo define como dependiente de la Escuela de Capacitación del Ministerio público de la Acusación, creada en su momento en el marco de la 13013».
«La verdad que esconde este veto no es de carácter técnico, sino de carácter político: el Poder Ejecutivo provincial sella de esta manera un pacto contrarreformista con la corporación policial, corporación poco afecta a que se le recorten prerrogativas que en muchas ocasiones terminan siendo verdaderas herramientas para la gestión del delito, en mano de quienes deberían prevenirlo y combatirlo. Ya habíamos denunciado ese pacto el mes pasado, cuando en ocasión de firmar el gobernador el decreto de aumento de haberes a los trabajadores de la fuerza, introdujo un artículo (el nº 9) en el que se le concede a la cúpula policial seguir manejando los ascensos, sin cupos y sin tribunales civiles tal como lo establece la Ley 12.521 promulgada en el año 2006, disposiciones que nunca fueron aplicadas por Binner, ni por Bonfatti», sentenciaron referentes del Evita.
Fuente: Prensa Movimiento Evita
